ECODIARIO.ES | SERVIMEDIA | MADRID | 16-11-2017
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó este jueves ante la Fiscalía General del Estado el listado de los documentos que están en manos de la Fundación Francisco Franco con el objetivo de que se determine si son propiedad del Estado.
Según informó la ARMH, el texto presentado ante la Fiscalía subraya que en la página web de la Fundación Nacional Francisco Franco se menciona la existencia de “un archivo que contiene un fondo de 30.000 documentos”.
También, según dicho texto, en este sitio web se ofrece un archivo en formato pdf que contiene un listado de “miles de documentos” procedentes de embajadas, administraciones públicas, informes elaborados por el Estado con fondos públicos y otros documentos que “hacen suponer la dudosa titularidad de los mismos” por parte de la Fundación Francisco Franco.
La ARMH incorporó en el texto que ha hecho llegar a la Fiscalía el listado adjunto en formato digital de estos documentos “por si se tratara en algún caso de un delito contra el patrimonio del Estado, teniendo en cuenta que, según dicta la ley, los originales son propiedad de los órganos productores o receptores de la documentación en el ejercicio de sus funciones”.
Este colectivo advirtió de que si se detecta una “apropiación indebida”, un “expolio documental” o una “suplantación de la verdadera propiedad”, el Estado tiene el “deber” de “defender sus intereses” tomando las “medidas oportunas” para la recuperación de estos documentos.
Para dotar de fuerza a sus argumentos, la ARMH recordó que el artículo 46 de la Constitución establece que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”.
Por último, denunció que la Fundación Francisco Franco recibió subvenciones del Ministerio de Cultura destinadas a su archivo en los años 2000, 2001 y 2002 y mostró su confianza en que la Fiscalía averigüe si entonces se tomó alguna medida para saber a quién pertenecía la titularidad de esos archivos.
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