“El Estado español no ha afrontado el pasado ni ha hecho justicia de manera completa”, dice el defensor de los ciudadanos, que pide una “comisión de la verdad”
LA VANGUARDIA | DOMINGO MARCHENA | BARCELONA | 1-2-2017
El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, denuncia que los crímenes del franquismo todavía no se han reparado, más de 80 años después del inicio de la Guerra Civil. Ribó, el equivalente al Defensor del Pueblo en Catalunya, considera que “el Estado español no ha afrontado el pasado ni ha hecho justicia de manera completa”.
Esta es una de las conclusiones del informe sobre las actividades de la sindicatura durante el 2016, que se ha presentado este miércoles en el Parlament de Catalunya. El documento, de más de 300 páginas, repasa la actividad del defensor de los ciudadanos y las principales quejas que tramitó el año pasado.
Una de las principales iniciativas que ha propuesto Rafael Ribó por lo que se refiere a la recuperación de la memoria democrática consiste en crear un mecanismo o institución oficial de carácter independiente, que podría adoptar la forma de una “comisión de la verdad”, como la que puso en marcha Argentina tras la dictadura y en la que el escritor Ernesto Sábato(1911-2011) presentó su demoledor informe Nunca más.
En Alemania sería impensable y estaría fuera de la ley una fundación Adolf Hitler. Por increíble que parezca, España no sólo tiene una fundación Francisco Franco, que se encarga de preservar el legado franquista, sino que ha llegado a recibir subvenciones oficiales de los Gobiernos del PP y ha llevado ante los tribunales a artistas por ofensas a la memoria del dictador.
Este es el caso, por ejemplo, de Eugenio Merino, a quien la fundación ultra logró sentar en el banquillo de los acusados por sus esculturas irónicas sobre el general, a pesar de que la fiscalía consideraba que unas obras irónicas como estas no dañaban el honor de nadie y de que finalmente la sentencia se pronunció a favor del escultor.
Merino también participó en la exposición del Ayuntamiento de Barcelona de finales del 2016 sobre los crímenes de la dictadura, que concitó una enorme oposición vecinal por la exhibición junto al recinto del Born de una escultura ecuestre de Franco. El monumento tuvo que ser retirado apresuradamente, después de que fuera derribado y recibiera innumerables muestras de la ira popular. Desde entonces, el caballo y el jinete descabalgado permanecen en un almacén municipal en la Zona Franca.
La comisión de la verdad buscaría “conseguir una comprensión exhaustiva de las violaciones de derechos humanos que se registraron durante la Guerra Civil y el franquismo”. El Síndic de Greuges hace suyas así las recomendaciones de un informe elaborado por Pablo de Greiff. Este activista de derechos humanos colombiano es el relator especial de la ONU para “la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”. A juicio de este alto cargo de las Naciones Unidas, la ley española 52/2007 o de memoria histórica no ha cumplido sus objetivos.
El informe de Pablo de Greiff, cuyas conclusiones comparte Rafael Ribó, recalca que las instituciones públicas tienen la obligación de “exhumar e identificar los restos de las víctimas mortales de la represión”, así como “hacer efectiva la nulidad de las sentencias que violaban los principios fundamentales del Derecho”. También, añade el documento, hay que garantizar la devolución a los particulares “de los bienes patrimoniales” confiscados por el bando vencedor.
Según el Síndic de Greuges, hay un ámbito en que la necesidad de una reparación integral de los agravios de la dictadura es especialmente evidente. Se trata de los monumentos “de exaltación del régimen franquista”. A pesar de que municipios como Barcelona impulsan la retirada de las placas con el yugo y las flechas del “Instituto Nacional de la Vivienda”, todavía quedan muchos vestigios de la dictadura, algunos de gran tamaño, como el monumento que inicialmente conmemoraba la victoria franquista del Ebro, en Tortosa.
Un referéndum en esta localidad tarraconense aprobó que el monumento no se derribe y que se reinterprete como una denuncia de la guerra y un homenaje a todas las víctimas del conflicto. La ONU y el Síndic insisten en que, cuando la retirada de los símbolos no sea posible, “pierdan su carácter de exaltación de un bando y contribuyan a la memoria y a la pedagogía ciudadana”.
Pero para ello es imprescindible que Catalunya conozca cuántos guiños a la dictadura quedan todavía hoy en sus pueblos. Precisamente con esta finalidad, la Sindicatura ha pedido al Memorial Democràtic que actualice y complete el inventario de los símbolos y monumentos de la dictadura. Esta institución, que preside Plàcid Garcia-Planas, es un organismo público dependiente de la Generalitat que tiene por función la recuperación del pasado democrático de Catalunya, en particular durante la Segunda República y la Guerra Civil.
Más información sobre el informe del Síndic de Greuges en la edición en papel de La Vanguardia del jueves, 2 de febrero
http://www.lavanguardia.com/politica/20170201/413904058868/guerra-civil-sindic-de-greuges-rafael-ribo-franco.html
