El Parlament está ya manos a la obra para aprobar la ley de memoria democrática después del verano, una norma de calado que persigue, entre otros asuntos, la retirada de los símbolos franquistas que siguen en el espacio público de Catalunya en un plazo de dos años. Aprovechando este contexto, las entidades memorialistas han enviado una carta a todos los grupos políticos que han apoyado el impulso de esta norma para reclamar que el Memorial Democràtic, organismo que fue creado en 2007 para preservar la memoria democrática del periodo que va de 1931 a 1980, se desvincule tanto del Govern como del Parlament para blindarlo del “control partidista”. Más aún, apuntan, en un momento de auge de los discursos reaccionarios.

En la solicitud firmada por 25 entidades y medio centenar de historiadores, expertos en memoria o intelectuales, se plantea que el Memorial, que ahora depende de la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica bajo la batuta de Ramon Espadaler, se convierta en una institución de gestión “totalmente autónoma”. El objetivo es evitar “situaciones de inactividad o de intercambio partidista”. De hecho, la trayectoria del Memorial ha sido convulsa, con años minorizada por recortes de presupuestos -sobre todo los de la crisis con Artur Mas como ‘president’-, cambios de liderazgo, de ubicación física y también de conselleria de referencia, ya que antes estuvo bajo el paraguas de Interior, de Relacions Institucionals y de Exteriors.

La propuesta pasa por que durante el trámite de discusión de la ley de memoria los partidos propongan que el Memorial Democràtic sea gestionado a través de una fundación pública mixta, con participación de las administraciones públicas, las entidades memorialistas y la sociedad civil. La junta de gobierno del organismo estaría formada por especialistas y la dirección iría a cargo de una persona escogida por concurso público. Además, plantean que este ente tuviera todas las competencias relacionadas con la memoria, desde el banco de datos a los archivos, así como la investigación, la divulgación y la gestión de espacios.

No se trata, apuntan, de un modelo inédito de gestión. Recuerdan que memoriales como el del Muro de Berlín, el de la Topografía del Terror también en la capital alemana, el del Campo de Sachenhausen o la de Memoria y los Derechos Humanos de Chile ya están gobernados por una fundación de esta naturaleza.

“Los vientos de la reacción son fuertes, por eso tenemos que gestionar la memoria democrática desde una institución que pueda aguantar los embates de las políticas de la desmemoria y que, con resiliencia, pueda mantener y propagar los valores de la verdad, la justicia y la reparación entre las generaciones venideras”, defienden las entidades. Justo esta semana, el president de la Generalitat, Salvador Illa, abogó por poner las políticas de memoria en la “primera línea” de su acción gubernamental ante un “autoritarismo que avanza”. Su Govern ha mantenido, por ahora, el legado de la etapa de Pere Aragonès, que apostó por relanzar el Memorial con una nueva sede y más recursos, y a petición también de las entidades memorialistas mantuvo al equipo que dirige el organismo.