El Consejo de Ministros aprueba, tres meses después de la decisión de PP y Vox, un recurso ante “el incumplimiento del deber de colaboración con el Estado”, según el ministro Ángel Víctor Torres
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Sobre los proyectos de otras comunidades que pretenden seguir los pasos de Aragón, el Gobierno dará la misma respuesta si terminan aprobándose en los parlamentos autonómicos. “Lo haremos en el momento en que esas proposiciones de ley se conviertan en ley”, ha avanzado Torres. El Ejecutivo recuerda que el “derecho internacional público reconoce el deber de memoria y obliga al Gobierno de España”, algo que se vehicula a través de la ley de Memoria Democrática.
La derogación aragonesa “incumple el deber de colaboración con el Estado en muchos aspectos”, según el ministro, que ha citado las cuestiones más preocupantes que acarrea esta decisión. “Retira las placas de señalización de los campos de concentración y de los lugares de memoria; elimina del sistema educativa el reconocimiento de las víctimas; elimina el mapa de fosas, la información a las asociaciones memorialistas y la transparencia de las paginas web”, ha enumerado. La retirada de la ley también va en contra de los artículos 10 y 15 de la Constitución Española, señala el Gobierno.
