El abogado Eduardo Ranz denunció en febrero a 38 alcaldes por un supuesto delito de desobediencia por vulnerar la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las Administraciones a retirar la simbología de la dictadura.
http://www.publico.es/politica/alcaldesa-caceres-pide-vecinos-retiren.html
El Ayuntamiento de Cáceres, gobernado con mayoría absoluta por Elena Nevado (Partido Popular), ha instado a los propietarios de los edificios que conservan simbología franquista a retirar estos vestigios de sus fachadas en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. El Ayuntamiento también ha propuesto que, cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas, se elabore un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura, para su conservación.
Así se desprende del acuerdo alcanzado el pasado 12 de marzo por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cáceres, al que ha tenido acceso Público, que no determina el plazo del que disponen los vecinos para retirar los escudos franquistas aunque sí señala que será “un plazo razonable”.
“El Ayuntamiento de Cáceres ha sido el primero en dar una respuesta favorable, aunque algo volátil, a nuestra denuncia”, señala a este periódico el abogado Eduardo Ranz, que califica esta decisión como “muy positiva” aunque también muestra prudencia ya que aún “queda por concretar el plazo que tienen las comunidades de vecinos para que cumplan la orden”.
Queja no admitida en el Defensor del Pueblo
Las denuncias del abogado estuvieron acompañadas de una queja formulada ante el Defensor del Pueblo en la que informaba de la presencia de al menos sesenta vestigios de la Guerra Civil y la dictadura en los 38 municipios denunciados. Sin embargo, la queja no ha sido admitida a trámite debido a defectos de forma.
No obstante, la respuesta del Defensor del Pueblo considera “valiosa” la “pormenorizada reseña de más de sesenta vestigios” y estudiará la posibilidad de remitirla de oficio a la Comisión Técnica de Expertos de la Ley de la Memoria Histórica.
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Los simbolos franquistas siguen en el edificio de CC.OO., UGT y de la Federación Empresarial Cacereña.
► El Gobierno ya recibió una denuncia por el símbolo franquista hace dos años.
► La queja la presentó un particular y el Ministerio de Empleo, dueño del edificio sindical, aseguró que tenía prevista la eliminación del grabado.
Hoy.es | J. J. González | Cáceres | 16-3-2015
No es la primera vez que el Ministerio de Empleo recibe una reclamación para que limpie su edificio de la avenida Primo de Rivera de vestigios del franquismo y de la organización sindical de la época de la Dictadura. El Ayuntamiento ha aprobado instar al propietario del inmueble a la retirada de estos símbolos tras haber sido denunciado por un abogado madrileño junto con otros 37 municipios del país. Sin embargo, el Ministerio de Empleo ya había recibido este mismo encargo hace dos años a raíz de la denuncia de un particular, que tramitó su queja ante la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.
El Ayuntamiento aprobó en la Junta de Gobierno Local del pasado día 6 dirigirse al propietario del edificio de la avenida Primo de Rivera número 9 para que retire el escudo con el yugo y la flecha que hay en la fachada principal, en la última planta, aunque también es símbolo franquista el grabado que hay en la fachada lateral, que da a la calle Ciriaco Benavente, donde se puede ver un grabado de enormes proporciones con la espiga, el martillo y la palma, que era el anagrama de la antigua organización sindical del régimen franquista.
El Ayuntamiento toma esta decisión tras el requerimiento que le hace el abogado madrileño Eduardo Ranz, quien manifiesta a esta periódico su satisfacción por la iniciativa municipal, aunque todavía no ha recibido contestación oficial del Consistorio. «Lo valoro positivamente porque por lo menos se han tomado la molestia de encomendar la retirada de los símbolos», señaló a este periódico.
El propietario del edificio es la Administración General del Estado, a cuyo patrimonio ha pasado, como antigua sede del Ministerio de Trabajo, ahora de Empleo. El inmueble forma parte del patrimonio sindical acumulado, al haber sido sede de la organización sindical de la época franquista. Por ello, en la fachada lateral está el anagrama de los sindicatos verticales, además del escudo de la Falange ubicado en la fachada principal, a la altura de la última planta.
Además del requerimiento que le llegará del Ayuntamiento, el Ministerio de Trabajo ya recibió una queja o denuncia de un particular hace ahora casi dos años, en el mes de abril de 2013. La presentó ante la Subdelegación del Gobierno en Cáceres y la contestación se recibió el 30 de abril de 2013.
El denunciante basaba su requerimiento, el igual que el abogado madrileño en sus demandas judiciales, en las exigencias contenidas en el Ley de Memoria Histórica, que determinan la responsabilidad de las administraciones públicas en la erradicación de los vestigios del franquismo.
La administración central explicaba que había hecho los estudios necesarios «para determinar la forma más adecuada» que permita cumplir el mandato de la Ley de Memoria Histórica. Hacía referencia a que se trata de un edificio, singular, con nivel de protección ‘estructural’, lo que permite hacer obras en el mismo, pero con medidas que garanticen el respeto a las características que motivaron la protección.
«La singularidad del edificio requiere actuar sobre el conjunto de la fachada y no solo en la parte afectada por los escudos para conseguir el resultado pretendido», según la respuesta que hizo llegar a la Subdelegación del Gobierno el Ministerio de Empleo, que se remitía a las «disponibilidades presupuestarias» para poder decidir el momento de la intervención en el edificio de Cáceres.
EDIFICIO SINDICAL
Ubicación. El edificio, construido en 1960, tiene su fachada principal en la avenida Primo de Rivera y forma una manzana entre esta avenida y las calles Ciriaco Benavente y Obispo Segura Sáez.
Propietario. Fue sede de la organización sindical del franquismo y del Ministerio de Trabajo. Ha pasado a ser patrimonio de la Administración General del Estado. Acumulado y su uso está cedido a los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y a la Federación Empresarial Cacereña.
Edificio protegido. El edificio está en el catálogo de bienes protegidos recogido en el Plan General Municipal (PGM), con un nivel de protección estructural, que limita las obras o reformas. No se puede derribar sino tan sólo conservar, consolidar o rehabilitar. Se pueden permitir obras, pero que no supongan «riesgo de pérdida o daños de las características que motivaron la protección». Debe mantenerse la fachada y otros elementos, aunque «podrán modificarse justificadamente en lo necesario al uso». Se considera «exponente de la arquitectura administrativa de la época, concebido en un entorno donde la escala lo convertía en hito destacado con respecto a la construcciones aledañas».
http://www.hoy.es/caceres/201503/16/gobierno-recibio-denuncia-simbolo-20150316001224-v.html
