Una plataforma ciudadana de Carabanchel solicita a Interior la apertura de un centro de memoria para recuperar la historia de la cárcel del barrio madrileño construida por presos franquistas, que estaba siendo usada como Centro de Internamiento de Extranjeros.
La Plataforma Ciudadana por el Centro de Memoria de Carabanchel (PCCMC) escribió, y envió por correo certificado el 22 de mayo, una carta a Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, para solicitar una entrevista con el objetivo de tratar la construcción de un centro de memoria en los terrenos de la antigua cárcel. Hace un año ya enviaron la misma petición, que fue ignorada por el ministro. El terreno y el edificio son propiedad de Interior y desde la plataforma señalan que lo que piden “es perfectamente compatible con la normativa urbanística municipal vigente en los terrenos, por lo que su viabilidad solo depende del ministerio”.
La principal razón para repetir la jugada es que en esta ocasión, el que fuera el hospital penitenciario de la cárcel, único edificio en pie tras el derrumbe en 2007, ahora está vacío y sin uso. Antes de la pandemia albergaba un Centro de Internamiento para Extranjeros, el conocido como CIE de Aluche.
“Yo pasé casi un año en la cárcel. Entré en el 70, ya no eran los años más siniestros de la posguerra, donde la gente moría de hambre, palizas o frío. Creamos la organización ‘La Comuna’, porque precisamente era el sistema que adoptamos para compartir las cosas que teníamos, comida o libros, y darnos apoyo mutuo”
La lucha que mueve a la plataforma atraviesa el pasado, presente y futuro de nuestra historia a través de un edificio: Un edificio que se reconvierte en CIE en junio de 2005 y que fue vaciado el pasado mes de marzo tras una orden de la Comisaría General de Extranjería y la Secretaría de Estado de Migraciones, ante la imposibilidad de la expulsión de las personas encerradas en sus instalaciones. “Estamos totalmente en contra de estos centros, aunque no es el objetivo de nuestra asociación, apoyamos a las que están trabajando por su cierre. Se han vaciado estos centros y no ha habido ningún aumento de la delincuencia, creemos que puede ser el momento para que se estudie darle otro uso al espacio”, señalan desde la plataforma.
La cárcel de Carabanchel fue destruida en 2008 por orden del PSOE, con la opinión en contra de vecinos y vecinas, asociaciones relacionadas con el patrimonio y el Colegio de Arquitectos. Ocupaba 17 hectáreas, de las cuales 15 están vacías y son un descampado, lo único que queda es el edificio del hospital penitenciario. Desde el colectivo señalan que “este es el primer hito que se produce contra la memoria y el patrimonio. Se trataba de un bien patrimonial histórico de primera magnitud. Es un gesto que muestra la voluntad de destruir la memoria”.
“Yo pasé casi un año en la cárcel”, narra Luis Suárez, miembro de la plataforma y uno de los supervivientes que estuvieron tras los muros de esta prisión. “Entré en el 70, ya no eran los años más siniestros de la posguerra, donde la gente moría de hambre, palizas o frío. Había un intento por parte del Régimen de mantener las apariencias internacionalmente, aunque seguía siendo una dictadura. Los presos políticos estábamos todos en la tercera galería y ahí teníamos un sistema de organización y autodefensa. Creamos la organización ‘La Comuna’, porque precisamente era el sistema que adoptamos para compartir las cosas que teníamos, comida o libros, y darnos apoyo mutuo. Se trata de una historia negra, pero también de una historia de luchas y resistencias”.
Madrid fue una cárcel construida por el trabajo esclavo de los presos políticos, cuya obra comenzó en junio de 1940. “Ni siquiera llegan a acabar la gigantesca obra que habían diseñado, paran de construirla en 1944”, relata Jesús Rodríguez, otro miembro de la plataforma. “No conocemos otra cárcel con ocho galerías o un centro de vigilancia tan imponente. Había pabellones de jóvenes, mujeres, madres lactantes. Las cifras que tenemos hablan de alrededor de 3.000 personas presas simultáneamente. Las últimas 200 ejecuciones de las tapias del cementerio del este se produjeron aquí también”.
En Madrid, antes de 1936 existía una enorme cárcel de la ciudad en Moncloa que quedó inutilizada durante los combates. Al final de la guerra, los presos republicanos en Madrid son encerrados en conventos o instalaciones públicas como colegios. El bando sublevado toma la decisión de crear una macrocárcel en lo que entonces era el pueblo de Carabanchel.
El Ayuntamiento de Ahora Madrid asignó un presupuesto de 300.000 euros para un memorial, sin embargo, el consistorio de Martínez Almeida destinó este presupuesto a la compra de dos vehículos de transporte de caballos para la policía municipal
“Carabanchel es un agujero negro, hay muy poca documentación y muy pocos libros, no hay una historia completa de la zona” aclara Rodríguez. Cerca de la cárcel, uno de los conventos donde había republicanos presos, el Convento de Santa Rita (lugar que ahora es un colegio con el mismo nombre donde, por supuesto, no hay ninguna placa) albergaba a unos 2.000 presos, que fueron quienes construyeron el centro penitenciario.
Mirando hacia el futuro, desde la plataforma señalan que su idea es la de crear un espacio de memoria. “Pretendemos abrir un debate en torno a la idea de qué tipo de centro de memoria queremos, hay tantos lugares que han tenido un significado esencial durante la dictadura que debería haber una red de centros de memoria”, añade Rodríguez. “Somos una anomalía en Europa al no tener ningún centro de memoria estatal que abarque toda la época del franquismo”, incide.
El Ayuntamiento de Ahora Madrid, a pesar de que no tuvo en cuenta todas las peticiones de la plataforma, sí aprobó la construcción de un memorial de la cárcel de Carabanchel, para el que asignó un presupuesto de 300.000 euros. “Hay un matiz importante a señalar entre centro de memoria y memorial. No sólo queremos que se recuerda que aquí hubo una cárcel y todo lo que ocurrió en ella, tanto los abusos como las resistencias, sino que también queremos ir un poco más allá y que tenga una función de documentación e investigación. Queremos que sea un centro vivo”, reflexiona Suárez.
Sin embargo, según indican desde la plataforma, el consistorio de Martínez Almeida destinó este presupuesto a la compra de dos vehículos de transporte de caballos para la policía municipal. En noviembre de 2019 los propios vecinos pagaron de sus bolsillos la construcción de una serie de placas para recordar a 600 personas que estuvieron presas en esa cárcel. Al día siguiente desaparecieron. No se ha podido saber quién los robó ni los motivos. Actualmente hay un memorial con 1.300 nombres, aún incompleto, que han vuelto a realizar quienes viven en el barrio, al que llaman “el memorial alternativo”.
“Estas decisiones van en el sentido de no reconocer nuestra propia historia, ni siquiera algo tan aséptico, tan neutro, como eso. Cuando el nuevo Ayuntamiento cancela ese presupuesto ya aprobado, parece que su idea es tratar de ocultar esa realidad”, añade Suárez.
