La dictadura franquista construyó cerca de trescientos pueblos y barriadas de colonización entre 1940 y 1970. La historia la desgrana Antonio Cazorla Sánchez, catedrático de Historia Contemporánea de Europa en la Trent University en Ontario Canadá, en su libro Los pueblos de Franco (Galaxia Gutenberg, 2024) donde muestra como “la propaganda del régimen intentó inculcar a los españoles que esto demostraba que Francisco Franco era un dirigente reformista y benéfico”, una visión que desmiente en algo más de 200 palabras de trabajo de archivo y memorias de sus protagonistas. Muchas de estas construcciones quedaron abandonadas, pero otras prosperaron y se mantienen hasta el día de hoy, junto a sus nombres que aluden y ensalzan las figuras del franquismo.
La semana pasada, el Ayuntamiento del municipio malagueño de Alhaurín el Grande aprobó la eliminación de unas de estas referencias. En pleno, salió adelante la modificación del nombre de una de sus pedanías gracias a los votos del PSOE, Izquierda Unida y la formación 100% Alhaurín, que ostenta la alcaldía. Villafranco del Guadalhorce pasará a llamarse Villa del Guadalhorce, y dejará en el pasado el nombre del dictador que orquestó fallido golpe de Estado, que derivó en la cruenta Guerra Civil, junto a otros militares cuyos nombres viven en otras pedanías repartidas por la geografía española. El Partido Popular y Vox votaron en contra de cambio.
La renombrada Villa del Guadalhorce se suma a la lista de términos municipales que han eliminado las referencias a la dictadura y a las figuras que la erigieron. En 2023, el municipio toledano de Alberche dejo de ser “del Caudillo”, pero antes, en 2020, lo hizo la localidad pacense de Guadiana, que también borró al dictador de su nombre. No obstante, quedan aún seis localidades que mantienen en su nombre un vestigio. En concreto, son Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria). Se trata de nombres contrarios a la memoria, conforme establece la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022.
La normativa establece que es una infracción grave, penada con una multa de entre 2.001 a 10.000 euros, el incumplimiento de la resolución “por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática prevista en el artículo 37, cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”. No obstante, el artículo que hace referencia al “procedimiento de retirada o eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática” que contempla la creación de un “catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática” que aún no existe.
“La Administración General del Estado confeccionará en colaboración con el resto de las administraciones públicas un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al que se incorporarán en todo caso los datos suministrados por las comunidades autónomas, y contendrá la relación de elementos que deban ser retirados o eliminados, en los términos del artículo 35”, reza el artículo 36 de la norma, pero el Gobierno aún no lo ha aprobado.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática explicaban a la agencia EFE que el catálogo todavía no ha pasado por el Consejo de Estado para que se apruebe definitivamente en el Consejo de Ministros y constituirse la comisión que analizará, en adelante, las propuestas de objetos contrarios a la memoria democrática. No será hasta entonces cuando la Secretaría pedirá de manera formal a los ayuntamientos que se cambien los nombres franquistas. Un cambio que, recuerdan las fuentes, deberían activar de oficio sin esperar a que se apruebe el catálogo, como han hecho otros municipios.
Franco desaparece de la geografía andaluza pero no de la española: estos son los seis pueblos que mantienen referencias a la dictadura en su nombre – Infobae
