Rossi García Ávila
Barcelona, 25 may (EFE).- Lídia y Joaquim son nietos de republicanos a quienes Franco requisó sus ahorros por ser “dinero rojo” emitido por la República. Junto a otras 300 familias expoliadas, han iniciado los trámites para reclamar compensaciones económicas invocando la Ley de Memoria de 2022, que por primera vez los reconoce como víctimas.
En una entrevista con EFE, estos dos miembros de la Asociación de Perjudicados por las Incautaciones del Gobierno Franquista (APIGF) recuerdan los casi 20 años que llevan luchando para que el Estado reconozca su derecho a ser resarcidos por las requisas, que los historiadores cifran en millones de las antiguas pesetas, la gran mayoría de ellos en Cataluña.
A través del bufete Vosseler Abogados, más de 300 descendientes de familias republicanas a quienes entre los años 1938 y 1941 el franquismo incautó sus ahorros, con la promesa de devolvérselos, han presentado ya sus reclamaciones en base al artículo 31 de la ley de Memoria Democrática de 2022, que abre la puerta a que el Estado repare también a las víctimas económicas, una deuda que países como Alemania o Francia han saldado ya hace años.
Las incautaciones del llamado “dinero rojo”, con el que Franco pretendía financiar su gobierno tras la Guerra Civil, se basaban en un decreto del bando sublevado que consideraba ilegal la moneda emitida por el Banco de España tras el golpe, por lo que se prometía canjearlo por billetes válidos. En la mayoría de casos, nunca se devolvió.
“Fondo de papel moneda del enemigo”
Lídia Jiménez y Joaquim Gràcia sostienen en sus manos los títulos que las autoridades franquistas entregaron a sus abuelos a cambio del dinero intervenido y que, desde entonces, siguen depositados en el Banco de España: un documento que no llega a una cuartilla, con la rúbrica “Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo” y el detalle de la suma “entregada”, especificando el tipo de billetes o monedas intervenidos.
Lo cierto es que ese dinero no se cedía de forma voluntaria. En ocasiones, eran las fuerzas del orden las que llamaban a las puertas de las casas para exigirlo, bajo amenaza de cárcel o de indagaciones de contenido político, y en otras se hacía un llamamiento a la población, a través de ayuntamientos u otras administraciones, para que lo entregaran.
Especialmente en los pueblos pequeños, donde todo el mundo se conocía y sabía de las afinidades políticas de sus vecinos, era la propia presión social la que forzaba a las familias a entregar unos ahorros, explica el abogado Lluís Domingo.
La Dirección General de Memoria Democrática -cuya titular, Zoraida Hijosa, se reunió a principios de mes con abogados de Vosseler- ha nombrado tres comisiones científicas, integradas por especialistas de la Real Academia de Historia, con el encargo de llevar a cabo una auditoría que establezca una estimación “justa y equitativa” del valor que el dinero incautado tendría en la actualidad.
“Lo importante es que no se les requisó el dinero que llevaban en el monedero para la compra, cuya actualización sería el IPC, sino ahorros que habrían servido para comprar viviendas u otras cosas de extraordinario valor”, apunta la letrada de Vosseler Leire López, quien cree que ese factor deberá ser tenido en cuenta al calcular las compensaciones.
“Si cobramos, te compraré una muñeca”
A la abuela de Joaquim, que regentaba una mercería en la calle Travessera de Gràcia de Barcelona, se le requisaron 46.000 pesetas de la época, una cantidad que, explica, habría bastado para comprar un inmueble en uno de los chaflanes del barrio más cotizados de la capital catalana.
Su abuela pudo salir adelante pese al mordisco que el franquismo echó a sus ahorros, pero sus hijos ya no pudieron prosperar en los negocios ni ampliar su comercio de “tejidos y novedades” como habían planeado. “Otros afectados no pudieron ni dar carreras a sus descendientes y en algunos casos ni operarse”, comenta Joaquim, que ha interpuesto la reclamación junto a tres de sus primos.
Más modestos, aunque tampoco desdeñable para la época, fueron las 1.242 pesetas que el franquismo requisó a los abuelos de Lídia, los ahorros que la familia tenía en casa y que su madre, Montserrat, trató de cobrar sin éxito durante décadas, con un empeño que le llevó a fundar en 2005 la APIGF, que presidió hasta su muerte en 2018.
Lidia, que ha heredado el título y la misión de recuperarlo como un “homenaje” póstumo a su madre, recuerda haberla acompañado de pequeña al Banco de España a reclamar la devolución de las 1.242 pesetas expoliadas: “Por el camino me decía esto es mío, es mi dinero. Si cobramos, te compraré una muñeca”.
Leire López confía en que, a finales de año, la Dirección de Memoria tenga ya en sus manos las conclusiones de las comisiones científicas nombradas para valorar las cantidades requisadas, lo que permitiría al Gobierno incluir una partida en los presupuestos generales del Estado para efectuar los pagos.
Los 300 afectados a quienes representa Vosseler Abogados suponen, según López, el grueso de víctimas acreditadas de las incautaciones del franquismo, aunque los historiadores apuntan a que la cifra real podría ser mucho más elevada a juzgar por el número total de títulos que constan expedidos.
“Muchos de esos títulos se perdieron, porque los descendientes de los afectados no sabían qué eran y los destruían. En realidad, pocas familias han guardado ese papel como un documento valioso”, señala Leire López.
En otros casos, los títulos -avalados por su depósito en el Banco de España- fueron utilizados como moneda de cambio, en una suerte de pagaré o cheque, en distintas transacciones económicas, por lo que podrían estar en manos de terceras personas.
No obstante, aclara López, la ley de Memoria Democrática solo reconoce como víctimas de los descendientes directos de los expoliados, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Sin esos lazos de parentesco, el título no tiene valor alguno ni aunque se haya recibido en herencia.
(c) Agencia EFE
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