Este controvertido asunto, el de la construcción de un “mapa de fosas” de Andalucía, tiene su origen en una petición, primero verbal (a principios de 2003) y después por escrito (septiembre de 2003), al Defensor del Pueblo Andaluz por parte del grupo de trabajo de CGT.A. que “transfirió” este asunto, y el expediente abierto en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, a la AMHyJA tras su legalización.
Se quería, con esta denominación de “mapa de fosas”, poner sobre el tapete el desconocimiento del conjunto de la sociedad sobre la situación, no sólo geográfica sino sobre todo, del estado actual de dichos enterramientos: conservación, exhumación, expoliación, etc. El desconocimiento, o no, por parte de los gobernantes es aún una incógnita por resolver.
Los primeros planteamientos sobre la necesidad de elaborar un mapa de fosas surgen como una actividad de carácter interno (no perder información, dotándose para ello de los medios técnicos necesarios) de las asociaciones y organizaciones de la RMH, más que de cara a las administraciones, o sea al Estado.
Una vez popularizado, mediáticamente, el término y contrastado el enorme desafío que significaba la puesta en marcha de esta idea, se comenzó a pensar en las administraciones y en la necesidad de su colaboración, no sólo económica, sino también de carácter técnico y documental, sobre todo cuando no hay respuestas, oficiales, a manifestaciones como la siguiente: “dentro de los trabajos necesarios para la realización de dicho mapa, siempre se ha considerado la necesaria colaboración (para su implicación), al menos de aquellas personas que gobiernan, o han gobernado, en los Ayuntamientos, dado el conocimiento de su ámbito territorial como por los testimonios transmitido por sus vecinos (fosas fuera de los cementerios), así como de ser (los Ayuntamientos) los que tiene las competencias, y personal específico (concejal, sepulturero, etc.) en materia de cementerios”, realizadas en diferentes foros con presencia de altos cargos técnicos y políticos de las administraciones.
Esta apreciación importante (colaboración entre las administraciones) es incluso reconocida por la Consejería de Justicia y AA.PP. de la Junta a principio de este camino, como así se recoge en el informe del Defensor del Pueblo Andaluz de 2004 al Parlamento.
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