Fernando Martínez López (Vélez-Blanco, 1949) es un historiador de referencia sobre la represión franquista y la posguerra española que desde enero de 2020 está al frente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Con anterioridad, el que fuera alcalde de Almería (1991-1995) y senador durante unos meses por la provincia en la XIII Legislatura, también ejerció como director general para la Memoria Histórica entre junio de 2018 y marzo de 2019. Martínez ha sido coordinador del Mapa de Fosas de Andalucía y coordinador e investigador principal de los proyectos de investigación de universidades andaluzas relativos a las actuaciones de los Tribunales de Responsabilidades Políticas en Andalucía (1936-1945) y a la represión franquista de la masonería andaluza y el exilio republicano andaluz de 1939. Ya al frente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha liderado un plan de choque para la reparación de las víctimas de la dictadura, las exhumaciones de Franco y Queipo de Llano y la entrada en vigor en octubre del pasado año de la Ley de Memoria Democrática que reemplazó a la de Memoria Histórica de 2007 aprobada en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

– Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática hemos impulsado esta gran exposición ‘La Desbandá, 1937. De Málaga a los Pirineos’ con la finalidad de divulgar que fue lo que ocurrió a partir de febrero de 1937 en la carretera de Almería que no fue otra cosa que una huida masiva de miles de personas ante el pavor y miedo que suponía la entrada de las tropas franquistas e italianas en Málaga. Es un gran éxodo de masas, el mayor que se produce en Europa por razones ideológicas y políticas antes de la Segunda Guerra Mundial y, aunque cada día está siendo conocido un poco más por la sociedad, todavía es un episodio sobre el que hay un gran desconocimiento. Y te pongo un ejemplo, en comisiones parlamentarias he tenido que contar a diputados y senadores que fue La Desbandá y que supuso para nuestra historia. Es necesario que se conozca que miles de personas fueron ametralladas por tierra, mar y aire. Los cruceros estuvieron bombardeando sistemáticamente la carretera. Incluso cuando llegan a Almería sufren un tremendo bombardeo por parte de la aviación franquista. Fue una auténtica masacre que no se tendría que haber producido de ninguna de las maneras.

– La Universidad de Málaga ha presentado esta semana una publicación sobre La Desbandá con la visión de veinte de los mayores expertos. ¿En qué punto está la investigación histórica sobre este acontecimiento?

– Hay muchas publicaciones y se ha avanzado mucho, pero la investigación nunca termina. Los historiadores no damos la verdad última porque siempre se puede renovar. Siempre habrá nuevos documentos y testimonios que sitúen este acontecimiento y también sobre el resultado que tiene ese gran éxodo de masas en el exilio republicano. Los que hemos trabajado el exilio hemos encontrado en los campos de concentración del sur de Francia y en los de Argelia a muchísima gente procedente de Málaga, de Almería y de otras provincias andaluzas. Y cuando estudiamos las expediciones de los niños a Rusia encontramos que la que en la que sale de Valencia hacia la Unión Soviética hay familias procedentes de Málaga como consecuencia de La Desbandá.

“LAS EXHUMACIONES SON UNO DE LOS GRANDES OBJETIVOS DEL GOBIERNO, EL DÍA QUE LO LOGREMOS LA DEMOCRACIA RESPIRARÁ MÁS TRANQUILA”

–La Ley de Memoria histórica entraba en vigor a finales de octubre con el objetivo de cerrar las heridas de las víctimas de la dictadura y represión franquista. ¿Tiene ya el Estado las herramientas necesarias para conseguirlo?

– La Ley de Memoria Democrática se vertebra en torno a cuatro grandes principios del derecho internacional humanitario: el derecho a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición, que es el deber de memoria como garantía para que no se vuelva a repetir. El desarrollo sistemático de la ley hace posible la reparación de las víctimas. Y uno de los aspectos fundamentales en este camino es que establece que el Estado tiene que asumir el liderazgo de las exhumaciones de fosas. La ley de 2007 planteaba que debían ser los familiares y asociaciones y ahora es un deber del Estado. No podemos tener cadáveres en fosas comunes, nuestra obligación legal es exhumarlos e identificarlos para entregarlos a sus familiares con el fin de que les puedan dar digna sepultura. Estamos entregando declaraciones de reconocimiento y reparación a los familiares de las víctimas y nos dicen que es lo más importante que les ha podido ocurrir en su vida. No estamos reabriendo heridas como dicen algunos, es todo lo contrario, lo que estamos haciendo es cerrar las que siguen abiertas.

– ¿En qué situación se encuentra el mapa de las fosas comunes?

– Estamos trabajando con un plan cuatrienal de fosas en España. Con anterioridad, cuando más fosas se exhumaron en España fue en la época de Rodríguez Zapatero con 177 fosas en seis años. Desde la creación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática llevamos actuaciones en 513 fosas. En colaboración con otras instituciones como el Ayuntamiento de Sevilla, Diputación y la Junta se han podido exhumar más de 1.700 cadáveres con tiros en la nuca en la fosa de Pico Reja. Estamos tratando de identificarlos para entregárselos a sus familiares. En este momento puede haber en España en torno a 20.000-25.000 cadáveres todavía en fosas comunes y calculamos que con todo el proceso de intervención actual en una legislatura podremos haber terminado. Es uno de los grandes objetivos que tiene el Gobierno de España y el día que lo consigamos esta democracia respirará más tranquila. Los que hacen controversia con las exhumaciones deberían acercarse a pie de fosa y hablar un par de minutos con los familiares de los asesinados. Señoras de 80 y 90 años que siguen buscando a su padre, esposo o hijo. Esto es pura humanidad y ancla en los valores y principios de la democracia.

–¿Hay fondos suficientes para garantizar las exhumaciones?

– La financiación destinada hoy a Memoria Democrática es más del doble que con la anterior ley. El presupuesto mayor de la época de Rodríguez Zapatero fueron 6,2 millones y en este momento estamos en torno a los 14 millones de euros. Eso quiere decir que hay una apuesta clara por la memoria como cuestión de Estado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

–¿Cómo valora con cierta perspectiva lo conseguido con las exhumaciones de Franco y Queipo de Llano?

– Es un deber moral que tiene la democracia con su propia sociedad y con los familiares de la víctimas. Cuando se exhuma el cadáver del dictador se hace justicia con las víctimas. Cuando se exhuma el cadáver del genocida Queipo de Llano, que llega a autorizar el asesinato de más de 45.000 andaluces, lo que se hace es justicia y es lo tiene que hacer la democracia que no puede tener todavía víctimas en las cunetas y fosas comunes. Siempre lo digo que lo que hacemos es homologarnos con las democracias europeas.

–Episodios tan negros de nuestra historia como el de La Desbandá siguen siendo poco conocidos hoy porque no han entrado nunca a la escuela.

– Para que se conozca la historia y la Memoria es fundamental llegar a los colegios. Y hemos avanzado bastante porque la Ley de Memoria Democrática ya plantea la necesidad de que la memoria entre en la escuela, en el Bachillerato. Y no solo lo la Ley de Memoria, también lo plantea la nueva ley de Educación hasta tal punto que hemos podido colaborar con el Ministerio en la elaboración del decreto de Enseñanzas Mínimas que son obligatorias para todas las comunidades y el año que viene ya estará la memoria democrática en la ESO. Y lo estará de una manera significativa en la historia de España de Bachillerato y en la Historia del Mundo Contemporáneo. El año que viene entra la Memoria en la escuela y también va a estar en todos los procesos selectivos de oposiciones a la función pública. La Memoria no es solamente una retrospectiva del pasado, es una apuesta clara por los valores y principios democráticos de presente y futuro.

“NO SE REABREN HERIDAS COMO DICEN ALGUNOS, ES TODO LO CONTRARIO, ESTAMOS CERRANDO LAS QUE SEGUÍAN ABIERTAS”

–¿Contempla la nueva ley los instrumentos legales necesarios para sancionar actitudes de ensalzamiento y apología del franquismo?

– La ley establece de una manera clara los elementos contrarios a la Memoria Democrática. En la ley de 2015 había un artículo y en la actual norma hay siete, entre los que figura la prohibición en los callejeros y toponimia de la geografía española de nombres de personas vinculadas con el golpe y sublevación militar ni en la posterior represión política e ideológica. Creo que es necesario hacer mucha pedagogía de la Memoria, tenerla más presente para que no ocurran los hechos del pasado. Es una obligación de las administraciones públicas. El olvido es incompatible con la democracia. Y cuando hablamos de las víctimas hablamos de todas, las de zona republicana y las de zona franquista. Pero es que ha habido un tratamiento asimétrico y unas víctimas fueron reparadas a lo largo de toda una dictadura, recibieron homenajes de una manera sistemática y hasta tenían un día (el 20 de noviembre) para recordarlas, mientras que las otras víctimas, los vencidos, estaban estigmatizadas como rojos, criminalizadas e invisibilizadas para el conjunto de la sociedad. Te pongo un ejemplo. El otro día en un acto nos contó un familiar que iba a hacer 13 fotocopias de la declaración de reparación y las iba a poner en la tumba y en los bares del pueblo para que todo el mundo conociera que su padre no era un criminal, sino un luchador por la libertad y la democracia. Todavía queda camino por recorrer, pero es una ley muy avanzada y reconocida a nivel internacional, sobre todo por los organismos de carácter humanitario que nos han asesorado en su desarrollo.

– Los familiares de las víctimas del Caso Almería han podido cumplir su justa reivindicación a los 41 años de un asesinato por error por la Guardia Civil.

– Fue un momento muy emocionante, ver a la madre de Juan Mañas, que yo la había visto en aquellos días llorando desgarrada por el dolor de lo que había ocurrido, recibiendo el reconocimiento público del Estado por aquello que había sido una gran barbaridad. Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática lo programamos conjuntamente con la Dirección General de la Guardia Civil y fue un acto muy emotivo, necesario, reparador y de tanta justicia.