La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) ha emitido un comunicado aclarando la procedencia de los fondos destinados a las exhumaciones, identificación y dignificación de las víctimas de la Guerra Civil en la región. Según la asociación, estos fondos, gestionados por la Consejería de Cultura, provienen del Estado y no de la Junta de Extremadura.

Financiación estatal para memoria histórica

Armhex ha recordado que la Junta de Extremadura derogó recientemente la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura de 2019, una decisión que contó con el rechazo de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, así como de diversas asociaciones memorialistas y familiares de víctimas del franquismo. Esta derogación se produjo tras un pacto entre el PP y Vox.

La asociación ha insistido en que las partidas económicas mencionadas en el decreto de la Junta se financian con fondos estatales, específicamente habilitados por el Plan Nacional para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión política posterior. Estos fondos fueron distribuidos por el Gobierno de España entre las Comunidades Autónomas el 10 de junio de 2025, tras un acuerdo del Consejo Territorial de Memoria Democrática.

El 28 de julio de 2025, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática formalizó los compromisos financieros derivados del acuerdo del 10 de junio, afectando a comunidades como Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Extremadura, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana.

Según el reparto oficial de fondos para actividades de Memoria Democrática en 2025, Extremadura recibió 186.379,62 euros. Este dinero está destinado a proyectos específicos en los municipios de Llerena, Valverde de Llerena, Miajadas y Fuentes de León.

• Llerena: Localización y sondeos de fosas.
• Valverde de Llerena: Exhumación de cuerpos.
• Miajadas: Análisis antropológicos y genómicos.
• Fuentes de León: Proyecto y construcción de un memorial.

“Son fondos finalistas que se deben destinar a esas concretas actividades y no pueden ser modificados o destinados a otros fines, por lo que la Junta de Extremadura no tiene más remedio que emplearlos en esas tareas o renunciar a ellos”, ha explicado la asociación memorialista en un comunicado de prensa.

Críticas al anuncio en periodo electoral

Armhex y otras entidades memorialistas han criticado que estas actuaciones se anuncien en periodo electoral, a pesar de que derivan de una resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de julio de 2025. Además, lamentan que se puedan “eventualmente utilizar para blanquear la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura”.

“Parece que la estrategia busca aparentar un cierto compromiso institucional mientras al mismo tiempo se ha derogado el marco normativo autonómico que garantizaba la continuidad de estas políticas públicas integrales de memoria democrática”, ha señalado la asociación.

Retroceso en políticas de memoria democrática

En opinión de Armhex, la reciente derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática y su sustitución por la llamada Ley de Concordia representa un “claro retroceso en las políticas públicas de memoria democrática y en la protección de los derechos humanos de las víctimas”.

La asociación advierte que esta derogación tendría “efectos directos” como la “eliminación” del reconocimiento y reparación integral de víctimas del franquismo, la supresión de la condena al franquismo, la creación de “obstáculos” a exhumaciones y la investigación de desapariciones forzadas, así como el “incumplimiento” de recomendaciones de la ONU.

“Y lo que es más grave, se han suprimido las referencias al ámbito educativo, esencial para potenciar los valores democráticos y la educación en derechos humanos como herramienta para fortalecer las garantías de no repetición”, ha lamentado la asociación extremeña, subrayando la importancia de la educación en la memoria democrática para evitar la repetición de errores del pasado.

Armhex aclara que fondos para memoria histórica en Extremadura provienen del Estado tras derogación de ley autonómica