El Tribunal Contencioso-Administrativo ha condenado al Ayuntamiento de Huesca a eliminar del callejero el nombre de las calles referidas a alcaldes franquistas atendiendo la demanda de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón
La demanda había sido formulada por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) y por varias personas a título particular. El letrado representante de los demandantes ha sido Pablo Malo y la denuncia ante el Tribunal ha contado con el aval pericial de los historiadores Julián Casanova, Irene Abad y Herminio Lafoz.
La resolución se suma a la decisión adoptada el pasado 19 de junio por la sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, condenando al ayuntamiento a eliminar del nomenclátor callejero a los alcaldes, igualmente del tiempo de la dictadura, Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa y Mariano Ponz Piedrafita. El fallo va a ser recurrido en casación ante el Supremo, según un acuerdo unánime adoptado por la comisión de Cultura, y si se admite dará paso a un complejo periplo judicial de más que incierta resolución en la tercera instancia.
En todo caso, la ARMHA considera que la presencia pública de estas figuras políticas “contraviene las leyes de memoria histórica en vigor”, la aragonesa de 8 de noviembre de 2018 y la de carácter estatal aprobada el 19 de octubre de 2022, dado que “todos ellos ocuparon el cargo político de alcalde en virtud de designación que tenía como premisa su condición de afectos, en el sentido más amplio de la palabra, al régimen franquista”.
La demanda no ha sido estimada en su totalidad. La solicitud de democratización del callejero también se extendía al jurista José Castán Tobeñas y al polígrafo Ricardo del Arco, ambas figuras ligadas al régimen franquista a través de sus obras y sus actos. Considera el Tribunal que “los señores Castán (juez) y Del Arco (ideólogo, intelectual, profesor, escritor, de quien no consta ejercicio de la profesión militar u ocupación de cargo político), no quedan comprendidos en el supuesto de hecho del artículo 31 de la Ley que se refiere solo a militares o políticos y no a jueces o intelectuales”.
La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón lamenta que no se haya considerado la faceta “política” de Castán Tobeñas habiendo ejercido como procurador en Cortes durante las nueve primeras legislaturas de la dictadura franquista, entre otras responsabilidades ligadas al ejercicio del poder. El nombre de José Castán Tobeñas fue eliminado en 2017 del callejero de Valencia, donde ejerció como catedrático de Derecho en varias universidades, en virtud de un informe elaborado por la propia Universitat de València.
Tampoco ha considerado el magistrado la retirada a Vicente Campo de los honores concedidos por corporaciones locales predemocráticas como las placas de alcalde benemérito, alcalde ejemplar y el nombramiento como hijo adoptivo de Huesca, título que comparte con Ricardo del Arco.
La Ley Democrática de Aragón, ahora puesta en cuestión por el nuevo ejecutivo aragonés, no ha amparado la eliminación de los nombres de calles de la ciudad con raigambre franquista. La lista es extensa. Desde los Porches de Galicia, que no homenajean a la comunidad autónoma sino a la Legión Gallega, integrada fundamentalmente por falangistas, a la Plaza de Navarra, que exalta a los Requetés del Tercio de Doña María de las Nieves. También se mantienen las nomenclaturas de la calle Voluntarios de Santiago, cuerpo paramilitar que apoyó a los golpistas contra la República o a la calle Rioja, en recuerdo a la presencia en la ciudad de falangistas de Logroño que llegaron a Huesca a reforzar a las tropas sublevadas.
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