En su disposición adicional tercera se refiere expresamente a la desaparición forzada de niños y niñas de este modo: «El Gobierno de las Illes Balears, en colaboración con otras administraciones y organismos, examinará la desaparición forzada de niños y niñas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, impulsará los procedimientos legales que permitan investigar y conocer toda la verdad sobre estos delitos calificados por la Comisión de Naciones Unidas en su informe sobre personas desaparecidas como de lesa humanidad y dotará de cobertura jurídica, psicológica y asistencial a las víctimas.
La ley no solo obliga al Govern a buscar a los familiares de las víctimas, también les otorga el derecho a la asistencia jurídica, psicológica y asistencial en ese proceso, derecho que perderán tras la derogación. No es una cuestión baladí, ya que los bancos de ADN, por cuestiones de protección de datos, necesitan estar amparados por la legislación y tutelados por las autoridades.
Oficialmente hay 90 casos documentados de niños robados abiertos y sin resolver en Baleares, aunque la asociación de víctimas Origen advierte que la cifra es aún mayor. Calculan que son 300 los afectados. La dictadura franquista arrebató los niños a sus madres biológicas en un momento en el que la Falange tenía la capacidad de decidir cómo debían comportarse las mujeres, centradas en el cuidado de sus esposos y la crianza de los hijos. De hecho el primer caso documentado en España de este tipo de sustracciones se produjo en Baleares en el año 1977.
Los periodistas Santiago Muñoz y Sebastià Terrassa dieron cuenta de ese caso en un amplio reportaje que la revista Interviu que titulaba Mercado de bebés en Mallorca. Daba voz a una mujer soltera que se quedó embarazada. Su pareja, que no quería hacerse cargo del hijo, la envió a una comadrona en Binissalem que supervisaba un chalet en el que ella y otras jóvenes embarazadas eran sometidas a una reeducación con el claro objetivo de aplacar los instintos de la maternidad.
El reportaje de Interviu recoge la opinión del padre Roig como director de Cáritas sobre estos hechos. «Lo más importante es la vida del niño y la honrra del padre», dijo. Esta cita difiere mucho de lo que relató Santandreu sobre esos mismos hechos: «Me impactó mucho ver a todas aquellas chicas embarazadas en una especie de garaje donde eran cebadas únicamente con el objetivo de que tuvieran un bebé sano y hermoso y donde se mataba todo sentimiento materno».
En el año 2020, tras la aprobación de la Ley autonómica de Memòria Democrática, la Conselleria de Memòria Democràtica del Govern de las Islas Baleares anunció que buscaba la fórmula jurídica adecuada para poner en marcha en el plazo de un año un registro o banco de ADN con el que identificar y poner en contacto a las familias, pero el banco de ADN nunca ha llegado a ver la luz.
Según la asociación Orígenes en Baleares hay unos 300 casos de familias afectadas. Como a la joven veinteañera soltera y embarazada que vivió en la casa de los horrores, les dijeron que los bebés habían nacido muertos. Realmente fueron dados en adopción, sin el conocimiento o consentimiento de los progenitores, a otras familias que cumplían con el modelo de mujer del nacional catolicismo, acorde a la época.
Paloma Alcahuz es la presidenta de la asociación de víctimas, creada en 2011. Busca a su hermana gemela que presuntamente fue robada tras una cesárea que le practicaron a su madre. La familia pensaba que solo se había salvado una de las hermanas, hasta que la otra vio por televisión a su doble perfecta.
En 2019 el documental Nins Robats, de los periodistaas Aina Hurtado y Francesc Nadal recogió 16 testimonios, de madres, hermanas, profesionales e hijos adoptivos para dar visibilidad a esta historia legalmente silenciada.
La derogación de la Ley de Memòria desvanece la esperanza de los niños robados en Baleares que buscan a sus familias
