Cuesta trabajo creer que en la España del siglo XXI todavía se puedan encontrar anuncios en la prensa como el que ilustra este artículo, publicado en 1999 y similar a otros que aún continúan apareciendo en las páginas de los periódicos. Y no es una rareza. Sencillamente es una cuestión pendiente que no se ha sabido resolver con normalidad. Como también lo es que descendientes de las personas exiliadas desde el 39 tengan problemas para obtener la nacionalidad española; que personas depuradas de la función pública, por ejemplo, no hayan sido objeto de la necesaria reparación moral y su rehabilitación; o que las personas declaradas culpables de los delitos con que habitualmente el régimen militar enviaba a la cárcel a media España, no puedan tener la satisfacción de que dichos juicios sean declarados nulos; o que los registros civiles no reflejen la verdadera causa de la muerte de miles de asesinados.
Nos estamos refiriendo a que la democracia actual, que ahora conmemora sus 25 años, no comportó, en su definición, la liquidación fáctica de la dictadura franquista ni siquiera en cuanto representó en contra de los derechos humanos; ni siquiera, como ejercicio y celebración de la democracia recobrada, la restitución moral y política a tantos miles de alcaldes, concejales, diputados, etc. que fueron elegidos durante el corto periodo democrático antecesor, liquidado por el golpe de estado de 1936. Y si no se hizo con ellos, mucho menos con las personas comunes que siguen enredadas –otras perdieron las fuerzas necesarias o no tienen quienes las hayan relevado generacionalmente en un empeño ya definitivamente frustrado- en asuntos cotidianos que, más allá de su significación simbólica o política, tienen una dimensión administrativa (la inscripción en registros civiles, el acceso a documentos de archivos para justificar prestaciones sociales, el pasaporte, etc.). En fin, la recuperación de la memoria histórica tiene que ver, antes que nada, con que este tipo de asuntos no hayan sido en su momento objeto de la normalidad democrática en toda la extensión del término; por el contrario, la losa de la Guerra Civil sigue pesando irremediablemente. Seguramente no deba quedar ahí, y puedan derivarse otros muchos planteamientos e iniciativas. De hecho, la memoria está resultando, apenas descubierta su capacidad, un concepto tan rico y sugerente como necesario para la identidad y articulación social.
De alguna forma, todo lo que tenía que ver con la Guerra Civil fue declarado tabú, inoportuno, y una rémora para la nueva andadura democrática; no había que mirar hacia atrás, ni remover los muertos, que para eso muertos y enterrados están. Pero la realidad está ahí, soterrada y camuflada entre eufemismos de todo tipo, y ha comenzado a emerger en todas sus dimensiones. La “recuperación de la memoria histórica” es ya un fenómeno social, y no hace otra cosa que romper el tabú, atreverse a llamar las cosas por su nombre, sacar todo lo que se tenía dentro de una herida mal cerrada… Y lo ha hecho, en primer lugar, por una necesidad personal de respeto para con los suyos, víctimas, perdedores y olvidados; pero llegado un momento, esa necesidad íntima, familiar, exigía también estar acompañada y ser compartida, y de la socialización de recuerdos comunes se hizo presente la injusticia del olvido y las injusticias que originaron la muerte, el exilio, la cárcel y tantas humillaciones.
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