El PP se ha visto obligado a retirar todos los reconocimientos al dictador a instancias de la Fiscalía de Derechos Humanos, que amenazaba con sancionar al equipo de gobierno municipal por incumplir la ley
“El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Santander, en sesión de 27 de agosto de 2015, acordó, por unanimidad, asumir el compromiso de adoptar las medidas oportunas para la determinación de las menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura contenidas en el callejero santanderino, procediendo al cambio de denominación de las calles y topónimos afectados, así como a adoptar las medidas oportunas para la determinación de los escudos, insignias, placas o el resto de menciones conmemorativas que deban ser retirados, elaborando un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura, a los efectos del artículo 15.2 de la Ley 52/2007, comúnmente conocida como Ley de la Memoria Histórica”, recuerda el propio anuncio publicado en el BOC.
De esta forma, y cuando han trascurrido casi 50 años de la recuperación de la democracia en España y 18 años desde la entrada en vigor de la primera Ley de Memoria Histórica en nuestro país, el Ayuntamiento de Santander deja sin efecto los acuerdos plenarios del 21 de agosto de 1946, 4 de enero de 1952, 3 de julio de 1968 y 7 de marzo de 1974, por los que se otorgaba los títulos de Alcalde Honorario de la Ciudad, la Medalla de Oro de la Ciudad y la Llave de Oro de la Ciudad a Francisco Franco, así como la Medalla Oro de la Ciudad a Luis Carrero Blanco, respectivamente.
Hace tan solo unos días se hacía también efectivo el cambio oficial de 18 nombres de calles de Santander vinculados con el franquismo, una modificación aprobada por el Ayuntamiento en 2015 y que, a instancia de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, se ha ejecutado definitivamente por el Pleno municipal, dado que acuerdo previo de retirada de honores y cambio del callejero para adaptarse a la ley nunca fue tramitado por el PP, que lo pospuso de forma voluntaria e indefinidamente durante una década.
“Posición inadmisible de rebeldía”
La llegada a Santander del nuevo fiscal delegado de los Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, ha dado un impulso a las demandas de diversas asociaciones memorialistas y ciudadanos particulares que han venido exigiendo que se borren los símbolos de la dictadura en la ciudad.
En junio de 2024, casi 40 ciudadanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cantabria por un presunto delito de prevaricación contra el Ayuntamiento de Santander, al no acceder a retirar del callejero municipal los nombres de Paseo del General Dávila y la calle Camilo Alonso Vega, dos militares golpistas. La denuncia se archivó un mes más tarde con el argumento de que los hechos denunciados no se correspondían con el tipo penal de la prevaricación administrativa. No obstante, se consideró que la vía adecuada para corregir la ilegalidad denunciada era la contencioso administrativa.
Unos meses después, en diciembre del año pasado, seis ciudadanos a título particular presentaron ante la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria una petición para ejecutar inmediatamente el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santander de 27 de agosto del 2015.
Hace unas semanas, el pasado 3 de febrero, representantes de la asociación de memoria, Archivo de Guerra y Exilio (A.G.E.), Desmemoriados, Héroes de la República y la asociación Memoria de Laredo presentaron ante la Fiscalía una petición solicitando la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, para obligar al Ayuntamiento de Santander a que cumpliese la legislación y retirase toda denominación que mencione exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión franquista.
