Hace un año, José Miguel Ruiz de Molina no tenía despacho propio en la Fiscalía de Cádiz y aún se perdía en el laberinto de pasillos de la Audiencia Provincial. Hoy ocupa una estancia con vistas a la Cuesta de las Calesas, presidida por un cuadro de Nueva York y coronada por un montón de expedientes apilados en su mesa, entre los que descansa un libro clave para una investigación en marcha.

El fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos de Cádiz se mueve ahora con convicción por esta sede judicial, aunque admite que el camino no ha sido sencillo. “Me he encontrado con un muro de burocracia y de silencio institucional”, protesta. La tarea ha sido lenta, pero no ha mermado su ánimo, ni siquiera en un clima político crispado que ha convertido la memoria en un campo de batalla. “La memoria histórica no es hacer política, es hacer justicia para las víctimas”.

En estos meses ha abierto expedientes civiles para reparar la memoria de represaliados, ha iniciado diligencias en casos de fosas y ha investigado denuncias tan estremecedoras como las de bebés robados. Pero nada fluye con la rapidez que desea. “He tenido que oficiar tres veces, cuatro veces, y al final llamar por teléfono para recordar que un fiscal es una autoridad y que hay que colaborar. A veces lo único que he recibido es silencio por respuesta”, lamenta. Los mayores obstáculos han aparecido en registros civiles, ayuntamientos y, sobre todo, en el archivo territorial militar con sede en Sevilla: “Ahí están las sentencias injustas contra las víctimas, y cuesta horrores que nos las entreguen”.

Reconoce que aún tiene que darse a conocer. Pese a que la ley obliga a notificarle el hallazgo de fosas, en los últimos meses se ha enterado por Facebook de tres exhumaciones en la provincia: San Roque, El Gastor y una pedanía de Jimena. “Ni los familiares sabían que yo había conocido estos casos en redes sociales. Es absolutamente sorprendente”, relata con indignación.

Aun así, ha puesto en marcha la maquinaria judicial: informes de historiadores, análisis de ADN en el laboratorio de la Universidad de Granada, entrevistas con familiares y la posibilidad de abrir querellas simbólicas que, aunque no sienten a nadie en el banquillo, permitan cerrar duelos con un relato judicial. “El derecho a la investigación y el derecho a saber forman parte de la reparación”, explica.

En este tiempo ha escuchado testimonios de familiares que solo reclaman verdad y reconocimiento. “Nadie espera una indemnización económica, nadie busca venganza. Lo único que piden estas personas es ser escuchadas y que se dignifique la memoria de quienes fueron denostados, perseguidos y silenciados”.

Entre los casos más singulares figura el de un marino gaditano atrapado en Rusia tras la caída de la República. Él y su tripulación pasaron 17 años en campos de concentración soviéticos, explotados como mano de obra esclava. “Fue un limbo de sufrimiento y olvido. Ahora la Fiscalía puede reparar su memoria gracias al testimonio recogido en un libro y en los recuerdos de sus descendientes”. Ese libro se llama También se vive muriendo y está escrito por Pitusa Sánchez-Ferragut, hija del oficial de la marina mercante Ramón Sánchez-Ferragut.

El fiscal insiste en que su misión no es reabrir heridas ni dividir, sino garantizar que los descendientes de las víctimas tengan un relato con valor judicial. “Lo primero es que los familiares no se hallen en soledad. Que puedan cerrar su duelo con un expediente, con pruebas, con una resolución que reconozca lo ocurrido”. El problema, admite, es la falta de implicación administrativa: “En algunos casos roza la desidia absoluta”, denuncia. Y advierte: “La Fiscalía está ahí y no va a dejar pasar lo que la ley ordena”.

No estamos hablando de partidos ni de ideologías, sino de personas que fueron víctimas de humillaciones, deportaciones, internamientos y trabajos forzados. La Fiscalía no tiene componente político: nuestro trabajo es cumplir la ley y reparar la dignidad arrebatada

Su trabajo también lo ha situado en medio de uno de los debates más espinosos de la memoria democrática en Cádiz: los cambios de nombre en espacios públicos: el antiguo puente José León de Carranza (en alusión al alcalde que promovió esta infraestructura inaugura en 1969), que previsiblemente se llamará Rafael Alberti; y, sobre todo, el estadio donde juega el Cádiz, cuyo club de fútbol pretendía recuperar el apellido de Carranza (por Ramón de Carranza, padre de José León), después de que el anterior gobierno de José María González ‘Kichi’ lo cambiara por el de Nuevo Mirandilla. “La Fiscalía estará vigilante para que se cumpla la ley. Si no se cumple, podemos apoyar a las asociaciones que interpongan demandas y estudiar con rigor las alegaciones de todas las partes. No se trata de polémicas políticas, sino de respeto a la memoria y de cumplir lo que dicta la normativa”.

En un clima en el que hablar de memoria sigue levantando trincheras, Ruiz de Molina lanza un mensaje nítido: “No estamos hablando de partidos ni de ideologías, sino de personas que fueron víctimas de humillaciones, deportaciones, internamientos y trabajos forzados. La Fiscalía no tiene componente político: nuestro trabajo es cumplir la ley y reparar la dignidad arrebatada”.

De cara al futuro, su objetivo es claro: más colaboración institucional, más cercanía con asociaciones y familiares, y abrir por fin la vertiente de Derechos Humanos que hasta ahora no ha podido desarrollar. Por ejemplo, denuncias sobre el sufrimiento del pueblo palestino, que se derivarían a la investigación emprendida por Dolores Delgado, o ataques racistas u homófobos, que irían destinadas a los especialistas en delitos de odio y discriminación.

José Miguel Ruiz de Molina ve en el silencio, muchas veces impuesto, la derrota de las víctimas, de ahí que quiera visibilizar su trabajo para terminar darles la voz que reclaman. “Que ninguna víctima tenga que cargar callada con una historia rota. La sociedad debe entender que la memoria no divide, sino que dignifica”.

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