José Miguel Ruiz de Molina culmina la fase de inicio en la reciente especialidad con una decena de casos abiertos: “Nuestra labor es de asesoramiento y acompañamiento con el objetivo de la no repetición”
Nació el mismo año que murió Franco, así que calcular su edad es muy sencillo en tiempos de aniversario del final del dictador. “Nací en agosto y se murió en noviembre”, dice con ironía para resaltar que su vida parece ligada al franquismo. La vigente tarea de José Miguel Ruiz de Molina (Madrid, 1975) es tratar de hallar, aclarar y exponer los estragos causados por la represión autoritaria entre los años 1936 y 1981, entre el levantamiento militar que inició la Guerra Civil y “la fecha en la que se considera que acaba el tardofranquismo”.
Licenciado en la Universidad Carlos III de Madrid, accedió a la Fiscalía con la sorprendente edad de 27 años. “Mi primer destino fue un pueblecito de la costa catalana, Arenys de Mar. Aterricé allí en abril de 2002, día de riadas, empecé a ejercer entre lluvia y truenos”, vuelve a bromear. Su actitud y oratoria serenas, un pequeño montón de carpetas verde esperanza con casos abiertos sobre la mesa, contradicen cualquier tendencia a la tormenta. Más bien parece buscar la calma, la que proporciona conocer la verdad.
Llegó a la Fiscalía Provincial de Cádiz apenas una década después de debutar como fiscal y en otoño de 2025 cumplía su primer año completo al frente de la reciente área de Memoria Histórica. Admite con humildad que su trabajo depende de las asociaciones de particulares, de las familias, de lo que busquen y denuncien. Agradece la colaboración institucional, especialmente de la Diputación Provincial, y entiende la peculiaridad de su Ministerio Público.
Al contrario que los demás fiscales, apenas persigue a presuntos criminales para llegar a una condena. Sus perseguidos, en enorme y creciente porcentaje “ya están muertos”, así que se trata de asesorar, acompañar a los afectados, a los que perdieron a sus parientes sin saber cómo, a los que no saben dónde están enterrados sus antepasados. Su trabajo es “conocer y dignificar”. Dos objetivos, dos verbos, mucho más complejos y subjetivos que castigar.
Pregunta. La Fiscalía de Memoria Histórica es un área de reciente creación en Cádiz, usted es nombrado en septiembre de 2024. ¿Con los tiempos que gasta la administración de Justicia y una materia que se remonta a otro siglo, aún está en el inicio?
Respuesta. La fase inicial fue entrevistarme con las asociaciones para darme a conocer. Lógicamente, no me conocía absolutamente nadie. Nadie sabía de esta especialidad. Ha sido un proceso lento. También con las instituciones que tampoco tenían mucho conocimiento de esta especialidad. En esa etapa ha transcurrido 2025. Una toma de contacto que ya está dando frutos pero es lenta. Primero se recaba la documentación, después se inician los trámites. Estos son algunos de los expedientes que ya se han formado, poco a poco, para presentar [señala una decena de carpetas sobre su mesa]. Hay unas cuantas. El año 2026 va a ser más sencillo.
P. Su especialidad aún está en fase de arranque, de presentación. ¿Cómo son los primeros casos que contienen esas carpetas?
R. Hay varios campos. Por una parte hemos empezado con los concejales que fueron asesinados en Cádiz, en el Ayuntamiento, cuando se produjo el golpe. Una de las asociaciones lo pidió. Hemos recabado toda la documentación, los autos que en su día les condenaron. Se ve cómo son fusilados en el foso de las Puertas de Tierra, lo que hicieron para tener ese fin, que fue estar como concejales adscritos a partidos políticos de izquierdas o no afines al golpe. Unos eran panaderos, otros letrados pero todos concejales y su delito fue ser elegidos democráticamente. Fue la causa única que tuvieron. A partir de ahí hay otros casos, por ejemplo, el de un manifestante del metal en los astilleros.
R. Hoy en día, cuando hay algún conflicto en el metal o en los astilleros se juzga, lógicamente, si producen daños materiales o si algún participante puede cometer algún delito. En el caso que estamos recabando, el trabajador reclamaba una mejora laboral, salarial pero se consideró que menoscababa el sistema establecido y se le condenó a muerte. Así, directamente, para qué quedarse en una pena intermedia. En la sentencia se fundamentan tales razonamientos. Se dice que se le condena por ser un elemento subversivo que introduce ideas comunistas. Por ideas comunistas se consideran la mejora de los salarios y el derecho a vacaciones.
P. No todos los casos deben aparecer así de claros y documentados. Un gran apartado de la labor y la misión teórica de la Fiscalía es identificar y localizar, para dignificar, muchos enterramientos de represaliados de ubicación desconocida.
R. Es el caso de las fosas comunes. Siguen apareciendo con los cuerpos de personas que sus familias han buscado. En muchos casos, esos familiares saben que están enterrados en una zona pero puede ser muy amplia y no sabe dónde con exactitud. Se buscan esos restos con un georradar, primero, para ver si hay o no indicios de posibles cuerpos. Si hay resultado positivo, ya se hacen las catas por parte de los arqueólogos y la exhumación. Esos restos son enviados a un instituto especializado en Granada, gracias a un convenio con la universidad. Allí se hacen los cotejos con el ADN de los familiares. Tras ese último paso, por fin tenemos la identificación.
P. Suena a proceso largo y complicado.
R. Todo el proceso se inicia, como cualquier otro, con la demanda en el juzgado. Se trata de esclarecer lo que ocurrió, cómo esas personas fueron asesinadas, en qué circunstancias, la motivación ideológica que hay detrás, si se les incautaron bienes.
P. ¿La localización de cadáveres es muy costosa, técnicamente muy exigente?
R. Pueden aparecer por denuncias de asociaciones y familiares que sospechan o, en un segundo grupo, de forma casual. En alguna ocasión me he enterado por la prensa. Aparece un cadáver con signos. Entonces avisamos al arqueólogo e iniciamos la investigación.
P. ¿Y quién paga todo eso?
R. La Diputación Provincial y la Federación de Municipios son las entidades que han financiado. Uno de los problemas es que no hay un presupuesto. A veces, entre una localización por georradar y la exhumación pueden pasar tres años. No tenemos ninguna asignación. La asignación la realizan la Diputación Provincial de Cádiz o la Federación de Municipios y Provincias. También la Comisión de la Concordia de la Junta que tiene asignado un presupuesto en Andalucía. La Fiscalía reclama la información y visualiza el trabajo. Entonces, decidimos interponer las demandas. Estamos acompañando a las víctimas. Hacemos una labor de asesoramiento legal. Asesoramiento y acompañamiento.
P. Quizás la mayor peculiaridad de su especialidad fiscal es que no persigue condenas para ninguna persona responsable, no pretende terminar -como el resto- en un castigo penal, en una sentencia. Como mucho, aspira a algún reproche público, una aclaración.
R. Bueno, cabe la posibilidad de alguna condena concreta a una persona pero es cierto que hablamos de hechos asociados a la guerra y posguerra, de 1936 a 1981. Hay excepciones. Imaginemos que una persona ha sido torturada en una comisaría en 1978. Ahí sí se puede investigar porque es posible que haya responsables vivos.
P. Pero esos casos son los menos, lo normal es investigar hechos de las décadas de los 40, 50 y 60, con sus protagonistas ya fallecidos.
R. Sí, de hecho, en los primeros casos abiertos en la provincia de Cádiz no hay ninguno con protagonistas vivos. Por ahora yo no he recibido ninguna información de un caso así pero en otras fiscalías de otros territorios sí los hay. Por ejemplo hay un asunto tramitándose en Vía Laetana, en Barcelona. Ahí se está llevando a cabo una reclamación de todo el material para interponer una querella a una persona, o varias, en concreto.
P. ¿Estos delitos no prescriben?
R. El Tribunal Constitucional, por ahora, ha dicho que todo estaría prescrito pero nosotros defendemos, desde la interpretación del Derecho Internacional -que se supone que también es el nuestro- que los delitos de lesa humanidad, genocidio, deportaciones, torturas, asesinatos, todos esos tan graves, no prescriben. Es una batalla que tenemos y que no vamos a dejar.
P. ¿A qué zonas de la provincia afectan los casos que tiene abiertos, sobre la mesa?
R. A todas. Me voy reuniendo con las asociaciones y les informo por si tienen algún asunto para que lo puedan canalizar. Hemos hablado de los concejales y el trabajador de Cádiz. En San Fernando se han visto exhumaciones. Algeciras y todo el Campo de Gibraltar, tiene bastante actividad. A nivel de fosas, en Jimena, en Trebujena, en San José del Valle. Todas se están tramitando. También hay muchos casos en la Sierra de Cádiz, que fue muy convulsa en la Guerra Civil y la posguerra. Este año espero reunirme con todas las asociaciones que me quedan pendientes.
P. Parece usted esperanzado con un proyecto tan complejo y doloroso, con casos que se remontan a casi un siglo.
R. Lo vivo con la ilusión de un proyecto nuevo. Cuando hay un proyecto ilusionante, puede ser gratificante. El hecho de formar expedientes y que se puedan interponer las demandas, que se pueda hacer una reparación, me resulta bastante gratificante. También lo es la posibilidad de recuperar bienes incautados en su día y devolverlos a sus legítimos dueños. Uno de los objetivos máximos es propiciar la no repetición.
P. De lo más trágico a lo simbólico, ¿qué piensa hacer usted en caso de recuperación del nombre Carranza para el estadio de fútbol de Cádiz o de los intentos de que uno de los puentes de la ciudad conserve ese nombre?
R. Lo que hacemos es comprobar que se cumple la ley, no hacemos otra cosa. Si comprobamos que un nombre de calle, una bandera, un escudo, no cumple la Ley, hacemos una pequeña investigación y lo comunicamos a la Secretaría de Estado o al organismo administrativo oportuno. Nosotros actuamos cuando se reclama por escrito, si alguien protesta. Si alguien quisiera recuperar el nombre Carranza, primero habría que esperar a que sucediera, que no ha sucedido. Luego, que alguien lo denunciara, escuchar a todas las partes, a ver cómo se argumenta ese intento. Nosotros nos informaríamos pero, por ahora, todo es ciencia ficción. En esta mesa no existen esos casos.
P. ¿Cómo recibe un fiscal de Memoria Histórica esos estudios y sondeos que dicen que una quinta parte de los jóvenes cree que el franquismo fue positivo, incluso lo echan de menos? ¿Anécdota, ola mundial de involución, fracaso educativo de todos?
R. La memoria colectiva es frágil y para llegar a las garantías de no repetición creo que lo ideal sería que la memoria histórica reciente incluso se cursara como una asignatura optativa propia. Al menos, en los institutos. Hasta ahora es un temario que se da de una manera rápida, o ni se llega. Al menos, cuando yo estudiaba. Cuando se acaba el curso se llega a una guerra mundial, y con suerte. Luego se acabó.
P. ¿Entonces comparte que como sociedad se ha contado mal esa época de la historia de España?
R. Aquí pasaron cosas y se trata de que no vuelvan a ocurrir. Para que no vuelvan a ocurrir hay que saber qué ocurrió, su gravedad y cómo era la sociedad en aquellas épocas, porque hablamos desde 1936 hasta 1975, 1980, que ya no es tanto tiempo. Los jóvenes podrían hacerse preguntas ¿Hasta cuándo la mujer no podía sacar dinero del banco sin autorización del marido? Pues hasta ayer, prácticamente. La ley de vagos y maleantes, el colectivo gay reprimido, con homosexuales internados en centros de reeducación. En la provincia había al menos tres. Podrían preguntarse qué pasaba en esos centros. El divorcio todavía es más reciente. Si no se lo contamos a los jóvenes, si no le decimos qué pasó, la gente lo olvida y sólo quedan esas cosas de que se hicieron muchos pantanos, de que si la paz y la seguridad. La gente olvida lo demás, eso no se estudia y no se habla. Queda lo que se quiere transmitir de plataformas y redes, a través de Instagram y TikTok. Es lo que manda.
P. ¿Teme que la anunciada llegada de un gobierno conservador a España, con presencia de ultraderecha como en muchos países del mundo, suponga un freno, incluso la desaparición de la Fiscalía de Memoria Histórica?
R. Espero que no. Nosotros no estamos vinculados a un partido político. Es verdad que habrá partidos políticos que tengan más sensibilidad y que den más presupuesto, otros que no. Pero, por ejemplo, la Diputación no tiene un gobierno de izquierdas y es muy activa en esta materia. También la Comisión de la Concordia, que depende de la Junta, asigna presupuesto sin problema. Colaboran como el que más. Si hay un cambio político no tiene por qué producirse necesariamente un freno, menos una desaparición. Que maticen plasmando su punto ideológico. Eso no lo descarto.
