LAS PERSONAS ENCARCELADAS O QUE HICIERON TRABAJOS FORZADOS SERÁN INDEMNIZADAS
HOY | JUAN SORIANO | 24-7-2017
El proyecto de Ley de memoria histórica recoge que la Junta de Extremadura establecerá un procedimiento para la concesión de una indemnización de cuantía única a las personas que sufrieron privación de libertad o realizaron trabajos forzados en cárceles, campos de concentración, colonias penitenciarias o batallones de trabajadores.
La reparación del daño causado por la represión franquista es uno de los principales objetivos de la norma. Con ese fin, también se establece que se regulará un procedimiento indemnizatorio a las víctimas que no pudieron acceder a la compensación recogida en los Presupuestos del Estado de 1990. A quienes sufrieron privación de libertad durante tres o más años por los hechos reconocidos en la Ley de amnistía de 1977 y tenían cumplidos los 65 años a 31 de diciembre de 1990, o bien su cónyuge en caso de viudedad, se les reconoció el derecho a percibir un millón de pesetas más 20.000 pesetas por cada tres años adicionales de encarcelamiento.
También se establece la elaboración de un censo de víctimas, con el consentimiento de los afectados y sus familiares, que incluirá a fallecidos fuera de la región.
http://www.hoy.es/extremadura/personas-encarceladas-hicieron-20170724221047-nt.html?#comments-section
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LA JUNTA SANCIONARÁ CON 150.000 EUROS A QUIEN MANTENGA SÍMBOLOS FRANQUISTAS
El borrador de la Ley de memoria histórica también plantea la retirada de ayudas públicas por un máximo de cinco años
HOY | JUAN SORIANO | 24-7-2017
La Junta de Extremadura plantea sanciones de hasta 150.000 euros por mantener símbolos franquistas. Asimismo, sugiere retirar subvenciones públicas e incluso acometer los trabajos de retirada con sus propios medios. Este es uno de los puntos contenidos en el borrador de la Ley de Memoria histórica y democrática de Extremadura, en el que también se propone una regulación para la excavación de fosas.
El proyecto señala en su exposición de motivos que más de 16.000 extremeños perdieron la vida por prácticas represivas en el transcurso de la guerra civil y la posguerra. A esto añade miles de condenados a penas de prisión, campos de concentración y realización de trabajos forzados. Aunque destaca los avances producidos en los últimos años, considera que la falta de aplicación de la ley nacional aprobada en 2007 hace que todavía sea amplia la tarea a desarrollar para recuperar la llamada memoria histórica.
Por ese motivo, se propone una ley que plantea dar un paso más para lograr la efectiva retirada de símbolos franquistas. Con ese fin, señala que las Administraciones Públicas deberán tomar medidas para proceder a la inmediata eliminación de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones (incluido el callejero) conmemorativas de exaltación de la sublevación militar de 1936 y del franquismo. La medida también afecta a bienes privados o religiosos con proyección a un espacio público.
La Junta constituirá un comité técnico para determinar los elementos contrarios a la memoria histórica que no hayan sido retirados voluntariamente y que deben ser eliminados. Concederá un plazo máximo de actuación, y si no se lleva a cabo la Administración regional actuará de oficio e intervendrá de forma subsidiaria, con lo que después pasaría la factura al responsable.
El proyecto considera una infracción grave incumplir la orden de retirada de estos elementos, lo que supondría una sanción de hasta 10.000 euros. Pero dos o más incumplimientos de este tipo pasarían a ser considerados una infracción muy grave, con lo que la multa podría llegar a 150.000 euros. Además, se perderá el derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por un período máximo de cinco años. Para ello, se elaborará un reglamento específico.
La ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. A partir de ese momento, se daría un plazo de un año para la retirada de los elementos que ensalcen el golpe militar de 1936 y el franquismo.
Investigación de fosas
El proyecto de ley también regula la investigación de fosas comunes de represaliados. Señala que la Junta asumirá los trabajos de localización, exhumación e identificación de las víctimas, aunque también podrá autorizar iniciativas privadas. Estas actividades serán declaradas de utilidad pública para permitir la ocupación temporal de los terrenos.
También se propone la creación de la figura de Lugar de la memoria histórica democrática de Extremadura, que será aquel espacio, inmueble o paraje que tenga especial relevancia por estar vinculado a la represión franquista. Se incluyen lugares de detención, obras públicas realizadas con trabajos forzados, fosas y enterramientos colectivos. La Junta podrá impedir derribos y suspender cualquier clase de obra en estos sitios.
Para impulsar los preceptos contenidos en la ley se creará un nuevo órgano, el Instituto de la memoria histórica y democrática.
http://www.hoy.es/extremadura/junta-sancionara-150000-20170724221154-nt.html
