HOY | JUAN SORIANO | 27-7-2018
La nueva ley de memoria histórica de Extremadura supondrá a la Administración regional un coste de 1,3 millones de euros al año. A esa cantidad hay que sumar otros 700.000 euros para la puesta en marcha de la estructura necesaria para aplicar la norma, según la memoria económica del proyecto.
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado día 17 el proyecto de ley de memoria histórica y democrática de Extremadura. Concluido el trabajo del Ejecutivo regional, la ley llega a la Asamblea para su debate, tramitación de enmiendas y votación.
Como es preceptivo en las propuestas legislativas de la Junta, el expediente incluye un informe sobre el impacto económico de la norma. Este estudio señala que la ley plantea principalmente directrices de política general, pero también medidas concretas que supondrán un coste para la Administración.
La ley contempla la aprobación de un plan específico, en el que se recogerá la financiación y ejecución de las medidas previstas. Pero la Consejería de Cultura ha realizado una estimación del coste necesario.
El estudio económico señala que la creación del Instituto de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, una de las medidas de la ley, requiere una estructura de personal formada por una jefatura de Servicio, una jefatura de Sección, una jefatura de Negociado y un auxiliar de administración. Esto supone 160.000 euros al año.
Asimismo, habrá que regular el procedimiento indemnizatorio a las víctimas que contempla la ley, elaborar el reglamento de fosas de Extremadura y redactar el protocolo de actuación para la realización de pruebas genéticas, otras de las propuestas del proyecto.
También se plantea el desarrollo de un sistema de información geográfica, la herramienta informática de gestión de todas las actuaciones llevadas a cabo en relación con la memoria histórica y democrática.
En este sistema se incluirá el censo de víctimas, la gestión de las intervenciones en fosas, el mapa de fosas, la expedición de certificados de reparación y reconocimiento, la gestión de indemnizaciones, el inventario de lugares de la memoria histórica y el registro de entidades. El desarrollo de esta herramienta se hará por concurso público con una empresa especializada.
Para acometer estas medidas de puesta en marcha se estima un gasto de 700.000 de euros, que se ejecutarían en un periodo de 18 meses entre 2019 y 2020.
Costes de desarrollo
Una vez aprobada la ley y culminados los trabajos previos, se dará paso al desarrollo reglamentario y a la aprobación del plan extremeño de memoria histórica con las medidas recogidas en la nueva norma.
En materia de investigación de fosas, Cultura estima que en Extremadura puede haber un total de 150 emplazamientos con restos de represaliados, de los cuales ya se han abierto cerca de 75. Quedarían por tanto otros 75, de los que 30 están identificados. El coste es de 30.000 euros por fosa, lo que arroja un total de 2.250.000 euros. El cálculo de gastos se realiza sobre ocho años, lo que supone 281.250 por ejercicio.
Junto a esto, Cultura plantea la creación de un banco de ADN para las pruebas genéticas. El coste por análisis ascendería a 450 euros por persona. Sobre una estimación de 9.000 desaparecidos, serían 4.050.000 euros en total y 506.250 por ejercicio. En cuanto al fomento de la actividad social y fundacional, se plantea 100.000 euros al año.
Para las pruebas genéticas de desaparecidos se estima un gasto de 4 millones de euros
Además del coste de personal del Instituto de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, este órgano deberá afrontar trabajos como la recopilación de documentos y su digitalización. Los fondos se encuentran en el Archivo Militar Territorial número 1 de Madrid, el Archivo Militar Territorial número 2 de Sevilla y el Archivo Histórico Provincial de Badajoz. Esta labor abarcaría 9.800 expedientes, formados por una media de 40 páginas. Todo ello supondría 392.000 documentos a digitalizar, con un coste de 0,24 euros por imagen. A esto se sumarían 24.000 euros al año para trabajos de investigación, otros 20.000 para publicaciones derivadas de la investigación en fosas y 20.000 más para conferencias, exposiciones y otras acciones de difusión. Con los costes de funcionamiento, Cultura estima 247.700 euros al año.
Otra de las medidas que recoge el proyecto de ley es la entrega de una contraprestación económica a las personas que en su momento no pudieron acogerse a las indemnizaciones que fueron reguladas por la Administración del Estado en los Presupuestos de 1990, destinadas a quienes fueron encarcelados por motivos políticos durante tres o más años por las causas establecidas en la Ley de amnistía de 1977, o bien a sus viudos o viudas.
El informe recoge que no es posible conocer con exactitud, y ni siquiera de una forma aproximada, el número de personas que podrían beneficiarse de esta medida. Pero realiza una estimación, para lo que tiene en cuenta el número total de detenidos, presos o encarcelados sobre los que existe una constancia efectiva de haber sufrido detención y cárcel, según los expedientes de las prisiones provinciales. Serían de 8.500 a 9.500 personas en la región. Suponiendo que de un 3 a un 4% sigue vivo, y teniendo en cuenta que la indemnización básica era de 6.000 euros, se estima un coste de 1,6 a 2,1 millones de euros. Para el cálculo de gastos se toma una cifra más baja, 1.470.000 euros, a razón de 183.750 euros por cada uno de los ocho primeros años de la ley.
Muchas de estas medidas, como la citada indemnización, no serán sostenidas en el tiempo. Pero hay otros costes que no se han evaluado, como la ocupación forzosa de terrenos para investigaciones y las indemnizaciones por la protección de los lugares de la memoria histórica.
https://www.hoy.es/extremadura/memoria-historica-costara-20180727211020-nt.html
