Familiares de víctimas del franquismo denuncian “la desidia administrativa que eterniza” la reparación de su memoria
La asociación de familiares de víctimas represaliadas por el franquismo en Córdoba, Dejadnos Llorar, ha acusado de “desidia” a las administraciones competentes en llevar a cabo las labores de exhumación de las fosas e identificación de los restos de las víctimas, después de haberse conocido que el convenio para la identificación genética de estas en Andalucía caducó hace tres meses.
“No podemos menos que lamentar que no se haya renovado el convenio sobre las muestras de ADN, que es uno de los aspectos más importantes para las familias, para las víctimas, para su identificación y para resolver este problema de las fosas comunes y de los desaparecidos de una vez por todas”, señalan a Cordópolis desde Dejadnos Llorar. Miembros de esta asociación comenzaron a tomarse muestras de ADN en 2019 en Córdoba, para que fueran cotejadas con las de los restos de las fosas cuando se exhumen.
Este lunes, eldiario.es/andalucia avanzaba que el convenio suscrito en 2018 entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada (UGR) para llevar a cabo las pruebas de ADN que puedan identificar a víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y a sus familiares lleva caducado desde hace más de tres meses. Las identificaciones se vienen haciendo en el Laboratorio de Identificación Genética de la Facultad de Medicina de Granada, lugar donde quedan en depósito para su cotejo y tratamiento científico los restos óseos humanos procedentes de exhumaciones y las muestras genéticas de los descendientes.
Ante ello, desde la asociación de familiares de las víctimas de Córdoba apunta a “una especie de desidia administrativa que expresa también, a veces, falta de voluntad política, que esperamos que se resuelva de inmediato. Nos duele como asociación y duele a las familias que un aspecto tan sensible como las muestras de ADN se haya permitido que se pueda retrasar la firma de ese convenio, que ese convenio esté en el aire en estos momentos”, aunque confían en que pueda seguir adelante esta tarea.
“Es doloroso para nosotros y para las víctimas que, una y otra vez, nos encontremos con una desidia administrativa que eterniza los procesos para la adjudicación de los trabajos en las fosas, por ejemplo, en Córdoba, o en este caso para la renovación del convenio entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada sobre las muestras de ADN”, denuncian.
Asimismo, Dejadnos Llorar recuerda que están pendientes de que en Córdoba se abra la Oficina de Atención a las Víctimas “que facilite precisamente a los familiares la toma de muestras de ADN, para que realmente pueda seguir el proceso de identificación de las víctimas y que, además ahora, de una vez por todas, se liciten las obras de las exhumaciones de Córdoba”. Hace dos años que las cuatro administraciones –Gobierno, Junta, Diputación y Ayuntamiento de Córdoba– firmaron un protocolo para realizar las exhumaciones de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael en la capital, donde se calcula que yacen 4.000 víctimas represaliadas. Actualmente, no han comenzado esos trabajos y se está a la espera de la licitación del contrato.
Voluntad política y respeto a los derechos humanos
En definitiva, aseguran, lo que reclaman es que “haya voluntad política, respeto a los derechos humanos, a los familiares, a las víctimas. Porque ya hablamos de acumulación de décadas, de más de 80 años, y no parece respetuoso ni con los derechos humanos ni con las víctimas que las administraciones, los plazos administrativos y las trabas burocráticas alarguen una vez más los procesos de reparación a los familiares de las víctimas del franquismo en nuestro país”.
Además, creen necesario “seguir impulsando tal y como establece la Ley de Memoria, el Banco Nacional de ADN, que debería ser una prioridad” para todas las administraciones, para que realmente se pueda identificar al mayor número de víctimas posible de las 150.000 que se calcula que todavía están en fosas y en cunetas en todo el país.
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/familiares-victimas-franquismo-denuncian-desidia-administrativa-eterniza-reparacion-memoria_1_9806296.html?_gl=1*3fpj7r*_ga*NDk1MzUyMTU2LjE2NTY1MjY0Nzg.*_ga_4RZPWREGF3*MTY3MTUyNTM0NS4yNDMuMS4xNjcxNTI2MjEwLjEuMC4w&_ga=2.89721435.1147691908.1671234570-495352156.1656526478
___________________________________________________________
+ INFO:
El convenio para la identificación genética de víctimas del franquismo en Andalucía, caducado desde hace tres meses
El Gobierno de Moreno deja expirar el acuerdo con la Universidad de Granada firmado en septiembre de 2018 aunque está “trabajando” en prorrogarlo durante un año
Aún quedan por poner muchos nombres y apellidos a las más de 45.000 víctimas arrojadas en 708 fosas comunes en Andalucía, pero el acuerdo que sostiene al banco de ADN que desde hace cuatro años se encarga de las identificaciones de víctimas de la guerra civil y el franquismo, uno de los cuatro que existen en España, ahora mismo no le ampara convenio alguno. El acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada (UGR), suscrito en septiembre de 2018 con una financiación de algo más de un millón de euros, expiró hace más de tres meses.
En septiembre de 2021, cuando apenas quedaba un año para que caducara el convenio, la entonces consejera con competencias en la materia, Patricia del Pozo, dijo en declaraciones a elDiario.es Andalucía: “Mi principal preocupación ha sido sacar adelante las ayudas y volcarme con los colectivos en las exhumaciones y en las identificaciones genéticas para poder devolver los cuerpos a las familias”. El Gobierno de Moreno dejó acabar la pasada legislatura y ha dejado que aquel acuerdo expire definitivamente al inicio del prresente mandato, en el que el PP dispone de mayoría absoluta.
Las identificaciones se vienen haciendo en el Laboratorio de Identificación Genética de la Facultad de Medicina de la UGR, explica a este periódico José Antonio Lorente, uno de los directores del Centro Pfizer de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo), lugar donde quedan en depósito para su cotejo y tratamiento científico los restos óseos humanos procedentes de exhumaciones y las muestras genéticas de los descendientes. Pese a la ausencia de convenio, Lorente indica que “en este momento estamos trabajando al 100% y no hay ningún problema ni en este momento ni previsto a corto plazo por la renovación del convenio, ya que tenemos financiación activa para estos trabajos por parte de la Junta”.
En los tres últimos años, el instituto viene trabajando intensamente, entre otras cosas porque actualmente están abiertas grandes fosas como la de Pico Reja en Sevilla, la mayor fosa común del exterminio franquista, y también en Granada, Huelva y Jaén, lo que hace que se hayan multiplicado las muestras y los procesos. Actualmente, se trabaja con muestras de 62 fosas, algunas de ellas de grandes dimensiones, con no menos de 1.500 muestras óseas entregadas del total de la comunidad autónoma (más de mil de Pico Reja), según fuentes de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática.
Las mismas fuentes memorialistas indican que la actualización de la tecnología y los equipos humanos han permitido que el instituto pueda ser mucho más eficiente y culminar la identificación de una muestra en unos diez días, teniendo en cuenta que se pueden simultanear hasta 30 muestras al día. “Una optimización de los recursos de extracción de ADN y cotejo de muestras que hace que los tiempos de los procesos hayan mejorado ostensiblemente”, detallan. Para ello cuenta con “un equipo humano altamente capacitado para la enorme tarea que aún tienen por delante, que no es otra que resolver de manera definitiva las exhumaciones y las identificaciones de represaliados de la dictadura franquista”.
Financiación estatal
Desde la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática reclamaron tras su última reunión en Granada que la Junta renovara el convenio “cuanto antes” y “que actualice la inversión adecuándola a la realidad de las exhumaciones a día de hoy”, principalmente “teniendo en cuenta todas las exhumaciones que se están llevando a cabo gracias a la financiación estatal, algunas de ellas de fosas de grandes dimensiones”.
Las asociaciones memorialistas, que opinan que el instituto y sus profesionales “están preparados pero el proceso se puede ver ralentizado”, decían en todo caso que había tenido conocimiento de un compromiso verbal por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de prorrogar un año el acuerdo. El departamento que dirige Arturo Bernal confirma ese extremo a elDiario.es Andalucía: “Se está trabajando en esa prórroga y esperamos resolverla lo antes posible”, dicen fuentes de la Consejería, que no ofrecen mayor detalle. Según los memorialistas, se está preparando la documentación, las adendas y demás para hacer efectiva esa posible prórroga, en la que también confía Lorente, quien asegura que su departamento tiene “contacto directo permanente con todas las asociaciones y familiares que lo solicitan, algunos de los cuáles nos han visitado”.
La coordinadora memorialista, pese a todo, lamenta que el Gobierno de la Junta “no es proactivo a la hora de facilitar las identificaciones de los familiares”. “Se dilatan los plazos, las asociaciones y los familiares se pierden al no existir interlocución, no saben dónde solicitarlo, cómo hacerlo, y todo esto con el tiempo jugando en nuestra contra. Si existe voluntad del ayuntamiento en sí o de diputaciones, se facilita la labor, pero todo lo que dependa de la Junta se paraliza, pero se debe articular un canal de interlocución directa con Genyo o con la Universidad de Granada para las identificaciones, o de alguna manera para que se agilice la toma de muestras”, dicen fuentes de la misma. Cabe recordar desde primeros de septiembre el Comisionado de la Concordia está sin persona al frente, aunque desde la Consejería auguran novedades “en breve”. “Estamos buscando el mejor perfil posible para que acelere el desarrollo de la ley”, apuntan las mismas fuentes.
La coordinadora exige a la Junta de Andalucía “que firme un nuevo convenio, que actualice la inversión a las necesidades reales de las intervenciones que se están llevando a cabo y las que vendrán, que lo hagan en tiempo y forma y que cumplan la ley”. La Junta, a través del citado comisionado, creado en 2020, ha “colaborado” para la exhumación de 607 víctimas o cuerpos. Según detallan las asociaciones memorialistas, a falta de un balance oficial por parte de la Consejería, la administración autonómica “se arroja como mérito propio los convenios con otras administraciones, la financiación de otras administraciones y las intervenciones anteriores ya aprobadas y comprometidas”. Según detallan, la “única aportación” para ejecutar convenios en la pasada legislatura fue la de los 265.000 euros, como ya informó este medio, correspondientes al primer pago del convenio firmado con Ayuntamiento de Sevilla, Diputación y Gobierno de España para exhumar los cuerpos enterrados en Pico Reja y que data de 2017, aún con el PSOE al frente de la Junta.
https://www.eldiario.es/andalucia/convenio-identificacion-genetica-victimas-franquismo-andalucia-caducado-tres-meses_1_9789517.html
