El Gobierno de Pedro Sánchez decidió esta semana desclasificar una serie de documentos relativos al golpe de Estado en Chile de 1973. La medida se enmarca en el intento, del otro lado del océano, de “recuperar la memoria democrática” al cumple medio siglo del inicio de la dictadura de Augusto Pinochet.
La observadora permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carmen Montón, entregó este en Washington a su homólogo chileno una serie de documentos desclasificados relativos al golpe militar que acabó con el Gobierno -y la vida-de Salvador Allende.
La diplomática agregó que, que a partir de ahora, con esta decisión, se podrán analizar y estudiar “muchos” documentos sobre el golpe y las relaciones de Chile con la OEA correspondientes a 1972, 1973 y 1974. “Queremos contribuir a dar luz a lo sucedido”, resumió sobre el valor de la medida.
A finales de agosto, en otro gesto hacia la memoria histórica chilena, el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, celebró que el Tribunal Supremo del país latinoamericano condenase a los asesinos del español Carmelo Soria, diplomático ibérico víctima del pinochetismo. “Se ha hecho justicia ante un crimen que no podía quedar impune”, aplaudió el ministro.
Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), organismo cuyo objetivo principal es la localización de víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, las medidas, loables en el plano internacional, se inscriben “en la doble moral” que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene en materia de memoria histórica y democrática.
En diálogo con LPO, Emilio Silva, sociólogo y presidente de ARHM, afirma que está “muy bien que se entregue esa documentación al Estado chileno pero parece un poco de doble moral cuando el Gobierno de España mantiene clasificados muchísimos documentos que nos permitirían conocer verdades sobre la represión de la dictadura y la corrupción política y económica de los tiempos del dictador”.
“Llama la atención que el Gobierno español ofrezca al gobierno chileno alguna documentación clasificada sobre el golpe de Estado de Pinochet del 11 de septiembre de 1973 y que mientras desclasifica eso sus documentos hacia Chile mantiene en España una ley de Secretos Oficiales del año 1968 que fue redactada por la dictadura de Francisco Franco”, señala.
El Artículo 2 de esa ley declara como materias clasificadas “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.
Desde su promulgación, esta norma ha sido invocada en numerosas ocasiones para guardar silencio sobre ciertas cuestiones de seguridad nacional.
A mediados de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la ley de Información Clasificada para, justamente, sustituir la ley franquista de 1968. Sin embargo, año más tarde, el proyecto descansa en un cajón. En Moncloa reconocen que no “está prevista su aprobación definitiva a corto plazo”.
“Mientras aquí se están ocultando montones de documentos, se desclasifican archivos para participar de la fiesta de la democracia en Chile. Mientas se celebra que allí se condenen crímenes, aquí han quedado todos impune”, cuestiona Silva.
Y agrega: “Una doble moral que no parece casual si uno ve lo ocurrido con esta documentación entregada al Gobierno de Chile y mirando unos años hacia atrás observa como la justicia española detuvo a Pinochet en Londres en octubre del año 1998 y jamás ha juzgado ni ha condenado a ningún responsable de la dictadura española en la que desaparecieron más de cien mil civiles”.
A juicio de la AMRH, la desclasificación de archivos y la foto que Montón se sacó junto al representante permanente de Chile ante la OEA, Sebastián Kraljevich, confirman que España “exportar memoria e importar olvido”.
