El Gobierno avanza en la creación del Consejo de Memoria Democrática, que acogerá una ‘Comisión de la Verdad’
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este miércoles en el Pleno de Congreso que el Gobierno va a enviar “de manera inminente” al Consejo de Estado el real decreto que regulará el Consejo de Memoria Democrática, un órgano acogerá la “comisión de la verdad” encargada de “contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los Derechos Humanos durante la Guerra y la Dictadura”, como forma de “favorecer la convivencia democrática”.
Con este real decreto sobre el que el máximo órgano consultivo del Estado deberá emitir, el Ejecutivo desarrolla lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre de 2022.
Según ha avanzado el ministro, en el marco de la interpelación que le ha formulado la diputada de Bildu, Bel Pozueta, en el seno de este Consejo se creará la “comisión de la verdad”, una comisión de ámbito estatal, de carácter académico, temporal y no judicial, e independiente, destinada a “contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los Derechos Humanos durante la Guerra y la Dictadura”, como forma de “favorecer la convivencia democrática”.
Se trata de una comisión distinta de la creada en virtud de la disposición adicional sexta de la Ley de Memoria, que el Gobierno pactó con Bildu durante la tramitación de esta norma.
Así, mientras la ‘comisión de la verdad’ se encargará de “sistematizar la información existente sobre las violaciones de Derechos Humanos durante la Guerra y la Dictadura”, la otra analizará los “supuestos de vulneración de Derechos Humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983” y deberá apuntar “posibles vías de reconocimiento y reparación” para ellas.
La ‘comisión de la verdad’ anunciada por el ministro podrá recibir testimonios, información y recopilar documentos que le permitan, “con objetividad e imparcialidad”, la elaboración de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas y evitar a que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro.
En concreto, la comisión elaborará un informe para sistematizar la información existente sobre las violaciones de Derechos Humanos durante la Guerra y la Dictadura, con el objeto de superar la fragmentación y dispersión de información y esfuerzos. Igualmente, podrá proponer un plan ordenado de investigaciones, así como la promoción de metodologías y protocolos de actuación en este ámbito, según prevé la ley.
Académicos y expertos en derechos humanos
La composición de la comisión se establecerá vía reglamento, pero la norma ya prevé que esté integrada por “personas de reconocido prestigio en el mundo académico y en el ámbito de los Derechos Humanos”. También habrá de fijar un plazo para que cumpla su cometido y las condiciones para que el Consejo pueda contar con un mecanismo formal de validación, presentación formal y difusión de las conclusiones de sus informes, asegurando la participación y el reconocimiento oficial de las víctimas y sus familiares.
De su lado, el futuro Consejo de la Memoria Democrática, adscrito al ministerio de Torres y presidido por él, será un órgano “colegiado consultivo” que estará compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las entidades memorialistas y de expertos en este ámbito.
Entre sus funciones tendrá informar del proyecto del Plan de Memoria Democrática y del plan plurianual de búsqueda, localización, exhumación e identificación, así como conocer los informes anuales de seguimiento y evaluación de los mismos y elaborar informes y recomendaciones sobre las políticas memorialistas y valorar las ayudas y apoyos de la Administración General del Estado a las mismas.
Durante su interpelación, Pozueta ha recordado a Germán Rodríguez, el joven asesinado por la policía en los sucesos de los Sanfermines de 1978, en los que, según ha recordado, hubo “otros diez heridos por disparos” y fueron atendidas de diversa consideración unas 300 personas. Dos días después, ha reseñado, en San Sebastián, durante una manifestación de protesta por lo sucedido en Pamplona, Joseba Barandiaran, fallecía víctima de otro disparo.
“Nunca ningún gobierno español ha querido investigar, ni aclarar, ni reconocer lo ocurrido en aquellos sanfermines, tampoco buscar la verdad, la justicia y la reparación para Germán y para su familia, ha denunciado Pozueta, exigiendo que, como pidió el Parlamento navarro en 2018, se saquen a la luz “todos los documentos” relacionados con estos hechos, “se acabe con la impunidad y se den pasos en el esclarecimiento de la verdad”.
En su réplica, el ministro ha destacado que aquellos sucesos, como los de Vitoria en marzo de 1976, se enmarcan en “actuaciones de las Fuerzas de Seguridad que por entonces no respondían a los criterios de estricto sometimiento a la ley y al derecho que operan hoy”.
“La respuesta policial no se movió en parámetros precisos y de obligado respeto a los Derechos Humanos”, ha admitido, como ya hizo tras visitar Vitoria el pasado mes de marzo, incidiendo en que “el Estado actual no es el alejado de los Derechos Humanos de entonces”.
Vulneraciones de derechos tras la dictadura
En este contexto, se ha mostrado abierto a realizar “avances en el reconocimiento de las víctimas” de Pamplona, garantizando que mantiene una colaboración total con el Gobierno autonómico de la también socialista María Chivite y que sus actuaciones en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación a este tipo de víctimas “tendrán su eco” en las del Ejecutivo central.
Eso sí, ha especificado que el Gobierno no puede ir más allá de un reconocimiento “administrativo” a las víctimas. “Estaríamos ante un renocimiento institucional del Gobierno para superar un periodo histórico de vulneración manifiesta de los Derechos Humanos, en este caso cometido desde las propias estructuras del Estado, por agentes del Estado, más allá del periodo de la dictadura, contra quienes lucharon por la consolidación de la democracia”, ha añadido.
Ese reconocimiento, ha abundado, tendría una doble vertiente, por un lado “reconocer que esa violencia sistemática y sistémica partía de la propia estructura del Estado y reconocer a las víctimas en su calidad de víctimas situando al Estado donde corresponde que es al lado de ellas”.
