El procedimiento busca impulsar la investigación y que los familiares puedan formar parte activa del procedimiento, evitando la prescripción al situar el delito de desaparición forzada en un contexto de crímenes de lesa humanidad.
María José Pico, durante la rueda de prensa. Miguel Ángel Valero/ 23 feb 2024 16:40
La querella se ha presentado este 23 de febrero en los juzgados de instrucción de Alicante, dado que los hechos denunciados tuvieron lugar en el Hospital General Universitario de la ciudad y en el Cementerio Municipal. Posteriormente, la querellante ha ofrecido una rueda de prensa junto con representantes de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) y Amistía Internacional.
Picó ha relatado el caso de su hermana melliza, declarada muerta al segundo día de nacer sin más explicación ni posibilidad de ver el cuerpo
María José Picó es presidenta de la Asociación Víctimas Niños Robados de Alicante. Natural de Elche, nació en 1962 en el Hospital General Universitario de Alicante junto con su hermana melliza, que fue declarada muerta al nacer por los facultativos que atendieron el parto y, presuntamente, sepultada apresuradamente en una fosa común del Cementerio Municipal de la ciudad tras un “cúmulo de irregularidades y de cosas poco transparentes que nos llevaba a pensar que pudimos ser otra víctima más de aquellos delitos”, ha indicado en la rueda de prensa.
Picó ha relatado el caso de su hermana melliza, declarada muerta al segundo día de nacer sin más explicación ni posibilidad de ver el cuerpo, con el padre obligado a comprar apresuradamente una caja en una ferretería que en el hospital le devolverían claveteada y con la orden de llevarla de inmediato al Cementerio Municipal para sepultarla en una fosa común sin que ni el nacimiento ni la defunción se inscribieran en el Registro Civil, con la historia clínica del hospital perdida y sin información relevante en el registro del cementerio.
Al respecto ha explicado que en su casa siempre estuvo presente el fallecimiento de su hermana, pero que fue a partir de 2012 cuando empezaron a movilizarse, por lo que entonces interpusieron denuncia ante la Fiscalía de Alicante, que ordenó dos exhumaciones en las fosas comunes que figuraban como lugar de enterramiento de bebés fallecidos en el hospital en los años que tuvieron lugar los hechos. En las exhumaciones no se encontraron restos que tuvieran coincidencia genética con la familia, hecho que evidenciaría el delito pero que igualmente llevó al archivo del caso sin que la familia pudiera interponer recurso alguno.
Querella criminal
La principal novedad de esta acción judicial es que, si se admite a trámite, la parte querellante podrá formar parte activa del procedimiento en lugar de tener que esperar al proceder del Ministerio Público. Así, según ha explicado Jacinto Lara, abogado de Ceaqua que está llevando el caso, para fundamentar la demanda “se está contextualizando el crimen como crimen de lesa humanidad, crimen de derecho internacional pero también en concurso con otro tipo de crímenes como puede ser la detención ilegal, la sustracción de menor y falsedad documental”.
La querella busca interpelar al Ejecutivo en su responsabilidad “en la búsqueda, identificación y localización de todas las personas desaparecidas”
La contextualización del delito en el ámbito de los crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada supone su imprescriptibilidad y, según ha indicado Lara, lo que se pretende es “interpelar al poder judicial para que, de una vez por todas, se integre en sus resoluciones judiciales el derecho internacional y los derechos humanos, y el derecho penal internacional, tal y como está obligado como poder del Estado en virtud de todos los convenios internacionales y tratados que ha firmado en este sentido”.
Por último, el abogado ha remarcado que la querella también busca interpelar al poder legislativo para que “dé una tramitación completa a la proposición de ley de bebés robados que facilitaría la investigación judicial en el orden jurisdiccional penal de este tipo de crímenes”; así como al Ejecutivo en su responsabilidad “en la búsqueda, identificación y localización de todas las personas desaparecidas”.
