La Junta pide a las asociaciones de Memoria Histórica onubenses que presenten iniciativas sobre nuevos lugares
El objetivo de estas iniciativas, ha explicado Fiscal, es “construir una memoria colectiva que permita la reconciliación con el pasado y ponga las bases de un futuro construido sobre los principios de la verdad, la reparación y la dignificación”.
La Dirección general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía sigue construyendo el mapa de la memoria en la provincia de Huelva, donde se sitúan 120 fosas del total de 620 existentes en toda Andalucía, a través del reconocimiento de espacios como los ubicados en La Palma del Condado, el Cementerio Viejo de Almonte, Isla de Saltés, la antigua aldea de El Membrillo Bajo (Zalamea la Real) o el muro del parque Moret de Huelva.
De acuerdo con el decreto regulador de esta figura, la consideración de un emplazamiento como Lugar de Memoria Histórica obliga a la Administración pública titular a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio.
Asimismo, cuando la propiedad es privada, la Junta fomenta la firma de acuerdos con las personas y entidades titulares. Los Lugares de Memoria Histórica se inscriben en un catálogo específico de carácter público que contiene la documentación de cada emplazamiento y la adicional que se pueda generar y sea de utilidad para estudios e investigaciones.
La declaración, que corresponde al Consejo de Gobierno, conlleva un informe exhaustivo con documentación sobre el lugar, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas realizado por un grupo de expertos.
De esta forma, el inicio del procedimiento es competencia de la Dirección General de Memoria Democrática, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, y se prolonga durante seis meses. Así, este procedimiento cuenta con el apoyo de un grupo de seis expertos, coordinados por la persona titular de la citada dirección general. En concreto, tres de ellos representan a las asociaciones y colectivos memorialistas de la comunidad autónoma y los otros tres al Consejo Andaluz de Universidades.