La exhumación de Francisco Franco del Valle de Cuelgamuros fue uno de los iconos con los que Pedro Sánchez echó a andar su Gobierno. Un año después de llegar a Moncloa con la moción de censura, en octubre de 2019 el Ejecutivo sacaba al dictador del enclave. La imagen marcaba la senda que siguió después, con el impulso de un plan de exhumaciones de la guerra civil y el franquismo, y el alumbramiento en 2022 de la ley de memoria democrática, destinada a reparar a las víctimas. El balance de estas políticas se traduce en 8.200 exhumaciones y 200.000 concesiones de nacionalidad a descendientes de exiliados.

Con la llegada de Mariano Rajoy al poder en 2011, en plena recesión económica, se redujo al mínimo las partidas presupuestarias destinadas a exhumaciones. Una situación empezó a revertirse con la moción de censura de 2018. Según las cifras del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, desde la llegada de Sánchez al poder se han contabilizado 8.200 cadáveres exhumados por las distintas administraciones públicas. De ellos, 5.900 pertenecen al I Plan Cuatrienal 2020-2024 impulsado por el Gobierno poco antes de la ley de memoria democrática, por el que se financiaron un total de 721 proyectos. En el tercer aniversario de la norma, el Gobierno ultima el II Plan Cuatrineal de exhumaciones para continuar los trabajos.

Muchas de las actuaciones de 2024 y 2025, detallan fuentes gubernamentales, se están ejecutando aún y sus resultados por tanto están pendientes de validarse en informes oficiales. De estas exhumaciones, se han producido 220 identificaciones, aunque la mayoría de las muestras extraídas están en proceso de identificación. En el valle de Cuelgamuros, el número de solicitudes de familias para exhumaciones es de 202, y se han producido 19 identificaciones de represaliados.

Desde 2020 hasta la actualidad las exhumaciones que están dentro del plan de exhumaciones son las que se realizan con subvención directa de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a través del Conferencia Sectorial a las comunidades autónomas y a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a los Ayuntamientos. Además, se han concedido subvenciones nominativas directas a Ayuntamientos que tienen grandes fosas como Sevilla, Córdoba, Huelva, Jaén o Manzanares (Ciudad Real). Además, este año se ha abierto una línea de subvenciones directas de 100.000 euros para cada una de las Diputaciones y Cabildos que han mostrado interés en realizar exhumaciones.

Otro de los aspectos más llamativos de la ley es que reconoce el derecho a reclamar la nacionalidad a los hijos o nietos nacidos fuera de España cuyos padres o abuelos españoles que tuvieron que exiliarse por razones políticas, ideológicas, creencia u orientación e identidad sexual. La propia disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática establece que el mencionado plazo de dos años se inicia con la entrada en vigor de la ley, por lo que su vigencia terminaba el 22 de octubre de 2024. El Gobierno aprobó el año pasado una prórroga por la que amplía el plazo hasta dentro de unas semanas, el 22 de octubre de 2025.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afirmó este lunes que España ha concedido hasta el momento 237.145 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos en virtud de esta ley de memoria democrática. El número de solicitudes de nacionalidad concedidas hasta la fecha representan el 27% de todas las presentadas, que son 876.321.

El Gobierno cifra en 8.200 las exhumaciones desde que llegó Sánchez y 200.000 nacionalizados por la ley de memoria democrática