Nueve familias víctimas del franquismo han solicitado su derecho a estar presentes en los trabajos de excavación
La petición fue registrada ante el Ministerio de Presidencia por el abogado Eduardo Ranz, que representa a nueve de las 128 familias inmersas en las exhumaciones que inició el Gobierno el pasado 12 de junio. Lo hizo un día después de que comenzaran los trabajos «en respuesta a las notificaciones efectuadas por correo electrónico (…) en la madrugada del domingo». Muchas víctimas se sintieron vilipendiadas porque la información de las inhumaciones se filtrara antes a la prensa.
«Ante el sentimiento de esperanza que ha generado recibir la comunicación con las garantías del Gobierno, así como aceptando de buen grado el ofrecimiento de sus misivas de mantenernos informados de cualquier novedad, queremos solicitar, en tanto científicamente sea posible, el acceso al lugar de intervención con la finalidad de asimilar in situ los trabajos de exhumación», sostiene Ranz en su carta, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Petición al Gobierno
El abogado realiza la reclamación basándose en los «precedentes históricos que sentaron las familias del dictador y del fundador del partido único, exhumados en el mismo lugar». El Gobierno trasladó los restos de Francisco Franco desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio-El Pardo en octubre de 2019, tras un choque frontal con su familia, que pudo acceder al complejo. Mucho más sosegada fue la inhumación de José Antonio Primo de Rivera el pasado abril, ya que todos los detalles se habían consensuado con sus descendientes.
Las asociaciones memorialistas defienden que los familiares de las 128 víctimas del franquismo que han solicitado recuperar a sus parientes tienen derecho a estar presentes durante las labores. Así lo reconoce el Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que aprobó un gobierno socialista en 2011, con Ramón Jáuregui al frente de la cartera de Presidencia.
El texto toma como referencia el Protocolo de Minnesota elaborado por la ONU en 1991 «para la prevención e investigación efectivas de ejecuciones sumarias, extrajudiciales, arbitrarias o ilegales». Su contenido establece que «a los procedimientos de excavación asistirán, si así han manifestado su deseo, los familiares directos de las víctimas».
«Las exhumaciones del Valle de los Caídos son por y para las familias. Es el momento de que empiecen a cerrar el duelo», afirma Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El Gobierno informó a las familias de que el 12 de junio los forenses entrarían por primera vez en las criptas de Cuelgamuros, pero aún no saben si podrán presenciar los trabajos.
Los descendientes no han tenido aún contestación del Gobierno, aunque el abogado Eduardo Ranz confía en recibir una respuesta «satisfactoria y reparatoria». Este diario han intentando sin éxito conocer los planes de la Secretaría de Estado de Memoria Histórica. Los familiares entienden las dificultades y el riesgo que entraña su asistencia a los trabajos, pero confían en que exista una fórmula que les facilite estar presentes en una actuación que llevan décadas esperando.
Cerca de sus familiares
«Queremos estar porque consideramos que es nuestro derecho y porque significa estar más cerca que nunca de los nuestros. A muchos nos gustaría ver de manera presencial las cajas y en las condiciones que han estado nuestros familiares todo este tiempo», reconoce Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares para la Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV).
Su tío abuelo, José Antonio Marco Viedma, fue ejecutado en las tapias del cementerio municipal de Calatayud (Zaragoza) por unos falangistas al poco de iniciarse la Guerra Civil. Sus restos fueron inhumados en una fosa común, pero se trasladaron décadas más tarde al Valle de los Caídos sin que su familia supiera nada. Una situación que también sufrieron otras víctimas, como Francisca González, que durante años pensó que su padre se encontraba enterrado en Cádiz.
Tras siete años de trabas burocráticas, el Tribunal Supremo dio luz verde en marzo a las exhumaciones después de rechazar el recurso de una asociación que trataba de evitarlas. Los descendientes confían en que una victoria electoral del PP no dé al traste con el proceso.
