El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria que aprobaron en el Parlamento autonómico el PP y Vox

También sostiene que la decisión del Parlamento cántabro, con los votos del Partido Popular y el apoyo imprescindible de la extrema derecha, podría ser “contraria al orden constitucional de distribución competencial” y “a los principios de colaboración y cooperación”.

El Consejo de Ministros dio luz verde hace apenas dos semanas a este recurso de inconstitucionalidad que ahora atiende cautelarmente el TC contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria que llevaron a cabo el pasado mes de noviembre PP y Vox.

El Gobierno de Pedro Sánchez impugnó la revocación de la norma que fue aprobada durante la pasada legislatura por el bipartito PRC-PSOE y que hace tres meses el Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) tumbó de la mano de la formación de extrema derecha, rodeado de protestas ciudadanas organizadas por las asociaciones memorialistas, colectivos sociales y partidos políticos.

De hecho, desde que ambas formaciones hicieron públicas sus intenciones de derogar la ley hasta que finalmente fueron consumadas pasó un año en el que se constituyó un movimiento en forma de plataforma que expresó en numerosas ocasiones su rechazo a la supresión de la ley. En este sentido, se sucedieron concentraciones, manifestaciones y direferentes acciones reivindicativas, como las ‘rutas de la memoria’, de la mano de esta agrupación, la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria, conformada por casi un centenar de organizaciones y bajo el lema ‘Sin memoria no hay futuro’.

Exhumaciones como restos arqueológicos

La semana pasada, el Gobierno de Cantabria planteó que las exhumaciones de los restos de las víctimas de los represaliados de la dictadura se gestionen a través de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, con el mismo procedimiento que se emplea para recuperar los restos arqueológicos y paleontológicos, mediante un decreto para regular la apertura de fosas comunes publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Esa fue la solución que estableció el Ejecutivo cántabro del Partido Popular después de haber derogado en noviembre del año pasado la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria con los votos de Vox. En este texto, entre otras cuestiones, se regulaba el protocolo a seguir para que las familias de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista pudiesen recuperar los restos de sus seres queridos.