Mariano Rubio Carrillo, Purificación Jiménez Cuesta, Jacinto Sánchez Campillo, Miguel Rivera Moreno, Alfonso Regalón Román e Isabel Márquez Nogales son nombres que, seguramente, a una inmensa mayoría de los españoles no les digan nada. En cambio, son historia de España. Estos seis nombres, estos doce apellidos, tan solo significan una ínfima muestra de los miles de ellos que aparecen, día tras día, al digitalizar todos los consejos de guerra acaecidos en la provincia de Córdoba y juzgados por los sublevados, primero, y el franquismo, más tarde.
El pionero proyecto Concord, de la Universidad de Córdoba (UCO), tiene un solo objetivo: poner a disposición pública y telemática todos estos expedientes. Creen que serán unos 9.000, ya que la iniciativa también tiene una dimensión de recuperación del patrimonio y no se conoce todavía la cifra exacta, y las personas que aparecen en ellos pueden superar las 15.000. Por el momento, a disposición de cualquier persona a través de su web, ya hay 6.379 expedientes y cerca de un millón de documentos digitalizados.
El profesor de Historia Contemporánea de la UCO Francisco Acosta es el director del proyecto: “Concord nació en 2020 como resultado de una demanda de los investigadores. Muchos historiadores estaban interesados en la represión franquista pero les costaba mucho acceder a una fuente fundamental como son los consejos de guerra”, introduce. El proyecto fue bien acogido por la Diputación provincial, tanto antes con el PSOE e IU como actualmente con el PP. De hecho, no ha dejado de financiar el proyecto en todos estos años.
La buena acogida también llegó a Sevilla, concretamente en su Archivo del Tribunal Territorial Militar 2º, donde se almacenan esta cantidad ingente de expedientes. “Una de las primeras incógnitas que resolverá el proyecto será cuántos consejos de guerra hubo, porque el archivo no está inventariado al completo”, añade el experto. Por lo tanto, Concord también es un proyecto de recuperación de patrimonio documental de la memoria democrática. Es decir, no solo reproducen documentación ya conocida sino que catalogarán información ahora mismo desconocida.
Tamaña empresa no es sencilla, empezando por el propio Archivo. A pesar de la buena predisposición del archivero, los ritmos son bastante inconstantes. “Están plenamente implicados en el proceso, pero los medios son limitados. Nosotros no vamos todos los días. Quizá tenemos dos semanas de trabajo en Sevilla y luego un mes de parón en el que hacemos otras cosas”, relata Acosta.
Los documentos, de dominio público y gratuito
El equipo que está detrás de Concord no solo se encarga de la digitalización, sino de documentar lo hallado. Los documentalistas se leen todos y cada uno de los expedientes para extraer los datos fundamentales. En total, son más de 30 campos a completar. Se trata de la parte más gravosa en términos de tiempo y consumo de recursos, tanto económicos como humanos.
La ciudadanía, después, tendrá mucho más fácil encontrar información sobre algún familiar al buscar en campos como nombre, lugar de procedencia, edad, profesión y lugar de enterramiento. Un segundo nivel, mucho más especializado, solo está disponible para los investigadores. Ahí es donde se puede buscar por el nombre de los miembros del tribunal, testigos o denunciantes, por ejemplo. Por el momento, accesibles al público hay casi 6.400 expedientes de los 7.000 por el momento digitalizados.
Justo ahora, una cifra coincide. Si se tiene en cuenta los expedientes ya digitalizados, en torno a unas 15.000 personas estarían implicadas en los consejos de guerra, independientemente de si son encausados, testigos o denunciantes. También 15.000 son los encausados que desde Concord pronostican que encontrarán una vez inventariados y analizados todos los expedientes.
Información valiosa para las exhumaciones
Como en tantas otras ocasiones, de una rama nacen otras nuevas y poco a poco la frondosidad del bosque aumenta inusitadamente. Es lo que pretenden en el proyecto, que esa frondosidad que aquí significa verdad, vaya en aumento. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con la colaboración que ofrecen a los arqueólogos forenses encargados de diferentes exhumaciones en la región. “Aquellos condenados a muerte y ejecutados mediante consejo de guerra precisan con milimétrica exactitud dónde están enterrados”, incide Acosta.
Este aspecto es uno de los que más le ha llamado la atención a Marina Cabezas, historiadora del arte e investigadora de la OCU que integra Concord: “En relación a los ejecutados con penas de muerte, antes dejaban un registro en los cementerios. Son las llamadas fuentes antiguas. Ahora, gracias a su documentación, se está descubriendo dónde están exactamente las víctimas y cómo fue el proceso por el que terminaron sus cuerpos en las fosas comunes”.
Esta investigadora afirma que entre los expedientes hay casos de lo más variopintos. Entre los militares, aquellos que se habían pasado de un ejército a otro durante la contienda y otros tantos considerados como espías. En cambio, “la gran mayoría es población civil que ha acabado frente al tribunal militar por la denuncia de algún vecino por haberles visto portando armas o participando en alguna reyerta o asesinato durante el conflicto”, en palabras de Cabezas.
Toda represión sistemática y sistémica tiene sus etapas. Los consejos de guerra en Córdoba no fueron menos. “Mientras los expedientes más antiguos de 1939 y 1940 apenas hacen indagaciones sobre los acusados, a partir de 1941 sí se nota que se realiza cierto esfuerzo, al menos, por conocer su fecha de nacimiento y ver la edad que tenían realmente cuando, en teoría, el acusado cometió el crimen. También se ve un aumento de la burocracia”, se explaya esta investigadora.
Para Cabezas, estar tan cerca de historias de sufrimiento e injusticia le hace emocionarse. “Hubo tal cantidad de encausados que se puede afirmar que la represión franquista afectó a gran parte de la población de la provincia de Córdoba”, admite ella misma.
Cuando la adhesión a la rebelión era defender la legalidad
A Mariano Rubio Carrillo le llamaban Botón, ese era su mote. Estaba soltero, era socialista y jornalero y vivía donde había nacido, en Pedroche. Su expediente es uno de los tantos en los que revolotea la pena de muerte. Mariano, capturado con la caída del frente norte como soldado republicano, primeramente justificó su afección al Movimiento Nacional. En cambio, el tribunal lo condenó a muerte por un delito de adhesión a la rebelión pero con declaraciones inculpatorias algo inconsistentes. Le conmutaron la pena por la cadena perpetua. Habrá que esperar a la “liberación” de Pedroche para hacer más acopio sobre los posibles delitos de Mariano. Tenía 25 años cuando se inició el procedimiento contra él.
Purificación Jiménez Cuesta nació y residía en La Carlota cuando los sublevados la detuvieron. Tenía 23 años, era sastra, estaba soltera y engrosaba las filas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La procesaron por un delito de adhesión a la rebelión. Una vez iniciada la Guerra, permaneció en zona republicana y presidió la Sociedad de Mujer Libre de Membrilla (Ciudad Real) durante dos meses. El fiscal pidió una pena de seis años y un día de prisión mayor. Su defensor abogó por la absolución. El tribunal optó por la petición del Ministerio Público, que no rebajó, y sentó sentencia el 18 de diciembre de 1941. A esta pena le restaron el tiempo sufrido en prisión preventiva, quedándose la pena en 3 años y 138 días, que cumplió en libertad condicional.
Entre el delincuente común y el procesado político
Jacinto Sánchez Campillo tenía 33 años, era jornalero y analfabeto, y residía donde nació, en Iznajar. Casado y con cuatro hijos, el franquismo lo vinculó al socialismo. Entre las acusaciones está que Jacinto formó parte de las comisiones que requisaron armas y otros efectos durante “el periodo de control marxista del pueblo”, de algún robo en un cortijo y de la detención de un vecino. Una vez ocupado Iznajar por los sublevados, se alistó en el ejército republicano tras huir a Málaga. Cuando cayó Málaga se entregó, y fue puesto en libertad en Córdoba. Después de esto, se le acusó de intento de estafa y extorsión a varios vecinos en un bar que llegó a regentar en una aldea de Iznajar.
En el momento del juicio se hallaba encarcelado preventivamente en la prisión provincial de Rute. Fue acusado de adhesión a la rebelión en 1939 y juzgado en Lucena en 1940. El fiscal pidió 20 años de reclusión mayor y el defensor seis años y un día, aunque el tribunal lo condenó a reclusión militar perpetua (30 años). Murió en la Prisión Provincial de Córdoba a causa de una hemorragia cerebral en 1942.
Reeducar a los jornaleros mediante trabajos forzados
Miguel Rivera Moreno tenía 40 años cuando comenzó su calvario judicial con el franquismo. Natural y vecino de Villaharta, era jornalero, viudo y militante en la UGT. En base a informes de la Guardia Civil, Falange y el Ayuntamiento de Villaharta, se le imputó ser de izquierdas, haberse puesto al servicio del comité local y haber intervenido ganado de un vecino. Consta también declaración exculpatoria de algún testigo. Finalmente, la comisión de hechos delictivos sobresee provisionalmente el caso pero acuerda su ingreso en un Batallón de Trabajadores durante seis meses en 1941. Como ya había cumplido ese tiempo en prisión preventiva, fue puesto en libertad. “Muchos otros fueron condenados a trabajos forzados en estos batallones a pesar de que sus causas fueron sobreseídas”, apunta Acosta, el director del proyecto.
Alfonso Regalón Román nació en Adamuz y vivía en Pedro Abad cuando, con 31 años, se inició su consejo de guerra el 7 de enero de 1939. Estaba casado, era jornalero y comunista. Fue procesado por el delito de rebelión, acusado de haber estado afiliado al Partido Comunista, habiendo realizado diferentes acciones en favor del bando republicano armado con una carabina. También se le acusa de haber detenido y asesinado a un hombre, así como de haber recorrido cortijos en busca de aliados y armas, entre otras acusaciones.
El fiscal pidió la pena de muerte y su defensor abogó por la absolución. El 3 de febrero de 1941 llegó la condena a la pena de muerte. Sería ejecutado en Córdoba el 1 de mayo de 1941, siendo finalmente enterrado en el Cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, en la fosa común.
Las vecinas que denuncian
Isabel Márquez Nogales tenía 36 años, estaba soltera, era sirvienta y vivía donde había nacido, en Belmez. La vincularon a las Juventudes Socialistas. Según el expediente, Isabel participó en manifestaciones “marxistas” organizadas en el municipio antes de la Guerra. Al iniciarse el “Movimiento Nacional” y quedar el municipio de Belmez bajo el control de “las hordas rojas”, se unió a estas tras abandonar su trabajo de sirvienta. Prestó servicios voluntarios como enfermera en un hospital que “los rojos” instalaron en el Convento, donde perpetró malos tratos de palabra a los derechistas detenidos en dicho edificio, recogen los documentos. Estuvo en prisión preventiva en Belmez desde noviembre de 1939 hasta la sentencia en abril de 1941, cuando fue condenada a 12 años y un día por rebelión militar, pena que cumple en su totalidad. Fue denunciada por una vecina y declararon contra ella varios testigos.
Sus nombres, inmortalizados en PDF
Los peores momentos de las vidas de miles de cordobeses, sino el final de las mismas, vuelven a salir a la luz gracias a este trabajo de digitalización comandado por la OCU. Pedro Cruz es el encargado de la parte técnica: “Los documentos estaban muy mal conservados, les había afectado el agua, polvo, sol, los bichos… Así que utilizamos máquinas digitales de fotografía muy modernas para escanearlos”.
De esta forma, la cámara también realiza un reconocimiento óptico de los caracteres para poder hacer búsquedas informáticas por palabras en cada uno de ellos, aunque no lee las partes manuscritas. “Estamos cerca del millón de documentos digitalizados”, informa este especialista, pues cada sumario puede suponer cientos de páginas que acabarán en formato PDF. Además, durante el proceso también han descubierto fotografías, dinero, medallas, cartas, navajas, cuchillas… “Ni te puedes imaginar lo que sale cada vez que abres un legajo con los expedientes”, añade.
El PP avala la investigación
La financiación pública de este proyecto es otro de sus grandes puntales. “Obviamente, existe cierta preocupación porque la entrada de Vox en los gobiernos pueda suponer un parón para este tipo de investigaciones”, opina Acosta. En cambio, la Diputación de Córdoba, donde gobierna el PP sin necesidad del apoyo de la extrema derecha, se ha comprometido a financiar el proyecto un año más. El 2024 está salvado. Este año presente, unos 100.000 euros fueron destinados de las arcas públicas hacia la Cátedra de Memoria Democrática de la UCO. De ellos, 84.000 euros se dedicaron únicamente a Concord.
Concord también es posible gracias a todos los estudiantes universitarios que pasan por él. “Ha habido mucha gente de prácticas. Ahí es donde se ve el interés de la gente joven en todo este tema”, apunta Cabezas. De esta forma, el proyecto continuará hasta terminar con la digitalización y catalogación de todos los consejos de guerra de Córdoba. De ahí el nombre, Concord, consejos en Córdoba.
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