Emilio Silva, presidente de la ARMH “Sacar a Franco del Valle de los Caídos es simbólicamente muy potente”
Entrevista / Virginia Miranda
“Lo más importante es que el Gobierno le dé una orden simbólica al dictador”. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, destaca la trascendencia de la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos en un país que, durante cuatro décadas, ha sido incapaz de demostrar voluntad política para darle un tratamiento “netamente democrático” a su pasado franquista. Por eso defiende que “no podemos hacer” una “especie de elipsis como si no hubiera existido” la dictadura con conceptos como la reconciliación y reclama al Gobierno que haga uso de su poder ejecutivo para sacar adelante y con urgencia un plan nacional de búsqueda de desaparecidos.
El Gobierno, tras cuatro décadas de democracia, va a sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. ¿Cómo recibe la noticia?
Nosotros llevamos pidiéndolo bastantes años. Más allá de lo que dice la ley de la memoria, que el Estado las obligue a pagar con sus impuestos la tumba de Franco es una forma de maltrato a las víctimas de la dictadura. No sólo a las víctimas, también a cualquier persona que sienta la democracia. Uno piensa qué ocurriría en un caso similar con otras violencias, como las machistas o de género. Esto es algo muy esperado, muy peleado. Aunque el hecho físico de la extracción de los restos del dictador y del traslado a donde la familia decida es relativamente sencillo, está causando bastante revuelo porque simbólicamente es muy potente. Todos recordamos esa frase de Franco de “queda todo atado y bien atado”. Y el hecho de que un Gobierno en democracia le de una orden en sentido figurado al dictador, la de “sal de ahí”, sal de un espacio público, y sea obedecida, tiene un gran componente simbólico. Más en una democracia que en tantas cosas ha sido bastante amable, podríamos decir, con las élites de la dictadura.
¿Y qué le parece que, después de haberse opuesto durante todo este tiempo, el PP no vaya a plantear objeciones formales a la exhumación?
Ha habido gente a favor de esto en la derecha desde hace bastantes años. Defender que un dictador siga en un lugar predominante, en un monumento de esas dimensiones con el coste que tiene para el erario público, y más cuando en distintos relatos de la Transición se nos ha contado que Franco no quería ser enterrado allí, resulta un poco complicado. Lo que no quita para que, desde el primer día en que se conoció la noticia, Andrea Levy la criticara no para defender que esté en el Valle de los Caídos, pero sí hablando de que hay que mirar hacia el futuro. Es un discurso repetido, pero es difícil que dentro del arco parlamentario haya una fuerza que defienda que los restos de un dictador sigan disfrutando de un privilegio consentido y financiado con fondos públicos.
La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha explicado que el Gobierno está buscando la fórmula legal para proceder a la exhumación. Una orden ministerial o un real decreto, o incluso un real decreto ley, que debería ser firmado por Felipe VI y convalidado por el Congreso. ¿Le conceden importancia al procedimiento, habida cuenta que fue decisión de Juan Carlos I que el cuerpo de Franco fuera enterrado en la basílica del Valle de los Caídos?
Como decía antes, esto tiene un valor simbólico muy potente también desde su tramitación. Evidentemente, si llega a firmarlo el rey tendría mucho significado político. Pero lo más importante es que, lo antes posible, los restos del dictador dejen de estar ahí y pasen a manos de su familia. Que ha disfrutado de un privilegio durante 40 años y disfruta de muchos privilegios económicos adquiridos gracias a la corrupción de la dictadura. El método es importante, pero para mí lo más importante es lo que explicaba antes; que el Gobierno en democracia le dé una orden simbólica al dictador.
Habla de la familia. ¿Se le debe conceder algún papel en este proceso? Se opone a la exhumación de los restos de Franco y el exministro de Justicia, Rafael Catalá, dice que se debe buscar el acuerdo para conseguir su autorización.
Las razones biográficas por las que Franco está en ese monumento son delitos y enormes violaciones de los derechos humanos. Nadie pregunta a la familia de un delincuente si le parece bien que lo que hizo tenga o no consecuencias. Porque su opinión no tuerce ni el derecho ni el poder que tiene un Gobierno para decidir. Es evidente que este no es un capricho del Ejecutivo. Ya señalaron varios informes del grupo de trabajo contra la desaparición forzada de la ONU y del relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que esto era una anomalía y había que corregirla. La familia, en el terreno de la opinión, puede opinar todo lo que quiera. Pero en el terreno de la decisión, tratándose de un espacio público propiedad de Patrimonio Nacional, evidentemente no les corresponde decidir.
¿Y cómo valora el papel de la Iglesia? El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Osoro, ha dicho estar dispuesto a facilitar la exhumación de Franco. Una circunstancia bien distinta a la de 2011, cuando Antonio María Rouco Varela se opuso a la recomendación del consejo de expertos propuestos por el entonces ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui.
Ese suelo tiene una condición especial, por tanto la Iglesia tiene algo que decidir. Aquí hay un conflicto de intereses con la comunidad benedictina, que es la que gestiona el Valle. Un gran negocio con una hospedería donde se reúne gente cercana religiosa y políticamente y que debe dar unos buenos ingresos que me gustaría saber cómo se comportan fiscalmente. Tras la sentencia de los hermanos Lapeña, el abad estuvo bastante tiempo sublevado negándose a aplicar una sentencia judicial. La jerarquía católica, que de algún modo le puso firme para que se pudiera hacer un informe sobre si es posible o no hacer exhumaciones, ha manifestado esta colaboración y sería muy extraño que se interpusiera entre el Estado y los restos del dictador para defender que no sean trasladados a otro lugar.
La intención es hacer un monumento de la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil y de la reconciliación. ¿Está de acuerdo con este planteamiento?
Pues no. No sé exactamente lo que significa la palabra reconciliación. Es una palabra que los organismos de derechos humanos y de justicia transicional han dejado de utilizar. Porque suena muy bien: volver a conciliar, volver a reunir. Pero aquí hay unas series narrativas que hay que respetar desde los valores democráticos. Por un lado, hay que respetar a todas las familias que tienen allí a un ser querido. A las que puedan sacarlo y quieran llevárselo, y a las que no puedan sacarlo o no quieran hacerlo pero tienen esa posibilidad. Y, por otro lado, yo no compararía a quienes defendían un régimen democrático con quienes lo destruían. A nadie se le ocurriría que en Alemania hicieran un monumento a la reconciliación de nazis y judíos. No es comparable con el Holocausto, pero tampoco es comparable la gente que se sacrificó por defender los resultados de unas elecciones y la gente que colaboró con el asalto al poder mediante el uso de la violencia para que en este país se construyera una dictadura durante 40 años. Nosotros propusimos a todos los grupos con representación parlamentaria en septiembre de 2002 que se instalara en la nave central una exposición permanente que cuente la historia del Valle de los Caídos: quién lo ideó, cómo lo ideó, cómo se construyó, quiénes eran los presos políticos obligados a construirlo, por qué les eligieron a ellos, cómo se inauguró… Si alguien lee el discurso del 1 de abril de 1959 de Franco verá que forma parte de la misma persecución a los perdedores de la Guerra Civil 20 años después de que terminara. No hay objeto de reconciliación por ninguna parte. Antes hablaba del relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Esos cuatro conceptos miden los objetivos que tiene que tener un Estado democrático respecto a un hecho como una Guerra Civil seguida de una dictadura de 40 años. No podemos hacer esa especie de elipsis como si no hubiera existido. Ese sitio existe porque se erigió en un país sin libertad. Y esa realidad tiene que estar presente en el monumento. Hay que hacer una lectura rigurosa, compleja, porque el monumento lo es. Lo que no se puede hacer es equiparar lo que no es equiparable.
¿El Gobierno se ha puesto en contacto con la ARMH para conocer su opinión?
No.
¿Le gustaría que lo hiciera?
Nosotros ya le hemos presentado un escrito al Gobierno. No sólo por el Valle de los Caídos. Lo que pedimos es una actuación urgente, que no se inicie a través del trámite de una ley porque eso sólo sirve para que sigan muriendo familiares esperando la ayuda del Estado. Llevamos 17 años haciendo exhumaciones y hay mucha gente a la que no hemos podido ayudar. Somos una asociación que, por no tener, no tiene una sede física. Lo que tenemos es un grupo muy potente de gente muy cualificada desde el punto de vista histórico, arqueológico y forense. Y lo que le pedimos al Estado es que, desde el poder ejecutivo, tome las medidas necesarias sin esperar a otro procedimiento parlamentario para ver a dónde llegamos. La ley del año 2007, incomprensiblemente para nosotros, no responsabiliza al Estado de la búsqueda de los desaparecidos. Cuando todos los organismos de derechos humanos señalan que no es una obligación ni una responsabilidad de las víctimas. No entendemos por qué no se hizo entonces, incluso pensando que sacar a las personas de una cuneta y llevarlas a un cementerio no tenía ningún coste político según señalaba una encuesta del CIS. El primer Gobierno que incumplió la ley de la memoria fue el Gobierno que la aprobó. De hecho, el informe del Valle de los Caídos es de noviembre de 2011, cuando casi habían pasado cuatro años de la ley. Existe un movimiento social que desde el año 2000 hasta hoy ha exhumado a más de 8.400 personas. Esto el Estado lo podía haber realizado en tres o cuatro años.
Entonces en cuanto Franco salga del Valle de los Caídos, lo primero que le exigen al Gobierno es que se encargue de las fosas de Franco.
Nosotros se lo hemos pedido ya. Puede ser en paralelo. El Gobierno podría hacer un plan nacional de búsqueda de desaparecidos. Es independiente lo que vaya a ocurrir con el Valle. Lo que no puede ser es que siga muriendo gente muy mayor que tenía muchos derechos en un Estado democrático, muchos. Lo dicen las resoluciones de la ONU sobre España, lo dicen convenciones ratificadas por el Gobierno del Estado español. Y ahora le estamos pidiendo que, con urgencia, apruebe primero de básica de derechos humanos respecto al problema de los desaparecidos. Que piense lo que supone ayudar a estas personas a enterrar dignamente a sus seres queridos y dejen de vivir el final de su vida con angustia porque igual un padre se va a quedar tirado en una cuneta.
Suele compararse la situación en España con la de otros países con pasados dictatoriales como Alemania, Italia o Argentina. ¿Cuál sería el mejor modelo a seguir?
Argentina, donde ha habido una transición o una recuperación de un periodo democrático más cercano al nuestro, ha dedicado grandes espacios a conservar esa memoria. La Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires está en un espacio de valor incalculable en la ciudad y ha pasado de ser un lugar de represión a convertirse en un lugar de memoria de la mano de colectivos de víctimas y organismos de derechos humanos. En Argentina hay cientos de personas condenadas por violación de derechos humanos. Cuando Néstor Kirchner llegó al poder, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que las leyes de amnistía del país no eran legales y el Tribunal Supremo argentino hizo un dictamen tumbando esas leyes, lo que abrió inmediatamente investigaciones y juicios. En España tenemos un problema mucho más grave, el de cientos de jueces que están prevaricando. Cada vez que encontramos una fosa y denunciamos, la ley de enjuiciamiento criminal dice que tiene que haber alguien del juzgado recogiendo información. Y nosotros hemos hecho decenas de estas denuncias y los jueces, en decenas de ocasiones, han decidido incumplir la ley que dice cuál es su trabajo. En 2010 presentamos dos casos en Argentina para buscar la aplicación del principio de justicia universal hacia España. Y desde hace más de dos años existe una instrucción de la Fiscalía General del Estado español remitida a todos los fiscales diciendo que no se colabore con la querella argentina. Hay un problema de voluntad política. Y un ejemplo para mí tremendo es el Arco de la Victoria de Madrid. Está a unos cientos de metros de la residencia de todos los presidentes del Gobierno que ha tenido España desde 1977 y representa la victoria de tres ejércitos de la Europa fascista, el de Franco, el de Hitler y el de Mussolini, que participaron en el desfile de la victoria. En 40 años, a ningún presidente del Gobierno, que habrán pasado decenas de veces en su coche oficial por ese monumento, le ha molestado que esté ahí celebrando el asalto violento al poder. Hay una patología que impide un tratamiento netamente democrático del pasado franquista.
En el Valle de los Caídos hay más de 33.800 personas enterradas. Cuando se iniciaron los trabajos para exhumar a los hermanos Lapeña, se habló de las dificultades de los trabajos de identificación por el estado de los columbarios. ¿Qué debe hacer el Estado con los restos?
Sólo hemos visto algunas imágenes de un pequeño espacio. Igual hay espacios que están muy deteriorados y otros que lo están menos. La gestión de la información del Valle ha sido muy oscura. Se habla de 33.800 y hay 12.000 que no se sabe quiénes son. Toda la documentación tiene que estar en algún sitio. Primero hay que reunirla y ponerla encima de la mesa para hacer un informe exhaustivo de cómo están los restos. Y, a partir de ahí, tomar decisiones.
El Gobierno estudia quitarle a Billy El Niño sus medallas al mérito policial. Y un juzgado de Pamplona ha fallado a favor de los familiares del general Sanjurjo para que sus restos sean restituidos de la cripta del Monumento a los Caídos de la ciudad de donde los sacó el Ayuntamiento navarro hace año y medio. ¿Cómo valora ambas noticias?
Respecto a Billy El Niño, nosotros destapamos la noticia hace un par de meses. Entonces pensamos en una condecoración pensionada. Pero como sospechábamos que podía haber más, el 10 de mayo hicimos una petición al entonces titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, pidiéndole que se le retirase ese o cualquier otro reconocimiento con compensación económica. 20 días después, el ministro mintió en sede parlamentaria diciendo que nadie se lo había pedido, cuando tenemos una carta de acuse de recibo de su jefe de gabinete fechada dos días antes. Ahora hemos pedido a este Gobierno que nos informe de cuántos policías, militares y jueces están premiados con condecoraciones pensionadas por hechos anteriores a las primeras elecciones democráticas. Evidentemente, Billy El Niño no tiene que recibir un premio sino un banquillo en que sentarse y un juez que lo juzgue. Que es lo que están intentando bastantes de sus víctimas directas. Y respecto a lo de Sanjurjo, es una decisión recurrible. Hemos visto decisiones similares en Madrid, que durante meses han impedido el cambio de los nombres de las calles y tras un recurso se ha permitido. Hubo una sentencia contra la retirada de la estatua ecuestre de Franco en Nuevos Ministerios y la estatua nunca volvió a ese lugar. Yo entiendo que los restos de Sanjurjo no van a regresar al monumento de Pamplona. Entre otras porque un Ayuntamiento puede decidir con su espacio municipal lo que quiere hacer. Alberto Ruiz-Gallardón se cargó hace doce años 1.700 nichos en el cementerio de la Almudena que el Gobierno de la República dio en propiedad a las familias de los soldados que murieron en el frente defendiendo Madrid. No comparto esa metodología, claramente. Pero que un golpista además reincidente tenga que estar en un monumento de titularidad municipal es recurrible y, mientras la sentencia no sea firme, casi es la opinión de un juez.
Hace años que un sindicato noruego de electricistas decidió hacer una aportación económica con los trabajos de exhumación de la ARMH. ¿Conocen lo que está ocurriendo en España?
Estuvieron aquí por última vez el 19 de mayo para participar en Guadalajara en la entrega de los restos identificados de 25 personas como resultado de dos exhumaciones que habían ayudado a financiar. Puedo presumir lo que piensan. De hecho el discurso del representante de los electricistas fue suficientemente contundente. Ellos siguen colaborando con nosotros y siguen entendiendo que hay algo importante, entre comillas, para Europa, en lo que ocurre en España. Remarcaron algo que igual es aplicable a esto y que tiene que ver con su preocupación con ese cierto resurgir del fascismo, con cómo los gobiernos democráticos tienen que ser inflexibles con ese tipo de comportamientos. La democracia hay límites que no puede permitir que se crucen.
http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2018/1254/Index%20Politica%20Emilio%20Silva.html
