José Rodríguez Mulero, el Moleño, nació el 29 de agosto de 1896 en la aldea de La Muela. Vivía en el número 12 de la calle Cerrajero de Algodonales (Cádiz) con su esposa, Leonor Torralba Fernández, y tres hijos: Pedro, Miguel y María. Se ganaba la vida trabajando como cabrero y cultivando un pegujal de su propiedad. Leonor, a quien algunos llamaban María la Recovera, por su madre, también trabajaba en faenas agrícolas y de encaladora. José perteneció desde 1931 al centro obrero de Algodonales, primero como autónomo y luego como afiliado a UGT, y fue interventor del Frente Popular en las elecciones legislativas de febrero de 1936.
Algodonales es uno de los municipios gaditanos que fueron rápidamente controlados por la Guardia Civil, sin apenas resistencia, y José pasó todo el mes de agosto ocupado en las faenas de recolección en su pegujal, pero el inicio de la represión fascista lo atemorizó: «Cobró miedo aquí en el pueblo, pues cuando venía y se enteraba de que habían prendido a alguno, temía que también lo hicieran con él por haber sido interventor». Por eso el 6 de septiembre decidió irse a El Gastor, que aún estaba en manos de los republicanos, y desde allí una pareja de milicianos lo condujo a Los Villalones, en el término de Ronda. Leonor y los niños permanecieron en Algodonales mientras el avance de las tropas rebeldes –Ronda fue ocupada el 16 de septiembre– obligó a José a huir hacia el este. Sabemos que fue evacuado como refugiado a la provincia de Almería, que trabajó un año en la construcción de refugios en Valencia y que vivió los últimos dieciséis meses de la guerra en Villarrobledo, en la provincia de Albacete, donde trabajó de ganadero en una finca colectivizada. En algún momento debió de temer que su familia podía haber sido asesinada en Algodonales. Al menos eso es lo que le contó a Cayetana Martínez, la villarrobletana que, por disposición del comité, le lavaba la ropa los días que iba al pueblo para descansar y mudarse.
Regresó a Algodonales el 13 de de abril de 1939 con un salvoconducto expedido por la Falange y el Ayuntamiento franquista de Villarrobledo. Durante dos meses estuvo libre, con la obligación de presentarse por las noches en el cuartel de la Guardia Civil, pero el comandante de puesto decidió ingresarlo en el depósito municipal el 23 de julio. El hecho de haber sido interventor en las elecciones de 1936 dio pie a la apertura de un procedimiento sumarísimo de urgencia y los Servicios de Justicia de Cádiz asignaron el expediente al juez instructor nº 10, Santiago Sotomayor Domínguez, que antes de ser habilitado como alférez del cuerpo jurídico militar había sido juez municipal y jefe del Requeté de Algodonales.
Las valoraciones que las autoridades locales hicieron de la actividad política de José eran dispares. Mientras la Guardia Civil lo etiquetaba de «extrema izquierda» y propagador de sus ideas, el informe del Ayuntamiento indicaba que «no se le vio ejercer activamente en política» y que siempre observó buena conducta moral. A mitad de camino estuvieron las declaraciones de algunos vecinos que admitían que era un hombre de izquierdas, pero no creían que se hubiese opuesto al golpe. Como el labrador Antonio Rico Sánchez, que decía que tenía un concepto «francamente bueno» de él, a pesar de que consideraba que había sido «persona influyente en la política», pues «en cuantas huelgas se desarrollaban él era el que iba por los campos levantando las manos a los ganaderos». Nadie lo creía capaz de haber formado parte de los grupos de izquierdistas que en julio de 1936 recorrieron las casas de campo de Algodonales y Zahara para incautarse de armas. En todo caso, como decía Gonzalo Cortés, «únicamente de lengua para unirse a los de su ralea con predicaciones falsas».
La instrucción habría quedado concluida rápidamente si no fuese por el informe de la Guardia Civil de Villarrobledo, que indicaba que José había sido sargento de milicias y lo suponía autor de detenciones y asesinatos cometidos en aquella ciudad durante el «dominio rojo». Como prueba adjuntaba la fotografía de un grupo de milicianos en la que supuestamente aparecía José. Se trataba de un error. Lo habían confundido con otro, pero Sotomayor vio claro que no era el mismo. Desde Villarrobledo también llegaron declaraciones de Cayetana Martínez y de Daniel Sevilla, el encargado del ganado de la colectividad, a quienes José había propuesto para que testificasen sobre su conducta. Ninguno de ellos sabía nada de las actividades políticas que hubiese podido tener, pero la mujer dijo en su favor que solía ir a fumar con su marido, que había desertado del ejército republicano y estaba escondido en el domicilio familiar.
Basándose en esos testimonios y en el informe del Ayuntamiento algodonaleño, el juez Sotomayor dictaminó que José Rodríguez nunca había revelado «peligrosidad social» y el 23 de septiembre lo puso en libertad provisional con la obligación de presentarse en el juzgado cada dos días. Pero un nuevo informe de la Guardia Civil de Villarrobledo volvió a incidir en la confusión de identidad: ratificó que el Moleño era el miliciano de la foto, el cual se había presentado en Villarrobledo haciéndose llamar José Barragán, Joseíllo, diciendo que era de Marmolejo (Jaén) y acompañado por su mujer y una hija, llamadas Alfonsa e Inés respectivamente. Eso obligó al instructor a solicitar la declaración de quienes conocieron personalmente al tal Joseíllo y mostrarles una fotografía de José Rodríguez Mulero. Y los villarrobletanos coincidieron en que no era el mismo.
Sotomayor creyó suficientemente aclarada la confusión de identidades. También estaba convencido de que no había cometido ningún hecho delictivo y de que, aunque fuese de izquierdas, no se le podía reprobar nada. Por eso propuso el sobreseimiento de la causa cuando el 22 de febrero de 1940 redactó el auto-resumen que daba por finalizada la instrucción sumarial. Pero el Consejo de Guerra de Cádiz no quiso dejar cabos sueltos y le devolvió el expediente para que no quedase el menor resquicio de duda acerca de que José el Moleño y el Joseíllo de Marmolejo no eran la misma persona. Hubo que acreditar que la compañera de José no se llamaba Alfonsa ni la conocían por ese nombre, que su hija no se llamaba Inés y que ambas residieron en Algodonales mientras él estuvo huido en la zona republicana. Y para eso hubo que solicitar un informe a la Guardia Civil y tomar declaración a Leonor, a su hija María, que entonces tenía once años, y a cuatro vecinos de Algodonales con quienes la mujer trabajó mientras su compañero estuvo huido. Solo después de practicar esas diligencias consideró el auditor de guerra que no estaba probada la comisión de hechos constitutivos de delito y que se podría decretar el sobreseimiento de la causa. Eso fue en noviembre de 1940, un año y medio después de que José volviese de Villarrobledo