Este viernes 25 de julio, la Asociación Memorialista Gaditana ha presentado un escrito ante la Fiscalía Provincial de Cádiz denunciando la presencia de una bandera franquista en el número 8 de la calle Acacias, en el barrio de Bahía Blanca.

El símbolo ondea desde hace días en la azotea de un edificio visible desde la vía pública, a escasos metros de la Oficina de Trabajo y la Oficina de Extranjería del Gobierno central.

La denuncia ciudadana sobre la presencia de una bandera franquista ondeando en la calle Acacias de Cádiz fue publicada por Cádiz Directo el pasado 18 de julio, tras la alerta enviada por un lector que identificó el símbolo en la azotea de un edificio del barrio de Bahía Blanca. Ahora, la Asociación Memorialista Gaditana pide a la Fiscalía que intervenga.

“La bandera franquista es un símbolo antidemocrático de una dictadura genocida que causó 40 años de dolor y muerte tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936 contra la democracia republicana”, afirma el escrito presentado por la Asociación. “Además de vulnerar la legislación en materia de memoria, atenta contra la dignidad de las miles de víctimas del franquismo al hacer alarde de terribles e incontables vejaciones de derechos humanos”, continúa.

El documento recuerda que los libros del cementerio de Cádiz registran, día a día, desde el 21 de julio de 1936, los enterramientos de personas asesinadas durante la ocupación de la ciudad y la represión posterior. En total, más de 700 víctimas, de las cuales 512 fueron enterradas entre julio de 1936 y diciembre de 1944.

“Es inaceptable que en 2025 una ciudad como Cádiz tolere la exhibición impune de símbolos que representan el horror y la violencia contra la población civil”, denuncia la Asociación. “Nos encontramos ante un caso flagrante de exaltación de la dictadura en un espacio con clara proyección pública, y exigimos que las instituciones actúen conforme a la ley”.

En su escrito, el colectivo cita tanto la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que establece sanciones económicas de entre 2.000 y 10.000 euros para quienes mantengan elementos contrarios a dicha memoria, como la Ley estatal 20/2022 de Memoria Democrática. Esta última señala en su artículo 35 que deben ser retirados “los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática […] en edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualquier otro elemento que exalte la sublevación militar, la dictadura o sus dirigentes, tanto en edificios públicos como privados, siempre que tengan proyección en un espacio público”.

No obstante, el caso presenta matices legales. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno señalan que, al tratarse de un edificio de titularidad privada y no estar situado junto a un colegio o lugar considerado, digamos, sensible, no les corresponde actuar. En su lugar, indican que la competencia recae en el Ayuntamiento de Cádiz. Este medio ha realizado varias preguntas al Consistorio desde la aparición de la bandera, sin obtener respuesta hasta la fecha.

La Asociación Memorialista considera especialmente grave que la bandera permanezca izada en un barrio marcado por otra tragedia histórica: la explosión del 18 de agosto de 1947, cuyas víctimas —afirman— “aún esperan un reconocimiento digno”. Según los datos oficiales, más de 150 personas murieron, entre ellas 25 trabajadores de astilleros, y unas 5000 resultaron heridas.

“Desgraciadamente, todavía hoy no hay un monumento que recoja todos los nombres de los fallecidos. En su lugar hay un pequeño monolito que ignora a tantas víctimas gaditanas”, denuncia el colectivo.

Mientras tanto, la bandera sigue ondeando en Bahía Blanca. Y con ella, el silencio.