Enero de 1977: la semana en que la Transición mostró su verdadero rostro

Enero de 1977 ocupa un lugar central —aunque incómodo— en la historia reciente de España. En apenas tres días, Madrid vivió una concatenación de violencias que desmienten de forma radical el relato de una Transición pacífica y ordenada: el asesinato del joven militante Arturo Ruiz, la muerte de la estudiante María Luz Nájera a manos de la policía y la matanza de los abogados laboralistas de Atocha. La historiografía crítica ha señalado desde hace años que no se trató de una suma de hechos aislados, sino de una secuencia coherente, inscrita en una misma lógica política: la gestión del cambio sin ruptura, el control del conflicto social y la preservación de amplias zonas de impunidad.

Como subraya Pau Casanellas en Después de Franco, represión. Los gobiernos de la monarquía ante la lucha armada, la muerte del dictador no supuso el desmantelamiento del aparato represivo, sino su reacomodo. Las fuerzas policiales, la legislación de orden público y buena parte de las élites administrativas continuaron operando bajo parámetros heredados del franquismo. En ese contexto, la violencia no fue una anomalía, sino una herramienta política.

Porque enero de 1977 no fue un paréntesis violento dentro de un proceso pacífico. Fue, como muestran décadas de investigación histórica, uno de los momentos en los que el poder marcó con mayor claridad hasta dónde se podía llegar y hasta dónde no. La llamada Semana Negra de Madrid no fue un accidente: fue una advertencia.

El mito del “después de Franco”

Uno de los grandes problemas de la pedagogía democrática en España es el uso del “después”. Después de Franco, después de la dictadura, después de la represión. Como si la muerte del dictador hubiera operado una especie de borrón automático. Pau Casanellas, en Después de Franco, represión. Los gobiernos de la monarquía ante la lucha armada, desmonta de forma sistemática esta idea: el franquismo sobrevivió a Franco.

No solo sobrevivió en las personas —policías, jueces, funcionarios, altos cargos—, sino en las prácticas. La legislación de orden público, los decretos “antiterroristas”, la concepción del enemigo interno y el uso rutinario de la violencia siguieron plenamente vigentes. La Transición, en este sentido, no empezó desde cero: empezó desde dentro del aparato franquista.

1977: un año demasiado peligroso

Los textos reunidos en Memoria de la Transición Española. Lecturas contra el olvido, coordinado por Antonio López, coinciden en señalar 1977 como un año excepcionalmente conflictivo. No solo por los asesinatos, sino por el volumen de huelgas, manifestaciones, encierros, protestas vecinales y movilización estudiantil. La Transición no estaba siendo conducida dócilmente: estaba siendo empujada desde abajo.

La amnistía total, la legalización de partidos, la depuración de responsabilidades y la democratización real del Estado eran demandas que ponían nervioso al poder. En ese contexto, la violencia no fue una anomalía, sino una respuesta política.

Arturo Ruiz: una muerte funcional

Arturo Ruiz tenía 19 años. Militante, comprometido, uno más entre miles de jóvenes politizados. Su asesinato, el 23 de enero de 1977, no fue casual ni improvisado. Juan Manuel González Sáez, en La violencia política de la extrema derecha durante la Transición española (1975-1982), demuestra que la extrema derecha actuó durante esos años como una fuerza complementaria del Estado, con capacidad para ejercer violencia sin asumir el coste político directo.

Una de las cuestiones más llamativas que señala este autor es la selectividad de la violencia: se ataca a militantes visibles, en contextos de movilización, con el objetivo de generar miedo colectivo. Arturo Ruiz no fue solo una víctima: fue un mensaje.

En Lecturas contra el olvido se subraya además otro detalle inquietante: la rapidez con la que su asesinato quedó relegado en el relato público. No se convirtió en crisis política. No hubo una reacción institucional de calado. El silencio fue inmediato. Y el silencio, como veremos, fue una constante.

María Luz Nájera: la violencia que no se nombra

La muerte de María Luz Nájera, el 24 de enero, es aún más reveladora. No la mata un grupo fascista. La mata la policía. Una pelota de goma disparada durante una protesta estudiantil convocada para denunciar el asesinato de Arturo Ruiz.

Aquí la violencia deja de ser “parapolicial” para ser directamente estatal. Pau Casanellas insiste en que este tipo de actuaciones no fueron excepcionales, sino estructurales. La policía actuaba con la misma lógica represiva que durante el franquismo, pero ahora bajo el paraguas de un proceso que se decía democrático.

La impunidad es total. No hay juicio. No hay responsabilidades. Y esto no es un detalle menor: la democracia española se fundó sin exigir cuentas a quienes mataban en nombre del orden. Ese precedente pesa todavía hoy.

Atocha: la violencia como prueba del sistema

La noche del 24 de enero culmina con la matanza de Atocha. Cinco abogados laboralistas asesinados en su despacho. Un atentado de extrema derecha que buscaba descabezar el movimiento obrero y provocar una reacción que justificara un giro autoritario.

Alejandro M. Gallo, en Matanza de Atocha, 1977: Caso abierto, aporta un elemento especialmente perturbador: aunque los autores materiales fueron condenados, las conexiones políticas, las redes de apoyo y las posibles complicidades nunca se investigaron en profundidad. El caso se cerró porque había cosas que no podían abrirse.

Esto conecta con una idea central: la Transición tuvo límites no escritos. Se podía avanzar, pero no demasiado. Se podía democratizar, pero sin tocar ciertos pilares.

El silencio como tecnología de poder

Uno de los aportes más sugerentes de la historiografía reciente es el análisis del silencio como práctica política. Laura C. Cruz Chamizo, en Un silencio multitudinario: la matanza de Atocha y la contención emocional comunista, demuestra que el silencio del entierro de las víctimas no fue un gesto espontáneo ni únicamente emocional. Fue una estrategia consciente, inscrita en la política de reconciliación nacional que el PCE venía defendiendo desde los años cincuenta.

Según Cruz Chamizo, la respuesta del Partido Comunista a la matanza de Atocha debe entenderse como un ejercicio deliberado de contención emocional, dirigido tanto hacia dentro —la militancia— como hacia fuera —el Estado y la opinión pública—. El mensaje era inequívoco: el PCE era un actor disciplinado, capaz de gestionar el dolor sin desbordar el orden político en un momento extremadamente delicado.

Este gesto tuvo un valor político concreto. En los meses previos a su legalización, culminada en abril de 1977, el PCE necesitaba demostrar que podía integrarse en el nuevo sistema sin ponerlo en riesgo. La contención tras Atocha funcionó así como un dispositivo de legitimación, reforzando su imagen de partido responsable y fiable en plena negociación del marco democrático.

El coste de esa estrategia fue elevado. Como subraya Cruz Chamizo, la disciplina emocional implicó también renunciar a canalizar públicamente la rabia y la exigencia de justicia. La emoción se convirtió en política: el dolor se gestionó, la ira se contuvo y la memoria se encauzó hacia un relato compatible con la estabilidad del proceso. El silencio, en ese contexto, no fue ausencia, sino una forma de poder.

Amnistía: reconciliación para unos, impunidad para otros

Mientras se pedía calma en la calle, en las cárceles estallaba el conflicto. César Lorenzo Rubio, en Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la Transición, documenta cómo miles de presos quedaron fuera de la amnistía y protagonizaron protestas masivas. La reconciliación tenía fronteras muy claras.

La Ley de Amnistía de 1977 fue presentada como una conquista democrática. Y lo fue, en parte. Pero también funcionó como una ley de punto final, blindando a los responsables de la represión franquista y de la violencia institucional posterior.

Este dato es crucial: la democracia española nació renunciando a la justicia. No por olvido, sino por decisión política.

Lo que no se enseña sigue operando

Casi cincuenta años después, la Semana Negra de Madrid sigue siendo un capítulo incómodo. Se menciona Atocha, pero se despolitiza. Se omite a Arturo Ruiz. Se silencia a María Luz Nájera. La violencia se diluye en un relato de consenso.

Como señala Lecturas contra el olvido, la historia que se enseña es una historia recortada. Y una democracia que no explica su violencia fundacional es una democracia frágil.

Enero de 1977 nos recuerda algo esencial: hubo personas que murieron cuando ya “éramos democráticos”. Y murieron porque esa democracia se estaba construyendo poniendo límites claros a la justicia, a la verdad y a la memoria.

Recordarlo hoy no es mirar al pasado. Es entender por qué la impunidad sigue siendo estructural, por qué cuesta tanto depurar responsabilidades, por qué la memoria sigue siendo un campo de batalla político.

Porque la Transición no fue solo lo que se pactó. Fue, sobre todo, lo que se silenció. Y ese silencio sigue gobernando.

En recuerdo de todas las víctimas de la Transición, y con especial cariño para Arturo Ruiz, Mariluz Nájera y los abogados laboralistas de Atocha: Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, Luis Javier Benavides Orgaz, Enrique Valdelvira Ibáñez, Serafín Holgado de Antonio y Ángel Rodríguez Leal.

Su memoria sigue acompañando la lucha por los derechos y libertades que hoy compartimos. Porque fueron somos, porque somos serán.