El Gobierno de Navarra ha dado un paso histórico en materia de convivencia: ha reconocido hoy a las primeras doce víctimas de violencia provocada por grupos de extrema derecha o funcionarios del Estado. Entre ellas, constan Mikel Zabalza, torturado hasta la muerte en 1985 el cuartel de Intxaurrondo de la Guardia Civil, y Mikel Arregi, concejal de HB en Lakuntza ametrellado por la Guardia Civil cuando conducía en la carretera de Etxarri en 1979.
Las doce víctimas reconocidas fueron vejadas, heridas o asesinadas entre 1969 y 1994 en territorio de la Comunidad Foral, menos Zabalza —que lo llevaron al cuartel de Donostia, aunque en el informe aún consta que se ahogó en el río Bidasoa—.
Con este reconocimiento formal, el Gobierno de Navarra ha empezado a ejecutar la ley foral que persigue la reparación a personas cuyos derechos humanos fueron vulnerados en un contexto de violencia de motivación política, equiparando así víctimas de la Guardia Civil y otros organismos paramilitares y terroristas con las víctimas de ETA.
Además del reconocimiento, el Gobierno de María Chivite ha consignado una partida económica en los Presupuestos Generales de Navara para 2024, recientemente aprobados, que complementará la reparación moral con una indemnización económica.
Según explica el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, el resto de las diez víctimas son cuatro personas que resultaron heridas por arma de fuego durante las protestas por la amnistía en los Sanfermines de 1978 —la Policía hirió a más de 150 personas y mató a un estudiante de un tiro en la frente, Germán Rodríguez—, cuatro personas torturadas física y psicológicamente durante sus detenciones y otras dos personas heridas en atentados reivindicados por grupos de extrema derecha.
El reconocimiento se ha realizado tras varias verificaciones: primero, el director de Memoria y Convivencia y el director del Instituto Navarro de la Memoria, luego dos peritos forenses y una psicóloga con experiencia en materia de víctimas, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal. A propuesta del Parlamento de Navarra, cuatro personas expertas en el ámbito académico y social han completado el proceso.
La ley fue impugnada y declarada parcialmente inconstitucional en 2018, por lo que fue sustituida en 2019 por el texto actual (16/2019, de 26 de marzo). Este reconocimiento ocurre en la recta final de la campaña electoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde es habitual que ante unos comicios políticos, ciertas formaciones pregunten a EH Bildu por ETA y la formación soberanista conteste respondiendo que hay más víctimas, aparte de las de ETA, y ni torturados ni asesinados por funcionarios públicos y organizaciones de extrema derecha reciben la misma categoría administrativa y social que las víctimas de ETA.
El Gobierno vasco puso en marcha una ley similar en 2016, más conocida como la ley de los abusos policiales. En su tercer informe, realizado el año pasado, propuso reconocer a 66 víctimas, entre ellas Joxi Zabala.
