El pasado 21 de octubre se ha convertido en una fecha marcada en el calendario para las víctimas del franquismo, familiares que aún buscan a sus seres queridos fusilados por el régimen con la única esperanza de darles un enterramiento digno. Ese día entró en vigor la nueva ley de Memoria Democrática y en Extremadura va a suponer un impulso para lograr la retirada definitiva de los símbolos de exaltación franquista que aún permanecen en los edificios (tanto públicos como privados) y a las exhumaciones, para conseguir encontrar los restos de los asesinados en la guerra civil.

La región cuenta con su propia legislación en esta materia, aprobada en el año 2019, pero esta nueva normativa viene a impulsar la extremeña y a dar cobertura legal a algunos asuntos que a la regional se le escapaban: se creará un censo estatal de víctimas y bancos de ADN y los bebés robados y sus familias pasarán a ser considerados víctimas del franquismo, así como las mujeres que sufrieron la represión. Además, esta nueva norma autoriza a las administraciones para retirar los vestigios del régimen de los edificios privados y religiosos, siempre que sean visibles desde la vía pública. Por eso ya se negocia con el arzobispado de Mérida-Badajoz y con la diócesis de Coria-Cáceres para conseguir que eliminen todos estos símbolos que aún se mantienen en sus inmuebles. De negarse, la normativa permite a las administraciones hacerlo de oficio.

En la región aún son muchas las manifestaciones que exaltan la labor del dictador que quedan en los municipios, tanto simbología como nomenclatura de calles. La diputación de Badajoz, a través de un comité de expertos creado para este fin, elaboró en el año 2018 un catálogo de los vestigios franquistas que había en todas las localidades de la provincia. Se hallaron 261 en 79 municipios pacenses (los otros 86 que forman la provincia estaban libres de estos símbolos). Todos, salvo Badajoz, Guadiana del Caudillo y Almendralejo, aceptaron iniciar los trámites para su retirada, proceso que compete directamente a los ayuntamientos. De estas tres, Almendralejo y Guadiana los retiraron más tarde, esta última incluso se quitó de su nomenclatura la referencia a Franco. Pero en Badajoz se mantienen. La nueva ley impulsará su retirada aunque, eso sí, solo podrá llevarse a efecto bajo «criterios periciales firmes».

En Cáceres, sin terminar

En el caso de Cáceres, la diputación ha creado también un comité similar al de Badajoz, que en estos momentos se encuentra trabajando en la elaboración de ese catálogo de vestigios, por lo que desde la institución no se facilitan aún datos de cuántas localidades mantienen símbolos que exaltan el régimen. «Se ha intervenido en algunos municipios y en estos momentos se está en negociaciones con la iglesia. La anterior ley no tenía competencia en edificios privados o de instituciones que no fueran públicas, pero ahora sí, por eso se intenta negociar para poder actuar en el caso de que existan esos vestigios. Ahora la operatividad gana impulso, pero siempre desde el respeto al marco legal», explica el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura (Uex), Julián Chaves, que ha realizado varios estudios sobre la memoria histórica en la región y forma parte de los comités creados en ambas diputaciones para catalogar los símbolos.

Se negocia con los obispados en Cáceres y Badajoz para que quiten los símbolos de sus edificios

Sí se ha actuado en la capital cacereña, donde se ha retirado el nombre de algunas calles que recordaban a dictadores, como es el caso de General Primo de Rivera o de Calvo Sotelo, ministro de Hacienda del anterior. Pero no se ha conseguido aún la eliminación de la Cruz de los Caídos. El Gobierno de Pedro Sánchez ya lo ha pedido en dos ocasiones y el ayuntamiento ha anunciado que la trasladará al cementerio, aunque aún no se ha concretado ni presupuesto ni fecha. Se trata de una actuación polémica que propició incluso el nacimiento de una plataforma en defensa de este monumento, pues hay quienes defienden que es un elemento histórico y que no está relacionado con el franquismo. «En Cáceres existe el debate de la Cruz de los Caídos. Es una cuestión que compete al ayuntamiento pero está claro que se creó en la guerra civil para honrar al bando que después fue vencedor», apunta el catedrático de historia. Por actuaciones como esta la Asociación de Abogados Cristianos se querelló contra el presidente de la diputación de Cáceres, Carlos Carlos, a quien acusaba de presionar a los ayuntamientos para retirar las cruces de sus municipios. El juzgado la archivó.

Este año se ha trabajado en 8 localizaciones para encontrar restos de asesinados por el régimen de Franco

También trabaja en esto la Junta de Extremadura, que está elaborando un catálogo con los vestigios que aún quedan en la región con el objetivo de retirarlos. Este informe, señala la administración regional, «aparte de ser una herramienta de gestión, son documentos históricos de primera mano para estudiar las pervivencias materiales de la dictadura».

Exhumaciones desde 2019

La nueva ley supone además un impulso a las exhumaciones. En la región ya se han realizado algunas prospecciones pero aún queda mucho por hacer. Según indica la Junta de Extremadura, desde el año 2019, cuando entró en vigor la ley regional, la Consejería de Cultura comenzó a desarrollar su propio programa de exhumaciones, potenciando así las actividades que anteriormente venían realizando el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, que se desarrolla desde la Universidad de Extremadura, y las asociaciones memorialistas regionales. Además, la Junta gestiona los fondos que destina el Ministerio de Presidencia a través de la Conferencia Sectorial, tanto para tareas de exhumación como para otras líneas de actuación.

«Poder enterrar a sus seres queridos después de tantos años a la intemperie supone para los familiares el final de la Guerra Civil».  Julián Chaves – CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UEX

De esta forma, este año se han desarrollado trabajos de localización o exhumación en los cementerios de Cabeza la Vaca, Navalmoral de la Mata, Castuera, Fuentes de León y Villanueva de la Serena. En estos dos últimos se acaban de localizar diez víctimas. Además, se ha intervenido sobre otras fosas en Valdastillas, Alcuéscar y en la mina de La Paloma, en Zarza la Mayor. Y en estos momentos la campaña se va a centrar en exhumar la fosa que se localizó el año pasado en Miajadas y en reabrir unas trincheras en la zona de Castilblanco-Valdecaballeros. El próximo año se trabajará asimismo en Santa Amalia y en Jaraíz de la Vera, donde también se prevé que haya restos de fusilados por el bando franquista.

Una vez hallados los cadáveres de los asesinados caben dos posibilidades: llevar a cabo un estudio de ADN para poder identificarlos o, en los casos en los que el deterioro de los cuerpos lo impida, ponerlo en conocimiento de los familiares para darles un enterramiento digno en mausoleos. Esto es lo que se hizo este pasado verano con los 49 cuerpos encontrados en la mina Terría, de Valencia de Alcántara. No fue posible el estudio de ADN en ninguno (no se descarta que más adelante, con técnicas más innovadoras, pueda hacerse), por lo que se les enterró en el cementerio.

 «Era totalmente desolador saber que se encontraban en el fondo de una mina donde han permanecido durante décadas y no poder actuar», afirma Julián Chaves. Por eso, añade el catedrático, «para muchos, llevar a cabo ese proceso y poder llevar a cabo las reinhumaciones de sus seres queridos que llevan tantos años a la intemperie, supone el final de la Guerra Civil. Una mujer nos dijo que ya podía morir en paz porque había podido dar un enterramiento digno a su padre, que había sido fusilado impunemente». Todo esto, insiste Chaves, «justifica la existencia de la ley que acaba de entrar en vigor, porque viene a dar respuesta a la demanda que existe sobre las consecuencias de la guerra civil y el régimen posterior». «Aquí se ha adelantado mucho con varias intervenciones, pero queda mucho por hacer y esta ley constituye un buen respaldo para que las actuaciones pendientes puedan ser intervenidas con diligencia y, por supuesto, con ayuda pública».

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