El Gobierno de España recurrirá ante el Constitucional la Ley de Concordia extremeña que deroga la de Memoria Histórica
Se creará en primer lugar un grupo de trabajo para que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática negocie con la Junta, y si no hay acuerdo se formalizará el recurso ante el Tribunal
El Gobierno de España llevará al Tribunal Constitucional la nueva Ley de Concordia aprobada en la Asamblea de Extremadura con los votos del PP y Vox el pasado 9 de octubre en sustitución de la Ley de Memoria Histórica y Democrática del año 2019. Así lo ha anuciado este jueves en Cáceres el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, antes del acto en el que se va a dar a conocer el ganador del Premio Conchita Viera de memoria democrática que organiza la Diputación de Cáceres.
«La Junta de Extremadura ha derogado la Ley de Memoria Histórica y ha hecho una Ley de Concordia que ha sido estudiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y hemos visto que existen fundamentos suficientes para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad», ha avanzado Quintana, quien ha detallado que en primer lugar se le comunicará el recurso a la Junta de Extremadura, para designar un grupo de trabajo e iniciar una negociación «para tratar de resolver las discrepancias».
Ya el mismo día de la aprobación en la Asamblea de la nueva Ley de Concordia, el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, anunció que pediría al Gobierno central que presentase un recurso de inconstitucionalidad, tal como hizo con normas similares aprobadas por otros gobiernos autonómicos con el apoyo de PP y Vox. Su objetivo es que la norma no llegue a entrar en vigor.
La aprobación de esta norma en sustitución de la anterior aparecía en el acuerdo inicial entre PP y Vox para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta en 2023. Sin embargo, un año después Vox rompió los gobiernos de coalición en varias comunidades autónomas y el PP extremeño aseguró que ya no era una prioridad.
Tras la falta de acuerdo para los Presupuestos de 2025, PP y Vox acordaron recuperar esta iniciativa en el pacto para la aprobación de nuevas rebajas fiscales a comienzos de este año. Así surgió la Ley de Concordia, que no recoge una derogación sin más de la Ley de memoria histórica, sino que ofrece un texto alternativo que amplía el periodo temporal de acción (desde la II República hasta la transición) y que incluye a las víctimas del terrorismo, entre otras cuestiones.
