Desde finales de 1939 a 1944 fueron destinados a la provincia de Cádiz un total de 47 batallones compuestos por entre 30 y 40 mil prisioneros. Procedían en su inmensa mayoría directamente de campos de concentración y a su vez de otros batallones, pero también, aunque en menor medida, de establecimientos penitenciarios, cajas de reclutas y unidades militares. No quedó prácticamente un rincón del estado español, incluyendo el Protectorado Marroquí, que no aportara su cuota de represaliados y desafectos para que el régimen emprendiera una serie de obras que no eran si no el reflejo de sus alianzas políticas, su megalomanía y su afán imperialista. Estos militares golpistas, y los estamentos políticos, económicos y religiosos que los apoyaron, nos legaron un país asolado por la guerra y cercado por el hambre; un país donde se seguiría fusilando y asesinando por décadas; pero también un país con una burocracia castrense bien engrasada que tejió una extensa e intrincada red basada en el castigo político y en la explotación económica de los vencidos.