Gran Canaria estrena la vía de Memoria Democrática para devolver los cuadros de Pedro Rico

La abogada de la familia, Laura Sánchez, ha destacado en declaraciones a EFE que el Cabildo de Gran Canaria ha sido la única administración que, de momento, ha dado pasos en esa línea, al abrir un expediente de restitución material, ahora suspendido a la espera de conocer la posición de la Abogacía del Estado en este asunto.

Se trata de cinco pinturas de la colección de Pedro Rico que, desde hace un año, reclaman sus herederos a los museos españolas donde han sido localizadas, entre ellos el Mueso de la Casa de Colón, que depende del Cabildo de Gran Canaria y forman parte del fondo patrimonial de la corporación insular desde 1942.

En un informe elaborado por el Servicio de Museos del Cabildo, emitido el pasado mes de julio, y que trasladó al Ministerio de Cultura y la Subdirección Estatal de Museos, se detallan los argumentos legales de por qué los herederos tienen la condición de víctimas y el motivo por el que se pueden acoger a la Ley de Memoria Democrática, ha indicado la abogada.

Además, incluye la prueba de condición de herederos, las obras identificadas y que coinciden con las incautadas, y constata que la familia siempre ha tenido el título de propiedad y “nunca el Estado”, ha remarcado la letrada, quien ha recordado que las obras fueron incautadas en la época de la República para su salvaguarda hasta que concluyera la Guerra Civil o la situación de peligro.

La Ley de Protección de Patrimonio de la República decía en todo momento que se trataba de una incautación provisional y que, al acabar la contienda, los cuadros deberían devolverse, si bien en el caso de Rico, al estar exiliado porque estaba amenazado de muerte, no las pudo reclamar al acabar la guerra, ha explicado Sánchez.

Desde la Dirección General de Museos del Cabildo se considera que la competencia para la devolución de estas obras recae en la corporación insular, por tratarse de un depósito irregular y por entender que el que tiene esos bienes en su poder y los ha cuidado es el que debe decidir si los devuelve o no, tal y como expone en su informe, ha referido la abogada.

Así, en él defiende que la competencia para resolver debería ser del tenedor, y así lo argumenta ante el Ministerio de Cultura, una posición que comparte la abogada de la familia Rico.

Sánchez ha lamentado que desde que se pronunció el Cabildo en el mes de julio aún no se haya dado a conocer la posición de la Abogacía del Estado, pese a que ya se ha emitido su informe y lo ha trasladado a la Subdirección Estatal de Museos, que se ha negado a facilitarlo. También se les ha comunicado que el Ministerio de Cultura elaborará el suyo propio.

La abogada no entiende la demora que se está produciendo para aplicar la Ley de Memoria Democrática, cuando se sabe que están identificados los reclamantes y las obras, por lo que se deberían restituir los bienes o declarar el derecho de propiedad de los herederos lo antes posible, que además son favorables a ceder el uso de algunas de las pinturas al Cabildo.

“Lo que quieren los herederos es que se sepa que son sus cuadros y que se reparen sus derechos”, ha recalcado Laura Sánchez, quien echa de menos “una intención ágil y efectiva” para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

La colección de la familia la componen unos 25 cuadros, diez de los cuales no ha sido localizados aún pese a que se sabe a los museos a los que fueron trasladados después de que fueran incautados; en Valencia hay cinco desaparecidos y en el Museo del Prado, dos.

Se trata de obras valoradas entre 5.000 y 50.000 euros, del costumbrismo y de autores como Lucas Velázquez, Domingo Fallola o Domingo Marqués, que reflejan las inquietudes de Pedro Rico, conocido ser un alcalde popular.

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