Una nueva sentencia hace peligrar la continuidad de las exhumaciones de los restos de los republicanos asesinados. Detrás de la ofensiva judicial están el hijo de un ministro de la dictadura, un nieto del ultra Blas Piñar y la Fundación Franco, entre otros.
No pudieron impedir la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de Cuelgamuros (antes, Valle de los Caídos) y ahora se empeñan en evitar que los restos de los asesinados por los franquistas sean sacados de las criptas y entregados a sus familias para que les den un digno entierro. Un grupo de hijos y nietos de reconocidos dirigentes franquistas ha logrado un nuevo triunfo en su particular batalla judicial para impedir las exhumaciones en Cuelgamuros.
La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 10 de Madrid, Eva María Bru Peral, ha anulado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, de 24 de junio de 2021, por el que se concedía la licencia urbanística para la rehabilitación de los accesos a las criptas de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Esta licencia es la base de los trabajos que en la actualidad realiza la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para recuperar 143 cuerpos de personas fusiladas por los franquistas.
El abogado de las familias de los represaliados, Eduardo Ranz, explica a Público que la sentencia de la jueza Bru Peral “no tiene carácter retroactivo ni impone ninguna medida cautelar que afecte a las exhumaciones, por lo que las exhumaciones continúan a día de hoy”.
Según el letrado, el alcance de esta sentencia “es muy corto”. Sin embargo, una medida similar de la misma jueza, en noviembre de 2021, provocó una dilación de dos años respecto a las exhumaciones.
Contra la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial recurrieron nada más otorgarse la Fundación Francisco Franco, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y algunos particulares, todos ellos vinculados ideológica y familiarmente con la dictadura franquista.
Hijos y nietos de franquistas
Por ejemplo, Luis Felipe Utrera-Molina Gómez, hijo del ministro franquista José Utrera Molina, fallecido en 2017 y que entre otros cargos ocupó la cartera de Vivienda y fue secretario general del Movimiento, con rango de ministro.
Ante los recursos de los franquistas, la jueza paralizó cautelarmente la licencia en noviembre de 2021. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid la reactivó un año después, decisión que el Tribunal Supremo ratificó en marzo de 2023.
El abogado Eduardo Ranz dice que si los recurrentes piden la paralización cautelar de las exhumaciones hasta que los tribunales superiores se pronuncien “se abriría un periodo incierto”, pero insiste en que eso aún no ha pasado.
Lo que viene a decir la jueza en su sentencia es que el informe del arquitecto municipal aportado al expediente está falto de motivación; que emitió el informe favorable al considerar que se trataba de una obra de “mantenimiento, consolidación y recuperación” y, sin embargo, pese a admitir que los trabajos serían “largos y complejos”, no comprobó en qué consistirían dichos trabajos en realidad.
Según la jueza, el informe del arquitecto municipal “se limita a reproducir la normativa municipal y los datos existentes en el proyecto que fue presentado por Patrimonio Nacional”; y el acuerdo de la Junta de Gobierno es un “copia y pega” de aquel informe. Por lo que, concluye la jueza, la licencia no está motivada y la anula. La sentencia no es firme. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha anunciado que la recurrirá.
Contra el derecho de las familias de los fusilados
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, formada por defensores del legado del dictador Franco, se presentó en sociedad en marzo de 2022, en un acto en el Casino Militar de Madrid, meses antes de acudir a los tribunales en defensa del Valle de los Caídos, rebautizado como Valle de Cuelgamuros en virtud de la Ley de Memoria Democrática.
Para esta asociación, con las exhumaciones se vulnera el “derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas”.
Doce víctimas entregadas a sus familias
El pasado 12 de junio arrancaron los trabajos en las criptas de la basílica del Valle de Cuelgamuros para localizar y recuperar los restos de 143 personas, según lo solicitaron sus respectivas familias en 2020.
Pero para los recurrentes, el derecho de estas familias a enterrar dignamente a sus seres queridos está en entredicho. Uno de ellos es Tomás García Madrid, antiguo ejecutivo del Grupo Villar Mir, que recibió una indemnización de más de seis millones de euros cuando se marchó. Es uno de los patronos más significativos de la Fundación Francisco Franco.
Otro de los participantes en el pleito es el abogado Francisco Javier Zaragoza Ivars, hijo del alcalde franquista de Benidorm. Pedro Zaragoza Orts fue regidor de la localidad alicantina entre 1950 y 1967 y fue el impulsor del Benidorm turístico que se conoce hoy, al pedirle a Franco autorización para que las turistas extranjeras pudieran lucir bikini sin ser multadas, ya que la prenda estaba prohibida.
Francisco Javier Zaragoza asumió como letrado los recursos contra la exhumación de Franco por parte de la fundación homónima y también de algunos particulares. Pero fue en vano. El traslado de los restos del dictador del Valle de Cuelgamuros se produjo el 24 de octubre de 2019.
