Justicia militar republicana en Andalucía
Julio Guijarro
31.07.2023
En marzo de 1939 aparecen varios cuerpos en la línea de frente de Jaén; son militares vecinos de Badajoz, Ciudad Real y Córdoba.
Inmediatamente se instruyen diligencias a través de juez militar por orden del auditor del IX Cuerpo de Ejército, se detiene a los culpables y las actuaciones pasan a procedimiento sumarísimo cuando se comprueba que los detenidos formaban parte del Ejército español y asesinaron a sus compañeros cuando al parecer intentaban desertar pasándose a las líneas franquistas.
La justicia militar republicana sigue con la tramitación de este procedimiento durante el mes de marzo, donde se comprueba que se mantienen todas las garantías procesales conforme al Código de Justicia Militar vigente, con actuación de jueces, auditor, fiscal, defensor y vista en audiencia pública de consejo de guerra en Úbeda el 27 de marzo de 1939, 4 días antes de terminar la guerra.
Disponemos del sumario casi completo inserto en el franquista, con autopsias, declaraciones, enterramiento, diligencias, etc., y el acta mecanografiada y manuscrita con todo detalle de la vista. Se dictan varias condenas de muerte por adhesión a la rebelión militar contra los acusados, que no podrán ejecutarse por el fin del conflicto, a primero de abril.
La justicia militar franquista retomará el sumario, reabre las actuaciones y vuelve a procesar a los condenados, ya que no reconoce la legalidad española no controlada por las tropas golpistas, la de zonas “no liberadas”, condenará de nuevo a muerte a los acusados y los fusilará en Jaén en 1940, donde todavía reposan en la fosa 702 del cementerio.
Lo excepcional de este sumario estriba en que son escasos los que se conservan sobre justicia militar republicana, podemos estudiar la tramitación de esos procedimientos, radicalmente diferentes a los sumarísimos de urgencia franquistas, y sobre todo porque desmontaría la teoría de los “desmanes” de la retaguardia republicana (que desde luego existió, pero que fue temporal), y que pese a que quedaban días escasos para el fin de la guerra, los cuerpos jurídico militares del Ejército español continuaron con la tramitación de este sumario, castigando con pena de muerte a varios militares (comisarios, oficial y suboficial) por asesinato de varios desertores.
