La semana pasada marcó el final de los trabajos de búsqueda en el cementerio de San Rafael, luego de cinco meses de exhaustiva labor en el emplazamiento designado por el Ayuntamiento. Sin embargo, en La Salud, otro de los lugares señalados, apenas se ha completado un 25% del tiempo previsto para la intervención. Esta disparidad en los avances ha generado fuertes críticas hacia el gobierno municipal.
Mientras que en un cementerio ya se han concluido los trabajos, en el otro apenas se ha avanzado en un cuarto del tiempo planificado. Sin embargo, la indignación no solo se centra en los retrasos de estas tareas, sino también en la falta de acción del Ayuntamiento de Córdoba en la puesta en marcha de la tan esperada Oficina de Víctimas.
AREMEHISA ha expresado su frustración ante los continuos retrasos y la falta de compromiso por parte de las autoridades municipales. Según ellos, la creación de la Oficina de Víctimas ha sido prometida en repetidas ocasiones, pero aún no se ha convertido en una realidad palpable.
En un comunicado, la asociación ha denunciado “la utilización de la ética de las convicciones” por parte del Ayuntamiento cuando está en la oposición, y la “ética de la irresponsabilidad” cuando está en el gobierno municipal. Critican duramente la falta de voluntad política y la dilación en la implementación de medidas concretas para atender las necesidades de las víctimas y sus familias. “La política que nos gobierna no se puede edificar sobre una losa que sepulte nuestra verdad, nuestra memoria. No hay habilidad más grande que la sinceridad, de la que sin duda alguna esta carente este equipo de gobierno“, denuncian.
La creación de la Oficina de Víctimas se ha convertido en una demanda urgente para aquellos que buscan verdad, justicia y reparación. Esta oficina tendría la función de restablecer oficialmente la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en Córdoba desde el alzamiento militar de julio de 1936, así como llevar a cabo las acciones y obligaciones que los poderes públicos se comprometieron a cumplir. “Una oficina en pleno contacto con familiares y colectivos memorialistas que dado el tiempo transcurrido y la enorme extensión de los miles de casos a estudiar debiera de partir de los datos actuales ya conocidos y y desarrollar sus propias investigaciones“, exigen.
Ante la falta de avances significativos, la asociación ha manifestado su intención de recurrir a la justicia como última instancia para obtener respuestas y protección. La situación actual ha generado una profunda desilusión entre los familiares de las víctimas, quienes se sienten abandonados por las autoridades locales en su búsqueda de verdad y justicia.
“La puesta en marcha de estos trabajos siempre depende muy a pesar nuestro del contexto político o lo que en AREMEHISA llamamos la “política local de la memoria“. Una política local que en contextos como el actual permiten la búsqueda de los cuerpos e impiden (con cualquier pretexto ) la búsqueda de la verdad“, lamentan.
Por ello, AREMEHISA ve una clara y alarmante falta de voluntad política y personal “cuya intencionalidad es marear la perdiz hasta que el asunto de las exhumaciones finalice lo antes posible, tratando la cuestión de la oficina de víctimas como un asunto secundario, lo que a estas alturas resulta difícil de entender y representa un ejercicio de hipocresía“.
Y aluden al Ayuntamiento de Córdoba como parte del Estado, que no ha promovido acción alguna por iniciativa para cumplir con la obligación de tutelar los derechos de las víctimas, y le acusan de, por el contrario, continuar negando el derecho imprescriptible a saber, a ser informadas las familias de las víctimas de desapariciones, que viven en continua angustia y desesperación. “Familias que hasta llegar aquí han recorrido un arduo y adverso camino, donde además, y esto es lo más preocupante y denunciable, el tiempo corre en contra de buena parte de ellas en razón de sus avanzadas edades“, critican.
AREMEHISA vuelve a reclamar al Ayuntamiento de Córdoba la creación y puesta en marcha efectiva de la oficina de víctimas de la guerra civil como reconocimiento a la petición del colectivo victimizado de los familiares y las organizaciones que los representan para la recuperación de sus derechos y los de sus familias. Y exigen una política de atención y reparación a las víctimas y que, “de una vez por todas, se dejen de tomar medidas restrictivas y respuestas intangibles que dilatan gravemente en el tiempo los derechos de las familias y trasladan las obligaciones a la iniciativa de equipos o colectivos a los que no les corresponden“.
La Asociación lamenta que esta “espera sin esperanza” a la que se está sometiendo a los familiares dejándolos permanentemente en la sala de espera propicia la desilusión y el desencanto de estos. Y pone como prueba los testimonios de dos familiares de víctimas:
“¡Mentirosos! Nos habéis arrancado de golpe nuestras ilusiones, lo mismo que a ellos le arrancaron sus vidas. Seguís con el más absoluto engaño hermético. Sois cómplices de la triste realidad. Qué injusto. ¡Seguiremos alzando la voz!” A.C.
“Lo que más dolor nos causa es tener que engañar a nuestra madre de 92 años, cuyo padre asesinaron y está enterrado en algún lugar del cementerio de La Salud, y decirle que los trabajos de exhumación continúan. Ella aún mantiene la esperanza de que le entreguen sus restos y poder honrarlos sabiendo dónde están“. L.C.
