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Los cinco jóvenes, con edades entre 21 y 33 años y que militaban en el FRAP y ETA, se han convertido en los símbolos históricos de la resistencia antifascista.
- Los sobrevivientes de los últimos consejos de guerra del régimen de Franco, los abogados que participaron, y los luchadores antifascistas rinden homenaje en un libro coral a Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz, Ángel Otaegui Etxeberria y Jon Paredes Manot, ‘Txiki’, los últimos fusilados de Franco, el 27 de septiembre de 1975, hace 50 años.

- Ana María Pascual /
- “La dictadura es terrorismo” es la reflexión sobre la que gira el homenaje a los últimos cinco jóvenes fusilados por el régimen de Franco, en el 50 aniversario de los aciagos hechos. El otro lema es “La generosidad de la resistencia”. El colectivo de presos del franquismo, los militantes antifascistas, los supervivientes de los cuatro últimos consejos de guerra, los abogados que los defendieron y las familias de los ejecutados rinden homenaje a Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz, Ángel Otaegui Etxeberria y Jon Paredes Manot, ‘Txiki’. Los cinco jovenes luchadores antifranquistas ejecutados al alba, el 27 de septiembre de 1975, mientras Franco se apagaba en su lecho hasta morir dos meses después.
Para conmemorar un aniversario tan importante y en un momento político además en el que la ultraderecha se sienta en el Congreso de los Diputados y se permite, en connivencia con el PP, cancelar leyes de memoria histórica y democrática para alzar proclamas de odio camufladas en perversas leyes de concordia, la Plataforma Abierta ‘Al alba’ [en alusión al poema hecho canción de Luis Eduardo Aute] considera que hay que reescribir la historia, mostrando que en realidad existió una activa y nutrida lucha antifranquista que trató de echar del poder al que ilegítimamente lo detentaba desde 1939 y que no dudó en ejercer todo tipo de violencia para conservarlo.
El libro 27 de septiembre 1975, los últimos fusilamientos de la dictadura franquista (El Garaje), a cargo de la Plataforma ‘Al alba’, es una gran obra coral que aborda todas las circunstancias que rodearon las ejecuciones y muestra testimonios cruciales, como los de las familias, que retratan años de lucha para reabrir los casos o ‘limpiar’ sus nombres. Y la voz de los supervivientes, los que fueron indultados y los que salvaron la vida tras las torturas policiales o los tiros en las cargas, se despliega a través de todo el libro, de 383 páginas, en una emotiva y necesaria rememoración de aquellos días que precedieron a los fusilamientos.
El libro recoge fotografías, recortes de prensa internacional de la época, correspondencia y además el esclarecedor testimonio de los abogados defensores, que nada pudieron hacer en unas pantomimas de juicios, donde los jueces militares no admitieron ningún tipo de prueba para la defensa. Lo explica con profusión de detalles en el libro Gerardo Viada, abogado defensor de Ramón García Sanz: “Desde un punto de vista jurídico, la instrucción era un puro disparate, lleno de actos nulos, con declaraciones obtenidas bajo torturas y sin las más elementales garantías”.
El aniversario arranca con buenas noticias: la anulación de la condena de muerte del gallego Xosé Humberto Baena Alonso, militante del FRAP. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática remitió el pasado mes de agosto a la hermana de Baena, Flor, un documento de reconocimiento y reparación personal, contemplado en la Ley de Memoria Democrática que viene a declarar “ilegal e ilegítimo el tribunal” que lo juzgó y condenó.
Los consejos de guerra
Los cuatro últimos consejos de guerra celebrados en España, entre finales de agosto y septiembre de 1975, dejaron la friolera de 11 penas de muerte, conmutadas in extremis seis de ellas. El dictador no se doblegó ante las numerosas peticiones internacionales de clemencia ni se apiadó de los cinco jóvenes sentenciados ni de sus familias. Hubo dos consejos de guerra, celebrados en el cuartel del Goloso (Madrid) por las muertes del policía Lucio Rodríguez del guardia civil Antonio Pose contra militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). El segundo de aquellos juicios condenó a muerte a dos mujeres, Concepción Tristán y María Jesús Dasca, que fueron indultadas finalmente por estar embarazadas. Otro consejo de guerra se celebró en el Gobierno Militar de Barcelona, contra Jon Paredes Manot, militante de ETA político-militar, por un atraco a un banco en el que murió un policía. Y también se celebró otro consejo de guerra en Burgos por la muerte de un guardia civil, en el que fueron condenados a muerte Ángel Otaegui y José Antonio Garmendia (ETA pm), que acabó siendo indultado.
A pesar de todas las gestiones diplomáticas, de la movilización social dentro y fuera del estado español, de la petición de clemencia de la ONU, de los llamamientos del Papa, de que varios países retiraron a sus embajadores [México llegó a prohibir la entrada a ciudadanos españoles], la dictadura llevó a cabo las ejecuciones, en una demostración de que pese a la agonía del dictador, el franquismo estaba en plena forma.
Los miembros del FRAP Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla y Ramón García Sanz fueron fusilados en el polígono militar de Hoyo de Manzanares, en Madrid, a cargo de piquetes de voluntarios. Y las otras ejecuciones fueron en Burgos y Barcelona. El libro incluye varios documentos esenciales, como las cartas de despedida de Xosé Humberto Baena, de 24 años, y la de Txiki Paredes, de 21.
Contexto de dictadura
A los últimos fusilados, la dictadura les aplicó la ley antiterrorista para condenarlos a muerte. “En condiciones de Dictadura, el terrorismo es la Dictadura y la resistencia a la Dictadura es la lucha anti-terrorista del pueblo. En condiciones cualesquiera de Tiranía, la Tiranía es terrorismo y luchar contra la Tiranía es luchar contra el terrorismo”, plasman los autores en el libro, dando contexto a un aciago 1975, en el que la Policía siguió reprimiendo a tiros las manifestaciones en las calles y las huelgas obreras en las fábricas. Y también simulando suicidios, como el de Diego Navarro Rico, obrero de la construcción de Tarragona, que fue herido de bala tras ser detenido y que apareció ahorcado en la celda, el 9 de agosto de 1975. Un asesinato impune.