La Plataforma Gambogaz documenta el expolio y busca la “remisión al patrimonio público” de la finca, en manos de los herederos del general golpista, instando al Gobierno a llevar el caso ante los tribunales
El pueblo contra Queipo. La lucha ciudadana para recuperar el Pazo de Meirás andaluz, da un paso más: la Plataforma Gambogaz exige al Estado que investigue la “oscura operación” con la que el militar golpista Gonzalo Queipo de Llano “saqueó” y se apropió de un cortijo a las puertas de Sevilla. Los colectivos dicen tener constancia documental del expolio y buscan la “remisión al patrimonio público” de la finca.
La Plataforma Gambogaz, creada por asociaciones memorialistas, suma “numerosas pruebas del fraude” y la compra “simulada” del cortijo Gambogaz por parte del general franquista. El colectivo va a registrar una petición oficial a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España –el lunes 13 de mayo en la Delegación de Gobierno de Andalucía– con el resultado de las investigaciones y el objetivo de “plantear ante los tribunales de justicia” la recuperación de la hacienda, hoy en manos de los herederos de Queipo.
El cortijo Gambogaz era una de las mejores tierras agrícolas de la región. Un caramelo que el franquista mangó con una compraventa ejecutada en 1937 con “artimañas” y “falsificaciones”. Una finca en la que Queipo usó trabajo esclavo, que su familia ha ido vendiendo a trozos, que gestionó a través de un entramado societario que derivó en la actual Fundación Pro Infancia sin actividad durante años para atender a la “infancia desvalida” y que disfruta de tierras de arrozal por “salvar” Sevilla del “dominio rojo”, como ha ido desvelando elDiario.es Andalucía.
Andalucía suma un tercio de la represión franquista en toda España, con 50.000 asesinados y 900 fosas comunes, según los datos actualizados por el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP), como contó este periódico. La cifra, que supera al terrorismo de Estado en las dictaduras de Argentina y Chile juntas, escenifica cómo el genocida Queipo “utilizó el poder omnímodo del que dispuso” para “amasar una sanguinolenta fortuna que legó a sus herederos” tras “sembrar el terror y el luto” en suelo andaluz, según la Plataforma Gambogaz.
Queipo “no pagó”
“El general no pagó al dueño del cortijo, ni al Banco de España que mantenía una hipoteca, ni los créditos que contrajo, ni a la Fundación Agraria cuando se apoderó irregularmente de sus bienes, ni por supuesto los impuestos correspondientes”, resume la Plataforma Gambogaz. Un extremo que el colectivo demuestra “documentalmente”.
La Plataforma Gambogaz entregará los “hallazgos” a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España. El registro de la “petición oficial” sirve para “exigir un compromiso para que los recursos del Estado dispongan una investigación oficial sobre aquella oscura operación que terminó con la propiedad de dicha finca en manos del genocida Queipo y actualmente de sus herederos”.
La investigación detalla “numerosas pruebas del fraude y el saqueo consentido” en la época, insisten. En las pesquisas para poner luz a la “operación urdida” por Queipo “con la complicidad de notarios, banqueros y autoridades franquistas” han participado “historiadores, investigadores e integrantes del movimiento memorialista en Sevilla”.
Las pruebas “han llegado a un punto en el que resulta evidente” la apropiación del cortijo “mediante operaciones simuladas, vulgares artimañas, groseras falsificaciones y flagrantes irregularidades”, continúa el colectivo en un comunicado. A las indagaciones y denuncias públicas realizadas durante años “se han sumado los estudios y las investigaciones de otros historiadores” como Paul Preston, Antonio Martín y José María García Márquez, enumeran.
Recuperar el Meirás andaluz
El dossier que el colectivo memorialista andaluz entregará al Gobierno de España “demuestra más allá de cualquier duda razonable que la apropiación del cortijo por parte del general constituyó un saqueo de patrimonios públicos y privados”. Y que, inciden, “existen suficientes elementos” como para “proceder a la adopción de medidas por parte de la Administración” que conduzcan “a plantear ante los tribunales de justicia la remisión al patrimonio público del cortijo Gambogaz”.
“Como ocurrió con Meirás”, avanzan, “el expolio de Gambogaz merece una atención especial” por parte del Estado español. Una finca que, al hilo de las investigaciones, vivió la comisión de graves violaciones de los derechos humanos: “Desde que se apropió de Gambogaz hasta su muerte el cortijo fue un campo de concentración en el que se utilizó abundante mano de obra esclava”, subrayan.
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Entre las pruebas está un documento inédito que revela el apoyo financiero a Queipo para explotar la finca que usó esclavos del franquismo. O la ruta para saquear Gambogaz, con una hipoteca en el limbo y una roncha, y cómo compró la finca ‘en diferido’ con dinero del Banco de España. La sociedad civil ha realizado diversas marchas denunciando la situación e incluso una ocupación simbólica del cortijo por parte de jornaleros del campo.
“Queipo utilizó el poder omnímodo del que dispuso, tras sembrar el terror y el luto por Andalucía, para amasar una sanguinolenta fortuna que legó a sus herederos”, indican. “A estas alturas de la investigación conocemos con detalle los pormenores del proceso que duró más de diez años y que culminó con la ominosa apropiación de Gambogaz por parte del general golpista”, plantean.
