El censo de víctimas de la guerra y dictadura: 200.000 nombres y una “oportunidad única”
Mónica Sequeiro / 05.04.2025
El proyecto del censo, apunta el decano, tiene “tres patas”, la investigación, la coordinación y la difusión, y “ninguna de ellas es menos importante”.
Ya saben que resultará una tarea “compleja”, tanto por su magnitud como por sus aspectos científicos y metodológicos, pero cuentan con una larga experiencia, que se inició en 2006 con la creación del proyecto de investigación Nomes e Voces, que elaboró una base de datos con casi 15.000 fichas individuales de víctimas de la guerra y la dictadura en Galicia.
Ellos no fueron los primeros en España en dedicarse a esta tarea, pero sí “los primeros en hacerlo en el ámbito académico, de una forma muy sistemática”, según explica Fernández Prieto, quien destaca que para realizar ahora el censo estatal va a hacer falta “mucha colaboración” y la ayuda de expertos y grupos de toda España.
Junto a Fernández Prieto y Míguez, están Gustavo Hervella, gestor técnico del Grupo Histagra, y la colaboradora Conchi López Sánchez, doctora en Historia Contemporánea, todos ellos apasionados de su labor conscientes de que trabajan para “un bien público”.
El equipo, asentado en el CISPAC (Centro de Investigación Universitario das Paisaxes Atlánticas Culturais) de la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, contará con cinco investigadores e investigadoras “a tiempo completo” y se espera que esté ya totalmente configurado para el otoño.
El plazo para la realización de los trabajos es hasta 2007, con una dotación económica de 490.052 euros, de los que 64.252 euros corresponden a la USC.
Las primeras tareas serán recopilar los datos de los trabajos realizados en toda España, validarlos e incorporarlos de manera homogénea a una base única (a través de la aplicación informática Dédalo), teniendo en cuenta que habrá lugares donde “no haya ese trabajo previo y habrá que hacerlo”, advierte Conchi López.
La recopilación de la información se realizará tanto de los censos existentes en las comunidades autónomas, como de los registros civiles y censos militares, hasta de la Causa General abierta por la dictadura franquista, el mapa estatal de fosas o los registros de españoles fallecidos en campos de concentración nazis.
Entre los trabajos desarrollados en las distintas comunidades hay muchas diferencias, desde las que cuentan con censos completos (Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha), hasta la inexistencia de censos en las provincias de Palencia, Zamora, Ávila y Segovia (Castilla y León).
En el medio, están lugares con censos incompletos, como las provincias de Palencia, Zamora, Ávila y Segovia; y las comunidades de Cantabria, Aragón y La Rioja. También está el caso de la Comunidad de Madrid y Canarias, donde los censos requieren aún una comprobación muy intensa a través de trabajo de campo.
El censo se hace en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que habla del deber moral de “reconocimiento, reparación y dignificación” de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista.
Pero desde el grupo de investigación no les gusta decir de “dignificación”, porque las víctimas “no perdieron su dignidad en ningún momento”, sino de “memorialización”, como los actos que realizan tras las exhumaciones de las fosas comunes en las que colocan “un totem de la memoria”, dentro del Plan Cuatrienal de Memoria Democrática 2021-2024.
Sus familias tendrán un cierto consuelo y reparación y la sociedad tendrá, por fin, memoria.
El censo de víctimas de la guerra y dictadura: 200.000 nombres y una “oportunidad única” – Infobae
