Cementerio de La Salud
Dobladez recuerda que el Gobierno central ya aprobó su aportación

Restos hallados en las exhumaciones en el cementerio de la Salud de Córdoba. / Manuel Murillo
Diario CÓRDOBA / 16 OCT 2025 17:02
En rueda de prensa, Dobladez ha recordado que el actual convenio para las exhumaciones de las víctimas del franquismo en los cementerios de La Salud y San Rafael expira a final de 2025, y que desde que comenzaron los trabajos el 23 de octubre de 2023 se han recuperado un total de 880 cuerpos, de los que hasta el momento se han certificado como víctimas represaliadas los restos de 141 personas, una cifra que se estima supere las 4.000 víctimas entre los dos cementerios.
“Sólo entre las tres fosas del cementerio de la Salud hay 7.231 personas enterradas, de las que habría más de un millar de víctimas del franquismo”, ha indicado. Esto obligó al compromiso de las cuatro administraciones a suscribir un segundo convenio que posibilite la continuidad de los trabajos. El Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros de 30 de septiembre su aportación de 150.000 euros, a través de un real decreto, que se enmarca en el 2ª Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2025-2028, siendo la primera dministración en realizar su aportación y haciéndolo de manera directa al Ayuntamiento de Córdoba. “Nuestra pregunta es ¿cuándo va a firmarse el convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía? Exigimos a las tres administraciones gobernadas por el Partido Popular que pasen de las palabras a los hechos y que aceleren la tramitación del convenio”, ha aseverado Dobladez, que rechaza la respuesta en pleno del concejal del PP Miguel Ruiz de “estamos trabajando en ello”.
El capitular ha detallado que la Diputación ha aprobado una prórroga de dos meses, hasta final de año, pero que lo importante es garantizar la continuidad de los trabajos para los cuatro años siguientes tal como ha hecho el Gobierno de España. Dobladez ha hablado de “falta de previsión” y de que el movimiento memorialista ha reiterado esta circunstancia para que no se produjese interrupción alguna, al tiempo que han exigido atención e información real a los familiaresvíctimas, un tratamiento eficaz y ágil de la identificación genética, participación de la ciudadanía y transparencia informativa.