El letrado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) no ha disimulado su sorpresa y ha lamentado que la justicia haya hecho acudir a Julio y a Rosa al juzgado. “Parece ser que lanzaron una notificación el día anterior, pero no nos ha llegado”, ha afirmado. Lo que el magistrado les ha explicado, de acuerdo con Lara, “es que el caso tiene muchas aristas desde el punto de vista estrictamente jurídico y debe reconsiderarlo”.
El abogado considera que lo que ha ocurrido es “una falta de consideración una vez más contra un querellante de crímenes contra la humanidad” y aunque hay que esperar a que el juez resuelva, el abogado se ha mostrado desconfiado: “Esto nos suena muy mal, es una música que ya conocemos y tiene que ver con la aplicación directa de las políticas de impunidad que el Estado español mantiene respecto a los crímenes del franquismo”.
Desde las 8.45 de la mañana, decenas de activistas memorialistas, represaliados y querellantes junto a organizaciones de derechos humanos se han concentrado a las puertas de los juzgados en apoyo a Julio y Rosa, que a esa hora entraban. El jarro de agua fría ha llegado algo más de una hora después, cuando han salido junto a Jacinto Lara. “No hay memoria sin justicia”, han clamado los activistas, que han arropado al querellante y la testigo. “Estoy muy desilusionado, es una vergüenza”, reconoce Julio. Para Rosa lo que ha ocurrido es “una crueldad tremenda” y una “revictimización”.
El recorrido que había enfilado hasta hoy la querella presentada por Julio, en la que acusa a cuatro miembros de la Brigada Político Social de torturas, se había convertido ya en un hito: por primera vez una magistrada llamaba a declarar al querellante y ordenaba otras diligencias de prueba. Y es que nunca en España una víctima del franquismo se ha sentando en un juzgado español para denunciar las vejaciones y castigos a los que el aparato represor sometió a miles y miles de personas. La única causa abierta se instruye a diez mil kilómetros, en Argentina. Aquí, las querellas han sido archivadas sistemáticamente.
La denuncia de Julio se dirige contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y a otros tres policías, Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero, todos exmiembros de la Brigada Político Social de Franco. Militante de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), que se adhirió en los 70 al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) fue detenido en Madrid en agosto de 1975. Durante siete días, estuvo encerrado en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, hoy sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde fue torturado.
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