La propuesta ha sido aprobada en comisión parlamentaria con los votos favorables de PSOE y Podemos, y la abstención del PP
Esta cuestión ha pasado por la Asamblea después de que la Fiscalía General del Estado haya pedido suspender la declaración de los querellantes citados ante diversos juzgados españoles a petición de la jueza argentina María Servini
Los populares justifican su abstención afirmando que todo es un “teatro” de Podemos, a quien piden que condenen el terrorismo de ETA
La Comisión de Administración Pública de la Asamblea de Extremadura reclama a la Justicia española que facilite los interrogatorios de acusados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, en el marco de la causa judicial argentina.
Se trata de una propuesta de pronunciamiento de Podemos que ha salido adelante con los votos de PSOE y la formación morada, en la que el PP se ha abstenido.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura aplaude la medida después de que la Fiscalía General del Estado haya pedido suspender la declaración de los querellantes citados ante diversos juzgados españoles a petición de la jueza argentina María Servini, con el objeto de determinar si los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la Guerra Civil pueden considerarse de lesa humanidad.
Una “preocupante” instrucción que según denuncia la asociación de memoria extremeña pretende impedir que los jueces españoles, mediante la ejecución de los correspondientes exhortos, tomen declaración tanto a las víctimas de la dictadura franquista como a los imputados.
El exhorto es el proceso por el que el juzgado de Buenos Aires solicita a la administración de justicia española que abra diligencias y tome declaraciones a víctimas e imputados, que posteriormente se remite a la justicia argentina. Un proceso de colaboración que ya funciona y que ahora se encuentra con problemas por sacar los crímenes del franquismo según denuncia.
La comisión parlamentaria
El diputado de Podemos Eugenio Romero ha criticado la “obstaculización constante” de la Fiscalía para la extradición y toma de declaración de cargos franquistas. Ha dicho que pretender que la Ley de Amnistía de 1977 impida juzgar los delitos derivados del golpe de estado militar de julio de 1936 supone “transgredir de forma flagrante los principios generales del Derecho Internacional”, detalla Efe.
Advirtió que supone vulnerar los Pactos Internacionales de “obligado cumplimiento” suscritos por España antes de que la citada ley fuera promulgada, entre los que ha mencionado el Estatuto de la Corte Penal Internacional o la Convención que dice que los crímenes de guerra y de lesa humanidad son “imprescriptibles”.
El parlamentario ha lamentado que sea la justicia argentina la que tenga que dar voz a las víctimas del franquismo, familias de niños robados, expresos políticos, víctimas del trabajo esclavo…; y ha tildado de “curioso” que la Audiencia Nacional “desatienda” la aplicación de las normas de justicia universal, cuando en aplicación de las mismas, ha “investigado ya crímenes contra la humanidad cometidos en otros países como Chile, Argentina, Guatemala”.
Apoyo de los socialistas
El PSOE ha apoyado la propuesta porque así lo justifica la propia Ley de Memoria Histórica, una norma que el Gobierno extremeño “adaptará y actualizará” en la futura Ley de Memoria Democrática, cuyo proyecto está desarrollando.
La respalda por “lo que contiene de respeto a las víctimas”, según el diputado Fernando Ayala, quien ha recalcado que la Ley de Amnistía “no despliega efecto alguno que impida la investigación y enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad”.
Cree que cuando se apela a esta ley y a la prescripción de delitos, se pretende poner “obstáculos” a una decisión que se tiene que dejar “al menos en manos de los jueces” porque “los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derechas, tampoco las fosas, porque por encima de todo está la justicia universal”.
En su opinión, la pretensión de la Fiscalía es “amedrentar a los jueces recordándoles lo que le sucedió a Garzón por investigar los crímenes durante la dictadura franquista” y ha subrayado el hecho de que “decenas de víctimas” hayan venido prestando declaración ante juzgados españoles “sin que por parte de la Fiscalía se haya prestado oposición” y que ocurra ahora al tratarse de “imputados”. Además, ha recordado que en países como Francia o Alemania se han condenado reiteradamente este tipo de actuaciones criminales.
El PP apela a ETA
Por su parte, la diputada del PP, Eva Pérez ha justificado la abstención de su grupo en que no van a participar en el “teatro” de Podemos, quienes, a su juicio, “no están legitimados” ni pueden pedir justicia de nada hasta que “no honren a las víctimas” y condenen el “terrorismo” y la “barbarie” cometida por ETA en España durante décadas.
“Esas víctimas viven hoy y son ninguneadas, ustedes las desprecian cuando reciben con vítores a Otegui, cuando hablan de ellos como hombres de paz y se refieren al fin de la banda terrorista de esta forma: ETA ya terminó su trabajo político y ahora le toca a Podemos”, ha asegurado Pérez.
Ha añadido que el PP es un partido que “sabe condenar lo ocurrido en el franquismo y en la guerra civil pero también lo que ocurre en Venezuela, en Cuba o en Corea del Norte”, para reprochar después a Podemos que no condene la encarcelación del opositor venezolano Leopoldo López.
“No se puede estar pidiendo justicia de forma partidista según quienes sean las víctimas, si son de Venezuela, no, porque no se puede ir en contra de la mano que mece la cuna”, ha apostillado. En respuesta, Romero ha censurado la “sarta de tópicos y mentiras” vertidas por el PP y le ha pedido que se retracte por las declaraciones sobre ETA que ha atribuido a Podemos, algo a lo que Pérez se ha negado.
Los exhortos en contra
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura critica que la Fiscalía, el día 7 de octubre, procedió a presentar un escrito en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo en el que se oponía a la ejecución del exhorto remitido por el Juzgado de Buenos Aires para que se tomara declaración a Gerardo Iglesias en relación con las torturas que sufrió durante la dictadura franquista, delito por el que está imputado Pascual Honrado de la Fuente.
“Indudablemente que Fiscalía se opondrá a la toma de declaración del referido imputado y del resto en base a los mismos argumentos que han sido expuestos en su escrito para oponerse a la declaración de Gerardo Iglesias”.
“Debemos recordar que hasta este momento, en el marco de la causa argentina y a través del auxilio judicial internacional, decenas de víctimas, en estos dos últimos años, han venido prestando declaración ante los Juzgados españoles sin que por parte de la Fiscalía se haya expresado oposición alguna al respecto. La oposición a la toma de declaración de las víctimas se produce ahora como consecuencia de que está previsto que se tome declaración a los imputados en la causa”.
Explica José Manuel Corbacho, jurista y presidente del colectivo extremeño de memoria, que en el escrito presentado por la Fiscalía se invoca nuevamente el principio de territorialidad (según el cual los Juzgados españoles serían competentes para el conocimiento de dicha causa por cuanto son hechos cometidos por ciudadanos españoles contra ciudadanos españoles en territorio español), la prescripción de los delitos, la Ley de Amnistía y el principio de legalidad. Cita y reproduce parcialmente los argumentos expuestos por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 27 de febrero de 2012 en relación con la Ley de Amnistía y la política de reconciliación consensuada durante la denominada “transición” española.
“Los discutibles argumentos vertidos por Fiscalía violentan gravemente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de carácter imperativo para el Estado español al haberse incorporado a nuestro propio ordenamiento jurídico ex artículo 96 de la Constitución Española”.
