El fiscal José Miguel Ruiz Molina se prepara para elevar al juzgado el asesinato de los concejales del Ayuntamiento de Cádiz tras el golpe de 1936 y la causa del doctor Pablo Bauzano, condenado por “rebelión” por escuchar la radio
Cuando el fiscal de Memoria Democrática de Cádiz, José Miguel Ruiz de Molina, tomó la palabra en un reciente encuentro organizado por la Diputación de Cádiz, dejó una frase de enorme peso histórico. “Tenemos dos investigaciones muy avanzadas, a punto de elevarse al juzgado”. Se refería a dos casos reabiertos: los concejales del Ayuntamiento de Cádiz asesinados por los golpistas en 1936 y al doctor Pablo Bauzano, médico municipal condenado por “adhesión a la rebelión”, después de haber sido detenido por algo tan banal como escuchar la radio. Por primera vez, estas historias, archivadas durante generaciones bajo el polvo de los sumarios militares o el silencio del miedo, se convertirán en denuncias formales. Y volverán a ser juzgadas, ya no para buscar culpables. Ahora se quiere reconocer a las víctimas.
Ruiz de Molina llegó al cargo de fiscal especializado en Cádiz hace un año. La ley de Memoria Democrática estatal de 2022 especifica cuál es su mandato. “El Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, actuará en defensa de la legalidad, de los derechos de las víctimas y del interés público y social”. También dice que le corresponde “impulsar las diligencias necesarias para la investigación de los hechos que pudieran constituir vulneraciones de derechos humanos, incluso cuando no puedan ser perseguidos penalmente por prescripción o fallecimiento de los responsables”.
Con esa encomienda, uno de los primeros procedimientos que la Fiscalía de Cádiz se dispone a llevar ante el juzgado es, por volumen y por significado, un símbolo de la violencia con la que se impuso el golpe militar en la ciudad. 23 concejales y exconcejales republicanos, entre ellos el alcalde Manuel de la Pinta, fueron asesinados entre julio de 1936 y mayo de 1941. Historiadores como José Luis Gutiérrez Molina y expertos como Felipe Barbosa, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz, recuerdan que ninguno murió en combate, ninguno participó en acciones armadas de resistencia y prácticamente todos estaban bajo custodia de las autoridades militares cuando fueron ejecutados.
Cádiz fue una de las primeras ciudades en caer al bando franquista tras el golpe de estado. La ciudad resistió durante unas horas dramáticas. Hubo barricadas, enfrentamientos, ametralladoras apuntando al Ayuntamiento y un Gobierno Civil sitiado. Los concejales republicanos fueron objetivo prioritario. Algunos, como Juan Camerino o Luis García Pérez-Martell, fueron sacados del Ayuntamiento tras su ocupación y nunca regresaron vivos. Otros pasaron primero por el castillo de Santa Catalina o por el vapor prisión Miraflores, antes de aparecer muertos en las inmediaciones de la plaza de toros, en la playa de la Victoria o en los fosos de Puerta de Tierra. Algunos cadáveres presentaban señales de tortura. Otros ni siquiera dejaron rastro: sus restos siguen desaparecidos.
Los sumarios militares conservados documentan con precisión que estuvieron bajo control de las autoridades golpistas. Las anotaciones marginales que marcaban a los detenidos como “X-2” indicaban que debían ser ejecutados. No hubo juicios, ni acusaciones formales, ni sentencias. Solo la aplicación del Bando de Guerra, una forma administrativa de amparar asesinatos extrajudiciales. La denuncia que llegará ahora al juzgado estima este conjunto de hechos como posible vulneración de derechos humanos y abre por primera vez la vía judicial que nunca tuvieron. Una placa, colocada en 2016 frente al salón de plenos municipal, recuerda sus nombres y apellidos.
En su libro La justicia del terror (Ediciones Mayi, 2014), Gutiérrez Molina pormenoriza cómo jueces, abogados y fiscales civiles militarizados instruyeron en 1937, un año después del golpe, 456 procedimientos sumarísimos de urgencia, una especie de consejo de guerra, que tuvieron 1.300 encausados.
La otra investigación que el fiscal Ruiz Molina prevé elevar al juzgado es el caso de Pablo Bauzano Guillen, jefe del Servicio de Desinfección de la Beneficencia Municipal de Cádiz. La historia del doctor Bauzano es la historia de miles de profesionales republicanos depurados por razones estrictamente políticas y convertidos en delincuentes.
Nacido en Chipiona en 1904, casado y con un hijo, Bauzano era médico municipal, miembro de Izquierda Republicana y masón desde 1927. Su expediente personal recoge su participación en la Federación Universitaria de Estudiantes y en el Partido Republicano Radical Socialista. Para los golpistas, todos esos datos se convirtieron en agravantes.
Tras el 18 de julio, siguió trabajando en la Casa de Socorro atendiendo a heridos. El 25 de julio quedó en arresto domiciliario. En diciembre recuperó la libertad, pero en marzo de 1937 fue detenido de nuevo. Su delito, en este caso, fue escuchar emisoras gubernamentales en un aparato de radio ubicado en el Parque de Desinfección Municipal, según consta en la denuncia contra él. Gutiérrez Molina detalla en su libro un extenso relato de cómo estas escuchas sirvieron como punto de partida o excusas para numerosas investigaciones.
El 11 de mayo de 1937 compareció ante un consejo de guerra. Fue acusado de “rebelión militar” y condenado a muerte. La sentencia fue anulada por defectos de forma, pero la maquinaria represiva no se detuvo. En 1940 fue juzgado otra vez. En 1942, el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo lo condenó por su pertenencia a la logia “Hijos de Hiram”. También sufrió un proceso de responsabilidades políticas y una depuración profesional del Colegio de Médicos.
La investigación que se elevará ahora al juzgado tratará de reponer su honor, de demostrar que fue víctima de un proceso absolutamente político, sustentado en delitos inexistentes y con aplicación retroactiva de supuestas ilegalidades. El objetivo de esta acción de la Fiscalía ya no es castigar, porque ya no es posible, sino reconocer y reparar. Y eso pasa por establecer la verdad en sede judicial: que un juez reciba los informes, los incorpore, los valore y determine, con voz institucional, qué ocurrió. Habrá que esperar a ver qué recorrido tienen estas investigaciones en los abarrotados y saturados juzgados gaditanos.
La ley de Memoria buscaba con esta acción dar un paso más del dado por estudios históricos exhaustivos, testimonios familiares, investigaciones académicas y algunos intentos de búsqueda en archivos militares. El último paso es que un órgano judicial declare que esas personas no fueron culpables sino víctimas. Es decir, que se haga justicia. Aunque sea 90 años después.
