El amedrantamiento a los periodistas que investigan a los ultras, las amenazas a los reporteros que cubren sus manifestaciones, el veto de Vox en su sede o en sus actos a los medios no afines o los agitadores camuflados como profesionales conforman un magma que pone en peligro el derecho de los ciudadanos a estar informados.
- Samuel Martínez / Madrid–
“Todos los periodistas o investigadores universitarios que conozco que han publicado investigaciones sobre la extrema derecha han recibido amenazas”. Son palabras de Miquel Ramos, periodista con más de 20 años a las espaldas investigando y escribiendo sobre la ultraderecha. “La última amenaza que he recibido fue esta semana“, explica.
Y no solo ocurre con la investigación. Cubrir manifestaciones de la ultraderecha es peligroso —como se demuestra continuamente— para los profesionales de la información y el ambiente generado por agitadores como Vito Quiles, cada vez más irrespirable. Ese magma, unido otras cuestiones como el hecho de que Vox vete sistemáticamente en su sede a los medios de comunicación no afines, pone en entredicho el artículo 20.1 de la Constitución Española.
La Carta Magna es cristalina al “reconocer” y “proteger” el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Por lo tanto, todo lo que vaya en contra de ese derecho a la “información veraz” va en contra también de la Constitución. Las amenazas de la ultraderecha “pueden coartar la libertad de expresión e información de quien las recibe por temor a que se cumplan”, explican a este medio fuentes expertas en Derecho Constitucional.
Esa es la fotografía general. Un derecho a la información en serio peligro por las acciones a veces pomposas y a veces quirúrgicas por parte de las distintas metamorfosis de la extrema derecha. “El periodismo es pieza de caza mayor”, asevera Ana Pardo de Vera, periodista, directora de corporativa y de relaciones institucionales de Público y habitualmente perseguida por los agitadores ultras. “La historia del siglo XX nos enseña que con los bulos y la información visceral tienen mucho ganado”.
La gran pregunta que sobrevuela es qué diques construir; cómo proteger el periodismo, a los periodistas y, por ende, blindar el derecho a la información de los ciudadanos.
Investigar a la ultraderecha sale caro
Los primeros años en los que Miquel Ramos escribió sobre la ultraderecha lo hizo bajo un pseudónimo para protegerse. Una precaución que jamás debería tomar un periodista. Cuando se desprendió del pseudónimo, comprobó en sus carnes que las amenazas son constantes. Pero las formas en las que se intenta amedrentar a profesionales como él ha ido evolucionando. “Los periodistas siempre hemos sido objeto de la extrema derecha, pero ahora lo somos también de otros compañeros”, explica.
La discusión sobre si se está haciendo suficiente para proteger a los periodistas especializados en ultraderecha ha llegado al Congreso. El Grupo Plurinacional Sumar registró en la Cámara Baja una serie de preguntas por escrito en las que se interesa acerca de si existen en la Policía Nacional “protocolos u operativos” para la “protección de periodistas que informan” sobre las actividades de grupos de extrema derecha. Habida cuenta de que, tal y como relata Miquel Ramos, es una práctica habitual, en Sumar entienden —y así lo explica a Público el diputado Lander Martínez— que sería interesante generar un protocolo específico dentro de la policía porque “las amenazas de la ultraderecha tienen características específicas, no son espontáneas, sino perfectamente trazadas y organizadas“.
Desde Sumar insisten, también, en algo importante. Más allá de la propia seguridad de los periodistas que cubren o investigan la actividad de grupos de extrema derecha, que debería poder garantizarse, esas amenazas “forman parte de una estrategia escuadrista” con un objetivo: “Amedrentar a los y las periodistas para que no pueden hacer su trabajo y cumplir con su obligación, la de ofrecer información veraz a la ciudadanía”.
Por eso sugieren la posibilidad de crear un protocolo que, de alguna forma, estandarice los procesos de actuación cuando se detecten dichas amenazas que buscan casi siempre generar el miedo suficiente para ahuyentar a los periodistas y que se lo piensen dos veces antes de informar.
Hay que partir de la base, con todo, de que al no tratarse de una proposición de ley ni de una proposición no de ley, la iniciativa de Sumar no se someterá a votación en el Pleno. Sirve fundamentalmente para abrir el debate. El Ministerio del Interior respondió. “Aunque no existe un protocolo específico para este caso concreto”, dijo en una respuesta a la que ha tenido acceso Público, “los procedimientos habituales de investigación de conductas delictivas sirven perfectamente para el esclarecimiento de esos hechos”. En otras palabras, ni existen protocolos ni serían necesarios porque, según el ministerio de Fernando Grande-Marlaska, ya existen mecanismos.
Público se ha puesto en contacto con Interior para ahondar en el asunto, pero no ha ofrecido más detalles. En Sumar ven “insuficiente” la respuesta.
Miquel Ramos no acaba de compartir la necesidad de generar un protocolo específico para las amenazas de la ultraderecha a los periodistas porque “podría generar un agravio comparativo —un privilegio—” de los periodistas con respecto al resto de ciudadanos. Explica que ya existen mecanismos judiciales para proteger la libertad de información, aunque muchas veces no se aplican “con la diligencia suficiente”. Ramos cuenta que, alguna vez, “algún funcionario” le ha llegado a avisar “de que andaban detrás” de él. En cualquier caso, considera que las herramientas existentes deberían funcionar siempre y no depender de la bondad de un agente concreto.
Cubrir manifestaciones y (no) cubrir a Vox
Si esas amenazas constantes —públicas y privadas— contra quien investiga la extrema derecha constituyen uno de los flancos por los que los ultras ponen en peligro la libertad de información, el acoso contra los periodistas que cubren in situ las manifestaciones de organizaciones ultraderechistas o incluso del partido Vox es otro.
Lo que suele hacer la policía, siempre según Yáñez, es pedir a los periodistas que abandonen el lugar de la manifestación porque los propios agentes reconocen que “no pueden garantizar” su seguridad.
“¿Por qué me tengo que ir yo que estoy ahí haciendo mi trabajo?”, protesta Yáñez: “Los que no tienen que venir a agredirnos son ellos“. En cualquier caso, el testimonio de la reportera evidencia que esos mecanismos que en principio tiene la Policía Nacional para proteger a los periodistas y, por ende, el derecho a la información de los ciudadanos, no siempre funcionan, a pesar de la perspectiva que ofrece Interior.
Yáñez remarca que ella no tiene “ningún miedo” a quien la intenta amedrentar, pero advierte de que ese tipo de ataques contra los profesionales de la información son un precio muy alto a pagar para quien ejerce el periodismo y que muchos compañeros pueden llegar a plantearse si merece la pena.
Por otra parte, hay que señalar que Vox veta muchas veces el acceso a su sede o a actos organizados en espacios privados a medios de comunicación como este, El País, elDiario o infoLibre impidiendo a sus periodistas cubrir ruedas de prensa y, en definitiva, dificultando la tarea de los mismos de informar sobre la actualidad del partido que dirige Santiago Abascal.
Los agitadores y colar activismo por periodismo
Por recapitular. La extrema derecha amenaza a los periodistas que la investigan en profundidad y también a los que cubren sus manifestaciones. Muchas veces con impunidad. Además, Vox, el principal partido ultraderechista español, dificulta deliberadamente el acceso de los redactores a la información que emana de su organización. Este puzle de la acción de los ultras contra el periodismo lo completan, en una nueva fase del conflicto, agitadores como Vito Quiles o Bertrand Ndongo.
Público ya expuso en este reportaje las opiniones de los colegios y asociaciones de periodistas acerca del intento de las figuras antes mencionadas de vestir su activismo político con burdos ropajes de periodismo. Los expertos enfatizaban que “los periodistas dejan de serlo cuando se convierten en activistas”, que poseer el título de periodismo no te convierte automáticamente en periodista y que su actividad en espacios como el Congreso de los Diputados, donde torpedean ruedas de prensa con provocaciones a los portavoces parlamentarios, impiden a los periodistas desarrollar su trabajo con garantías y atenta directamente contra la libertad de información.
Ana Pardo de Vera, que ha anunciado que denunciará a Vito Quiles tras un nuevo episodio de acoso este miércoles, explica el que bajo su punto de vista es el verdadero problema. “No estamos ante ataques de un chavalito con ínfulas, sino que son ataques muy coordinados“. Además, pone sobre la mesa el elefante en la habitación. “Son ataques que, en el fondo, están amparados por la derecha y la extrema derecha”. Pardo de Vera habla de “los datos de políticos y periodistas que filtró Alvise” por uno de sus canales o de la financiación que reciben de la Comunidad de Madrid o que recibieron de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo los medios que acreditan en el Congreso a los agitadores.
“Los periodistas tenemos que unirnos“, zanja Pardo de Vera, “y exigir que se nos asegure que podemos hacer nuestro trabajo”.
Por su parte, la periodista parlamentaria de La Sexta y miembro de la junta directiva de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) María Llapart, también en conversación con este medio, destaca que los agitadores han “corrompido” la actividad de los periodistas en el Congreso de los Diputados. En los trece años que acumula Llapart informando desde la Cámara Baja, jamás ha visto nada igual.
La periodista subraya que utilizan estrategias “trumpistas” para que parezca que ellos “son los únicos que hacen las preguntas que hay que hacer”, cuando, en realidad, únicamente acuden a las ruedas de prensa que les conviene. “Los periodistas parlamentarios de verdad vamos a todas las ruedas de prensa y preguntamos a todos los portavoces”, explica.
El Congreso de los Diputados ya ha tomado cartas en el asunto. Las quejas de periodistas de ideologías diversas y también de la propia APP han tenido su efecto. La asociación ha lanzado varios comunicados denunciando los comportamientos ultras en la cámara y también las “amenazas, insultos y señalamiento” que han recibido algunos periodistas por parte de los agitadores. Actualmente, se está tramitando en el Congreso una reforma del Reglamento para sancionar dichos comportamientos y que incluso se puedan llegar a retirar acreditaciones.
Se prevé que este mismo mes termine aprobándose la modificación reglamentaria. La próxima cita tendrá lugar este miércoles, cuando se debatirán y votarán las enmiendas a la totalidad de Vox y PP a la reforma. La mayoría de investidura las desestimará y continuará la tramitación. La APP lamenta que los populares no hayan entendido los argumentos de la asociación y no hayan hecho fuerza con el resto de las fuerzas parlamentarias que han promovido la reforma. Solo el PP y la ultraderecha se han desmarcado. Está previsto, en cualquier caso, que en el último Pleno antes de agosto, que debería celebrarse la semana del 21 de julio, se apruebe de forma definitiva.
Este viernes, el Congreso Nacional del PP tuvo un invitado especial, Toni Nadal, tío y entrenador del tenista Rafa Nadal, que fue entrevistado por la diputada Noelia Núñez. “Veo a veces las actitudes chulescas de muchos políticos cuando no contestan a un periodista que está acreditado. En todo caso, que no le acrediten si consideran que esta persona no tiene para estar acreditado. Pero si lo está, tu obligación es responder”, dijo el deportista en defensa, sin mencionarlo, de Vito Quiles. Un buen resumen de la posición del PP sobre la presencia de agitadores ultras camuflados como periodistas en los pasillos del Congreso.
