La Asociación por la Memoria Militar Democrática solicitó sin éxito a Defensa honores para Laudelino Fernández León, capitán republicano abatido en 1939
El pasado viernes 25 de abril, en el cementerio de Vegadotos (Asturias), se celebró un acto en homenaje a Laudelino Fernández León, capitán del Ejército Republicano del Norte, abatido en combate en febrero de 1939 tras resistir durante dieciséis meses en los montes de Mieres frente a las fuerzas franquistas. Al homenaje acudieron “autoridades locales” y “la Directora General de Memoria Democrática del Gobierno del Principado de Asturias, Begoña Collado Villa”, según informaron los organizadores.
La Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD), junto a los familiares de Laudelino, había solicitado oficialmente al Ministerio de Defensa “un reconocimiento oficial como militar caído en combate” y la participación de “un piquete de honores militares” en el acto. El expediente enviado el 26 de marzo, acompañado de un exhaustivo dossier histórico, documentaba la trayectoria del capitán, quien luchó en defensa de la legalidad republicana y cayó combatiendo en febrero de 1939, cuando la guerra aún no había concluido oficialmente.
La respuesta del Ministerio, fechada el 2 de abril, fue, sin embargo, decepcionante. En lugar de valorar el fondo de la petición, Defensa se limitó a remitir el caso al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, alegando que “se han creado órganos administrativos y procedimientos específicos con la finalidad de dar respuesta a las medidas de reconocimiento contenidas en la Ley de Memoria Democrática”. Desde la AMMD califican esta respuesta como un acto de evasión de responsabilidades: “El gabinete de la ministra Robles aprovecha una laguna legal, respondiendo con una actitud que no les compromete a nada, no les implica en nada, y la única interpretación que ofrece es la de echar balones fuera”. Sin honores, sin presencia militar, sin reparación simbólica. Una negativa silenciosa que contrasta con la atención prestada en otros ámbitos.
Mientras tanto, el Estado ha impulsado actos oficiales para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, destacando la importancia de recordar “medio siglo de libertad”. Este esfuerzo por fortalecer la conciencia democrática entre la ciudadanía es, sin duda, necesario. Celebrar el fin de la dictadura y el avance hacia una sociedad libre constituye un deber colectivo que merece ser reivindicado.
Pero de nada sirve celebrar cincuenta años de libertad si antes no se honra a quienes realmente lucharon y murieron para hacerla posible. No se puede conmemorar plenamente la democracia si se olvida a quienes, como Laudelino Fernández León, se enfrentaron al fascismo con su vida, sin esperar recompensa alguna. La libertad que hoy disfrutamos no nació espontáneamente en 1975: fue sembrada por miles de hombres y mujeres que, desde la legalidad republicana, combatieron la injusticia, la opresión y el autoritarismo.
Como muestra el dossier presentado por la AMMD, Laudelino Fernández León combatió “en los batallones 272 y 274 del Ejército del Norte”, fue ascendido a capitán tras formarse en la escuela militar republicana de Deva y, tras la caída del frente asturiano, continuó resistiendo hasta su muerte. “Durante horas estos hombres aguantaron en combate contra más de doscientos efectivos del ejército rebelde, guardias civiles y efectivos adscritos a Falange”. Su final, como el de tantos otros, fue la fosa común y el olvido.
La desigualdad en el reconocimiento de los caídos de ambos bandos sigue siendo escandalosa. Los soldados del bando franquista fueron enterrados con honores, sus nombres perpetuados en monumentos y memorias oficiales. Los republicanos, en cambio, fueron condenados al anonimato, sus cuerpos abandonados en cunetas, sus nombres borrados de la historia. Mientras se siga ignorando esta realidad, la democracia española permanecerá herida.
La memoria democrática exige algo más que celebraciones simbólicas: demanda justicia efectiva, reparación real, reconocimiento público. Como recuerda la propia Ley de Memoria Democrática, el Estado tiene la “obligación moral y política” de dignificar a todas las víctimas del franquismo, y esa obligación incluye reconocer a quienes, como Laudelino, defendieron la legalidad constitucional y cayeron en acto de servicio.
El testimonio de su nieto lo resume con dolorosa sencillez: “me preguntaba por qué mataban a una persona por defender esos ideales”. Esa pregunta sigue resonando hoy, interpelando a unas instituciones que a menudo prefieren la amnesia a la responsabilidad.
España ha recorrido un largo camino en estos 50 años de democracia. Pero mientras los héroes republicanos sigan enterrados en el anonimato, mientras se niegue a sus familias un homenaje digno, la libertad que celebramos será siempre parcial. La historia de Laudelino Fernández León nos recuerda que la democracia no solo se hereda: se honra, se construye y se repara cada día.
Porque no hay libertad completa sin memoria justa. Y no hay verdadera democracia mientras los defensores de la legalidad sigan olvidados en las cunetas de la historia.
El Gobierno de España celebra 50 años de democracia olvidando a quienes murieron por defenderla
