Hace medio siglo que un grupo de jóvenes capitanes, denominado Movimento das Forças Armadas (MFA), protagonizaron con sorprendente audacia un golpe terminal a la dictadura portuguesa. La población desobedeció el toque de queda y, con no menos osadía, convirtió la acción militar en Revolución fraternal por las libertades democráticas. Mientras tanto, en la España franquista, algunos jóvenes oficiales demócratas —Busquets, Otero, G. Reinlein, Ibarra, Fortes, Consuegra, Delgado, Valero, Tejero…— soñaron aquel 25 de abril de 1974 con la utopía de un ejército que abandonara su papel de guardián de la dictadura y acompañara la recuperación de la democracia. Animados por este ideal, al final de aquel verano fundaron la Unión Militar Democrática (UMD).

Este 25 de abril, con ocasión del 50 aniversario, participo en el desfile ciudadano que recorre la Avenida da Liberdade de Lisboa, siguiendo la estela de un blindado como el que, al mando del capitán Salgueiro Maia, custodió la detención del primer ministro Caetano ante la mirada asombrada de la multitud a su paso por Largo do Carmo. El desfile es una manifestación popular que, año tras año, lucha por mantener viva la esencia reivindicativa de la concentración festiva y, al mismo tiempo, pugna por defenderse de la domesticación oficialista que siempre acecha. Las asociaciones profesionales de militares portugueses acuden a la cita, este año marchando junto con sus compañeros de la federación europea (EUROMIL), para hacer evidente la paradoja de que la democracia, de la que son símbolo, sigue esperando a la puerta de los cuarteles.

La transición democrática de Portugal fue un proceso convulso de agitación, alternativas enfrentadas y movilización ciudadana por parte de una sociedad amordazada durante décadas. Fracasado el llamado Proceso Revolucionario En Curso (PREC), el sistema político no se consolida hasta 1982, mediante la reforma constitucional de homologación con las democracias occidentales. Los militares, con la vuelta a los cuarteles, perdieron no solo su controvertido y extemporáneo protagonismo político, sino el propio derecho de participación política, que conllevó la sujeción a un estatuto restringido de ciudadanía. La relación entre el 25 de abril y la cultura militar portuguesa es compleja: asunción institucional de sus valores, pero cautela y prevención ante las divisiones internas.

En la España del tardofranquismo, los fundadores de la UMD eran conscientes de que, a pesar de las apariencias formales, existían profundas diferencias de fondo entre los procesos políticos español y portugués. Por ello, nunca se plantearon una intervención armada, que consideraban contraproducente y lejos de sus pretensiones organizativas. El Ideario de la UMD, documento programático de captación, dejaba claros los objetivos de la organización: aspiración a una democracia de corte occidental. Su labor era concienciar a sus compañeros sobre el papel asignado por la dictadura a las Fuerzas Armadas y la necesidad del cambio político. Se propusieron frenar la involución, hacer proselitismo democrático y dar confianza a la oposición. Tal como habían anunciado, al celebrarse las primeras elecciones libres en junio de 1977, acordaron su disolución en asamblea. Ante los hechos, no caben juicios sobre sus intenciones.

La UMD había desempeñado un papel de gran importancia cualitativa en la generación de las condiciones del proceso de Transición política en España. La existencia de la organización militar antifranquista, y la incertidumbre sobre la extensión real del movimiento en las filas militares, rompieron el monolitismo ideológico, generaron dudas a los mandos y abrieron un horizonte de esperanza a la oposición democrática. Así se deduce de los testimonios personales de la época y consta en informes oficiales, como el elaborado por el Estado Mayor Central en 1976, aunque poco de esto se recoja en la historiografía canónica de la transición.

Una vez fallecido el dictador a finales de 1975, los planes de ruptura democrática con el régimen franquista se transforman en reformistas. La transición evoluciona entonces hacia una transacción entre el gobierno de la monarquía renovado y los líderes de la oposición democrática. En este contexto, los militares de la UMD dejan de ser útiles para convertirse en incómodos testigos de una fase superada. El ejército, en ejercicio de su autonomía institucional, somete a los detenidos de la UMD a un juicio interno sin garantías, en el que se permite rechazar la defensa jurídica y asignar a los procesados defensores militares de los servicios de inteligencia. El resultado es la condena infundada de conspiración para la rebelión militar, que surte los efectos esperados de aviso a navegantes.

En aquel temprano momento, ahora vemos que la suerte estaba ya echada para los militares condenados. En efecto, las primeras medidas legales de amnistía, exigidas por el proceso de reforma política, confirman la exclusión del servicio activo, situación que, mostrando la verdadera correlación de fuerzas entre el poder legislativo y el poder militar de la época, será avalada un año después por la Ley de amnistía, aprobada por las Cortes Generales con la previa marginación de los militares represaliados. Los diputados son forzados a plegarse a los generales, tras la amenaza de dimisión del general Gutiérrez Mellado.

Los militares demócratas tienen que colgar el uniforme para desempeñar los más diversos oficios «alimenticios». El primer gobierno socialista, negociado ya el apaciguamiento castrense, decide mantener el sacrificio de los militares de la UMD en aras de la buena marcha de las reformas militares. En este asunto, se observan distintas sensibilidades en los dirigentes socialistas: la visión pragmática de Felipe González, la comprometida de Alfonso Guerra y la escéptica de Narcís Serra. El ministro de Defensa llega a afirmar sin escrúpulos que no le había dedicado ni media hora al asunto y, en último término, responsabiliza a los propios expulsados por haberse saltado la disciplina militar del franquismo (sic).

Es verdad que el PSOE llevaba en su programa electoral reintegrar al servicio a los militares de la UMD, pero se desconocía que no sentían urgencia alguna en resolver la cuestión. En la segunda legislatura, el vicepresidente Guerra consigue comprometer al gobierno con la promulgación de la Ley de rehabilitación de militares profesionales (1986). La norma, al tiempo que una década después devuelve formalmente la condición militar y actualiza los empleos de los expulsados, supone también la amortización definitiva para el servicio activo de los militares demócratas rehabilitados, puesto que, como pudo comprobarse por los que lo pretendieron —coroneles Otero y Fortes, y teniente coronel Valero—, no tenía intención alguna de que volvieran a desempeñar destinos.

Cabe preguntarse si, al margen del reconocimiento oficial al compromiso de estas personas, la UMD, como colectivo representativo del fenómeno de los militares demócratas en la transición, ha servido al poder público para hacer pedagogía democrática en las fuerzas armadas

En este punto, la historia de la UMD, aparcada por imperativo de la coyuntura política, entra en un túnel de silencio, del que no saldrá hasta el comienzo de siglo, en que regresa del olvido con dos intentos de reconocimiento parlamentario frustrados: en 2002, con el Partido Popular, y en 2005, con el Partido Socialista, que no prosperan por el veto expreso de los respectivos ministros de Defensa: Federico Trillo y José Bono. El tercer intento, fruto de una enmienda transaccional que insta al reconocimiento de la UMD, se cumple por el gobierno Zapatero mediante la Declaración Institucional de 4 de diciembre de 2009.

Dos meses después, la ministra de Defensa, Carme Chacón, impone cruces al mérito militar y aeronáutico, según el arma de procedencia, a los catorce miembros de la UMD procesados por la justicia militar. Recientemente, en otra reparación largamente esperada, el coronel Busquets ha recibido a título póstumo la Cruz del Mérito Militar y en Barcelona el ayuntamiento de su ciudad le ha dedicado una plaza, situada enfrente de una instalación militar, como fundador de la UMD. En la actualidad, los antiguos miembros de la organización militar antifranquista y sus familias sienten que, aunque de forma tardía y por un camino ciertamente tortuoso, la deuda de honor pendiente con los militares demócratas de primera hora ha sido cumplida.

En su dimensión colectiva de memoria democrática, lamentablemente sometida a la polarización política, cabe preguntarse si, al margen del reconocimiento oficial al compromiso de estas personas, la UMD, como colectivo representativo del fenómeno de los militares demócratas en la transición, ha servido al poder público para hacer pedagogía democrática en las fuerzas armadas, como sería esperable al tratarse de unos militares que se anticiparon (y allanaron el camino) en la aceptación corporativa del pluralismo político. En este sentido, la demora en la rehabilitación profesional dejó a este grupo marcado por reproches de politización, impidiendo así su valiosa contribución al proceso de integración de los valores militares en la democracia española, incompleto y demorado en el tiempo.

Los aniversarios que coinciden con números redondos, como este quincuagésimo, constituyen una ocasión propicia —una percha en el argot de los medios de comunicación— para la difusión de hechos históricos. La historia de la UMD es desconocida por la sociedad y un expediente prácticamente inédito de nuestra historiografía. Por ello, desde la Asociación-Foro Milicia y Democracia (FMD), dedicada a defender los valores democráticos en las fuerzas armadas, nos proponemos aprovechar este 50.º aniversario para actualizar su historia. En nuestro empeño, no podremos contar con financiación pública de ninguna clase, al haberse rechazado el proyecto de documental en TVE y no haberse obtenido subvención económica alguna de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, lo que limitará mucho las expectativas de difusión general.